El Gobierno PSOE-Podemos podría tener sus propias ‘cloacas’ del COVID-19.
Los socialistas y comunistas realizaron unas polémicas adjudicaciones públicas durante la pandemia que involucraron adquisición de material defectuoso y destinar 313 millones de euros a una docena de empresas con ‘dirección desconocida’.
Unas irregularidades que saltan a la mesa con la súbita renuncia de María José Santiago, quien era la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon).
Su renuncia llega tras dos años en el cargo, pese a que fue ‘fichada’ para pasar seis años en la presidencia.
Ahora, Santiago pasa a dirigir el área jurídica de la empresa pública Tragsa. Sin embargo, su inesperado cambio profesional llega tras unos meses volcada en la vigilancia de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario contra el coronavirus.
La salida de Santiago se produce además en un momento en el que los contratos públicos firmados para combatir el coronavirus superan los 2.000 millones de euros.
Es fundamental recordar que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, cumple dos funciones básicas: una de vigilancia de cumplimiento de la normativa en materia de contratación (lo que conlleva el velar por el cumplimiento de los principios rectores de la misma, concurrencia, publicidad y transparencia) y la coordinación de la función de supervisión de la contratación.
Operaciones polémicas
Además de destinar 313 millones de euros a una docena de empresas con ‘dirección desconocida’, el Ministerio de Sanidad protagonizó otras adquisiciones muy polémicas.
Por ejemplo, el 24 de abril de 2020 se conoció que el ministerio de Salvador Illa destinó 36 millones para la adquisición de 5.000 respiradores a una empresa sin experiencia en el sector.
Sin olvidar que el Gobierno de Pedro Sánchez pagó 26 euros por test fallido cuando su precio era solo de tres euros.
