La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Vicente Fernández Guerrero, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), eliminó por completo el contenido de su teléfono móvil justo antes de ser detenido en el contexto de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El dispositivo que fue incautado al ex alto cargo del Gobierno no contenía mensajes, correos electrónicos ni registros de mensajería instantánea, un descubrimiento que ha sorprendido a los investigadores.
Lo más significativo es que fuentes familiarizadas con el análisis técnico han indicado que el borrado del teléfono de Fernández no se debe a un error accidental ni a una pérdida fortuita de datos, sino que muestra signos claros de una eliminación intencionada y sistemática del contenido, llevada a cabo en un momento muy cercano a su arresto.
Esto abre una nueva línea de investigación sobre un posible delito de obstrucción a la justicia, además de los delitos principales ya en curso: malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude.
La situación contrasta notablemente con lo sucedido con el teléfono móvil de Leire Díez, exdirectiva de Correos y exmilitante socialista, quien también fue detenida durante esta operación. En su caso, los agentes de la UCO han encontrado conversaciones y comunicaciones relevantes, algunas consideradas fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la supuesta trama que habría operado durante años en torno a la SEPI, empresas públicas y grandes corporaciones privadas, incluidas las del Ibex 35.
Mientras el teléfono del expresidente de la SEPI llegó a manos de la Guardia Civil vacío, el dispositivo de Díez presenta un panorama completamente diferente. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que en su terminal se conservaban mensajes tanto en aplicaciones de mensajería como correos electrónicos, los cuales están siendo analizados minuciosamente por los especialistas de la UCO. Algunas comunicaciones, según estas mismas fuentes, refuerzan la sospecha sobre una red intermediaria actuando entre empresas privadas y altos cargos o exdirectivos públicos, con el fin de influir en operaciones relacionadas con rescates, adjudicaciones y venta del patrimonio público e inmuebles del Estado.
Despatrimonialización de la SEPI y vínculos con Servinabar
Vicente Fernández Guerrero ya estaba bajo sospecha debido a sus confesiones a colaboradores cercanos sobre haber recibido instrucciones gubernamentales para «liquidar la SEPI» mediante la venta activa del patrimonio inmobiliario perteneciente a empresas públicas. Esa estrategia diseñada para despatrimonializar se llevó a cabo principalmente entre 2018 y 2019. Es uno de los focos centrales ahora mismo dentro de la investigación tras las inspecciones realizadas por parte de la UCO en las sociedades Confivacasa y Segipsa, claves para gestionar y vender dicho patrimonio estatal.
Los investigadores están tratando determinar si ciertas operaciones inmobiliarias se realizaron a precios inferiores al valor real o si hubo acceso preferencial para compradores específicos a cambio compensaciones económicas ilícitas. En este entramado surgen nombres como los Fernández, Díez y Cerdán como intermediarios clave. Las indagaciones apuntan hacia negociaciones llevadas a cabo o gestadas desde el entorno del despacho ubicado en Diego de León.
Otro aspecto que complica aún más la situación legal del expresidente es su vinculación laboral con Servinabar 2000, constructora navarra cuya participación alcanza un 45% por parte de Santos Cerdán. El Gobierno autorizó en mayo 2021 su incorporación como director comercial apenas año y medio después haber dejado su cargo al frente dela SEPI. Servinabar figura en los informes elaborados por la UCO como una empresa favorecida con adjudicaciones sospechosas y se considera pieza clave dentro esta presunta red vinculada a mordidas relacionadas con obras públicas y proyectos estratégicos.
Fernández recibió pagos totales ascendentes a 68.632,48 euros durante 2021 y otros 33.251 euros en 2023 según documentación proporcionada por la Hacienda Foral Navarra al Tribunal Supremo, dentro del marco conocido como caso Koldo. Este crecimiento patrimonial experimentado por Servinabar durante esos años junto sus conexiones políticas han intensificado las sospechas entre los investigadores acerca existencia real dela trama operando durante años alrededor tanto empresas públicas como grandes corporaciones privadas.
El perfil de Vicente Fernández
Vicente Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018 por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, gracias a una propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Dimitiendo en octubre de 2019 tras la reapertura del caso Aznalcóllar, relacionado con el supuesto amaño del concurso internacional para adjudicar dicha mina —del cual fue absuelto este año— su salida no significó una ruptura real con el holding público. Durante casi 600 días mantuvo una influencia decisiva en la SEPI, actuando de facto como un «presidente en la sombra».
Durante ese tiempo, según fuentes internas del organismo, Fernández continuó participando activamente en decisiones estratégicas y mantuvo contacto directo con altos cargos, incluido el entonces vicepresidente Bartolomé Lora. Parte de esa actividad tuvo lugar fuera del edificio oficial donde opera la SEPI, específicamente en un despacho alquilado por él mismo en la calle Diego de León, 36, en Madrid. Este lugar ya es considerado por los investigadores como una «sede paralela» al organismo público. En ese despacho se habrían llevado a cabo reuniones con empresarios del Ibex 35 a quienes se les habrían exigido comisiones bajo el pretexto de desactivar una supuesta amenaza para la seguridad nacional.
En esos encuentros —según testimonios obtenidos— participaron o estaban vinculados Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; Leire Díez y el propio Fernández. Los mensajes encontrados en el dispositivo móvil de Díez tienen un valor probatorio especialmente importante, dado que permiten reconstruir cronologías, contactos y dinámicas internas del grupo investigado. Los investigadores han interpretado las diferencias entre ambos teléfonos como un indicio claro que sugiere que Fernández era plenamente consciente del alcance e implicaciones legales que podría tener esta investigación y habría intentado eliminar cualquier evidencia comprometedora.
Sin embargo, desde fuentes judiciales aseguran que esta ausencia total de mensajes no obstaculiza avanzar en las pesquisas. La UCO cuenta con otros elementos valiosos: registros documentales incautados, testimonios y análisis patrimoniales disponibles para seguir adelante con su labor investigativa.
