Es chocante, paradójico, pero la obsesión por parecer progre es tal entre nuestros dirigentes, que los políticos -con la excepción en este caso del PP- prefieren ir contra lo que piensan y desean la mayoría de los españoles.
La implantación en 2015 de la pena de prisión permanente revisable no fue una concesión al populismo punitivo, como suelen decir los detractores de esta figura, sino la respuesta adecuada a una carencia del Código Penal.
Es lógico que toda reforma penal conlleve críticas, porque no es una ciencia exacta y la disparidad de enfoques es normal. Sin embargo, la polémica en España contra la prisión permanente revisable está animada, principalmente, para erosionar al Gobierno del PP y al compás de los viejos prejuicios, falsamente garantistas, que aún subsisten contra cualquier reforma que endurezca el sistema penal.
La prisión permanente revisable está implantada en todos los países de la UE, es admitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la aplica la Corte Penal Internacional y el TC español no la ha objetado cuando la Audiencia Nacional ha entregado a delincuentes condenados a esta pena.
Los españoles no tienen duda de la necesidad de aplicarla. Casi el 80 por ciento la apoyan, según la encuesta que este 17 de enero de 2018 publica ABC.
Por partidos, son los votantes del PSOE los que lideran la opinión favorable a esta pena, con un 88 por ciento. Bien es cierto que el Derecho Penal no debe caer en la demagogia, pero llama la atención el doble rasero de quienes defienden convertir la democracia parlamentaria en un régimen asambleario y, cuando los ciudadanos respaldan lo que no les gusta, se desentienden de su opinión.
La prisión permanente revisable ha entrado en el Código Penal de forma moderada, sólo para los asesinatos más abominables, y no todos. Por ejemplo, mientras no se acredite la comisión de un delito sexual, el asesino de Diana Quer se librará de esta pena. Aun así, la prisión permanente es destinataria de críticas feroces, que la retratan como un instrumento medieval que ignora el fin superior de la reinserción.
Toda pena es un castigo, y hay delitos que exigen penas muy graves. Y hay delincuentes que no son reinsertables y constituyen un peligro permanente para la sociedad. Sectores políticos y jurídicos se afanan en negar esta evidencia, pero ninguno tiene derecho a experimentar con la sociedad solo para satisfacer sus clichés progresistas sobre la seguridad de los ciudadanos.
Sin duda, sería necesaria una reforma que armonice el sistema de penas actual, en cuyas deficiencias encuentran argumentos los críticos con la prisión permanente. Pero ahora la cuestión es de principios. Resulta incomprensible la posición de Ciudadanos, dispuesto a abstenerse cuando se vote la derogación de la prisión permanente pese a tratarse de una cuestión capital en el modelo de Justicia penal.
La mencionada encuesta revela que hasta un 80 por ciento de los votantes de Cs están a favor de mantener la medida. El partido de Rivera se está acostumbrando a lavarse las manos en aquello que, al margen de la cuestión territorial y económica, le exige mostrar su modelo de sociedad.
UNA BRONCA INEXPLICABLE
El Congreso aprobó en 2015, con el apoyo del PPy el rechazo del bloque completo de la oposición, la reforma del Código Penal que introducía la pena de prisión permanente revisable, para casos de asesinatos agravados.
En cuanto los populares perdieron su mayoría en el Parlamento, la oposición se puso en marcha para derogar esta medida.
Pero la izquierda y los nacionalistas chocan contra una realidad: la inmensa mayoría de los españoles respaldan la prisión permanente para delitos de especial gravedad, según se pone de manifiesto en la encuesta de GAD3 realizada para ABC. El debate se ha intensificado tras el asesinato de Diana Quer.
Como explica Mariano Calleja en ‘ABC‘, la medida que impulsó el Gobierno de Rajoy, que estaba incluida en el programa electoral del PP de 2011 y que está vigente desde hace dos años y medio, ha sido objeto de polémica solo entre las paredes del Congreso.
