La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se queda de brazos cruzados y recurrirá el decreto de ahorro eléctrico impuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por vulnerar las competencias del Ejecutivo regional.
Sin embargo, ante las embestidas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dado a conocer las inconsistencias existentes en la normativa.
Hasta 10 son los ‘agujeros’ que han encontrado para rebatir el decreto ley que fue dictado de forma unilateral por Sánchez, sin convocar a los presidentes de las comunidades autónomas ni a los gobiernos locales que deberán hacer cumplir la normativa.
? Madrid será la única capital europea que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00h.
? Estos son los 10 puntos del Real Decreto Ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno central que la Comunidad de Madrid considera inconstitucionales. pic.twitter.com/zxdkZJAw2N
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 9, 2022
El decreto de ahorro energético, que señala entre otras cosas el apagar las luces de los escaparates o limitar el aire acondicionado a 27 grados. Sin embargo, las medidas se han encontrado con el rechazo de diversos gobiernos regionales, incluyendo socios de Sánchez como País Vasco o Cataluña.
Ayuso denunciará en el Constitucional que la medida ocasiona una “discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea”, que es de un año, “y la indicada en el RDL”, que es hasta octubre de 2023”.
De acuerdo a Madrid, “el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema”. Por esta razón, critican el carácter invasivo del “decretazo” que vulnera los derechos de la región. Por todo esto, consideran “que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción”.
Ayuso señala que desde Bruselas no hay imposiciones solo recomendaciones, una de los argumentos esgrimidos por el relato oficial. “Ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio”.
Uno de los aspectos inconstitucionales en las medidas es “la extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?”.
Por si fuera poco, el Ejecutivo regional incide en el hecho de que hay incongruencias legales. “El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación. La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma” durante el COVID”.
Desde la Puerta del Sol destacan que el instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético “no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación”.
Otro aspecto fundamental es el hecho de que esta normativa atenta contra el libre comercio: “El apagado de escaparates a las 22:00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?”.
“Por otro lado, el apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid” y con el desarrollo turístico.
El argumentario de La Moncloa, “la insolidaridad de Madrid”, podrá ser todo lo demagógico que quiera.
Pero no puede tapar la verdad. pic.twitter.com/fcVDuFi6KE
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 8, 2022
