El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confirmado que el Gobierno acatará «con disgusto» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por considerar que se vulneró su derecho a la libertad de expresión al condenarle por injurias al Rey.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Gallardón ha explicado que la postura del Gobierno ante la sentencia es de «discrepancia» pero a la vez de «acatamiento» porque «el respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo» para que el Ejecutivo pueda manifestar su «discrepancia con las decisiones».
En este sentido, Gallardón ha aclarado que el Gobierno debe respetar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque «esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional», porque es su obligación no quebrantar los convenios internacionales firmados por España por los cuales el Estado asume estar sometido «a una jurisdicción supranacional, tanto si le gusta como si no».
«No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como si lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal», ha señalado.
El Ministerio de Justicia ha dado la orden de pago a la Caja General de Depósitos del Tesoro y se hará efectiva en las próximas horas, han informado a Efe fuentes del Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
El TEDH condenó a España a indemnizar con 20.000 euros a Otegi y pagar otros 3.000 euros en concepto de costas en una sentencia del 15 de marzo de 2011 por haberle impuesto una condena «desproporcionada», un año de cárcel, por un delito de injurias graves al rey en 2003.
La sentencia se convirtió en firme el 19 de septiembre de 2011, al rechazar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el recurso presentado por el Gobierno español para que la Gran Sala de la Corte revisara la primera resolución.
Según el TEDH, «una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Para el Tribunal de Estrasburgo, «en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión».
El 26 de febrero de 2003, Otegi dijo que el rey «es el jefe supremo del Ejército español, es decir el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y la violencia».
El Ejecutivo estaba obligado a cumplir la sentencia del TEDH antes del próximo mes de marzo para evitar una sanción.
El procedimiento de ejecución de una sentencia firme establece que, en el plazo máximo de seis meses, el Estado que haya sido condenado debe remitir al Tribunal Europeo un informe que debe incluir las medidas indiviuales para reparar la violación de derechos humanos, el pago de indemnizacones y las medidas generales adoptadas para prevenir futuras violaciones similares.
En declaraciones a Onda Cero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galardón, ha expresado su «discrepancia» con la sentencia, pero también su «acatamiento», «con disgusto», dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con los convenios firmados por España, tiene jurisdicción sobre asuntos ocurridos en nuestro país.