Fuera de sus muros, en la calle, los ciudadanos parecen asumir sin problema que un asesino múltiple o quien mate a su víctima tras violarla, cumpla una condena de cárcel permanente «revisable».
En concreto, ocho de cada diez españoles, exactamente el 79,3 por ciento de los encuestados, están a favor de mantener esa pena para delitos de especial gravedad, como podría ser el asesinato de Diana Quer.
Frente a ese casi 80 por ciento que apoya la medida existe un 15,1 por ciento que se declara en contra. La división de opiniones entre la población no se corresponde en absoluto con el porcentaje de diputados que pretenden ahora echar abajo esa reforma.
Tumbar las reformas
Cuando el PP perdió su mayoría absoluta, primero en la legislatura fallida y después en las elecciones de junio de 2016, la oposición, liderada por el PSOE, se frotó las manos y anunció su intención de tumbar las reformas de Rajoy. En su plan de demolición incluyó desde la reforma laboral, hasta la pena de prisión permanente revisable, pasando por la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Tribunal Constitucional y otras muchas normas.
Pero en el frente anti-prisión permanente no estaban solos los socialistas. También los nacionalistas votaron en contra en 2015. En aquella legislatura, Ciudadanos y Podemos no estaban aún en el Parlamento. Eso sí, en octubre pasado tuvieron la oportunidad de retratarse en una votación en el Congreso. y ninguno de ellos estuvo al lado del Partido Popular.
Hace tres meses, el PNV presentó una Proposición de Ley para derogar la modificación del Código Penal que introdujo la pena de prisión permanente revisable, y que la oposición siempre ha considerado una «cadena perpetua» encubierta. ElPleno dio luz verde a su tramitación con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones. A favor se pronunciaron, además de los autores, el PSOE y Unidos Podemos, y otras formaciones minoritarias como Compromís o Bildu. Los nacionalistas catalanes no participaron por la situación que había en Cataluña, pero en otras votaciones dejaron claro su «no». Ciudadanos se decantó por la abstención, tras criticar con dureza la ley del PP en el debate parlamentario.
Recurso ante el TC
La ofensiva de la oposición contra esta medida fue completa, y no faltó su recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero, como se ve, en ocasiones ocurre que la opinión de la gente de la calle poco o nada tiene que ver con la que defienden muchos de sus políticos, alejados de la vida real. Como muestra, este dato: el 88 por ciento de los votantes del PSOE se declara a favor de mantener la pena permanente revisable para delitos graves, según la encuesta de GAD3. Nada que ver con la posición oficial del partido.
De hecho, los votantes socialistas son los que más apoyan esa pena, reservada en el Código Penal para asesinatos en los que concurra alguna de estas circunstancias: que la víctima sea menor de edad, que el hecho se produzca tras una agresión sexual o que el autor pertenezca a una organización o banda criminal, y también cuando se trate de un asesino múltiple.
La abstención de Ciudadanos en el Congreso en un asunto así tampoco se corresponde con el sentir de sus electores. El 80 por ciento de los votantes del partido de Albert Rivera quieren que haya prisión permanente revisable en España, mientras que un 15 por ciento se muestra en contra. Un 5 por ciento «no sabe o no contesta», que es la respuesta que puede parecerse más a lo que supone ponerse de perfil con una abstención.
Entre los votantes del PP, único partido que defiende abiertamente la medida, el 75 por ciento también respalda esa pena. Es un porcentaje que queda ligeramente por debajo respecto a los electores del PSOE y Ciudadanos. Casi dos de cada diez simpatizantes populares (el 19 por ciento) se declaran en contra de una prisión permanente que pueda revisarse, para delitos graves. En los últimos días, el Gobierno de Rajoy ha vuelto a defender esta pena, que considera un «instrumento útil» que ya se emplea en buena parte de Europa.
Los votantes de Podemos
Los electores de Podemos e Izquierda Unida también apoyan de forma mayoritaria la prisión permanente revisable, aunque son menos entusiastas si se compara con otros partidos:un 66 por ciento asegura que está a favor, mientras que un 28 por ciento expresa su rechazo, según GAD3.
