Les importa un comino el Estado de Derecho y parecen odiar hasta el nombre de España.
Anoche, el periodista Hermann Tertsch, ahora eurodiputado de VOX, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter denunciando lo siguiente:
“La policía tenía el sábado orden de multar a quien se acercarse o circulara por la Castellana con una bandera nacional. Hasta ahí hemos llegado. A Policía y a Guardia Civil las están arrastrando a actos ignominiosos para intentar acabar con su imagen”.
Ocurrió este sábado y se ha vuelto a reproducir este 3 de mayo de 2020.
Y no se han limitado los policías a acosar a los potenciales manifestantes.
Por órdenes directas del ministro Fernando Grande-Marlaska, ex juez con brillante carrera, los agentes de la Policía Nacional se han dedicado a parar todo coche o moto que exhibiera una bandera rojigualda y a tomar los datos de los conductores, con vistas a lo que presentaban como una ‘posible sanción‘.
Empezaron el sábado con todos aquellos que acudían al centro de la capital de España, para participar en una caravana que iba a circular por el Paseo de la Castellana y han repetido el domingo, con todo el que les parecía demasiado ‘español‘ por el centro de la capital.
“Nos ha parado Policía y nos han obligado a quitar la bandera de los coches”.
Ante la arbitraria decisión de PROHIBIR #CaravanaGobiernoDimision y el silencio inexplicable del socialista @ConJoseMFranco al recurso que presenté ante el TSJM insisto en la desconvocatoria de hoy.
Aquí se cumple la Ley.
Os animo a participar en las caceroladas de esta tarde.
— Alvise Pérez (@Alvisepf) May 2, 2020
En Periodista Digital, que luce una espléndida bandera de España en su fachada desde su fundación, creemos que los agentes de la Policía Nacional no están obligados a cumplir una orden ilegal y mucho menos si no se les da por escrito y oficialmente. Creemos, también, que no habrá juez con una pizca de sentido común, que no tire abajo cualquier sanción o multa o que se pueda imponer por hechos como los que se describen más arriba.
La Castellana lleno de coches de policías parando a todo aquel que vaya con una bandera
— Anitajl (@Anitajl5) May 2, 2020
Estas sanciones vulneran el Artículo 25 de la Constitución: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.
Llevar una Bandera de España, obviamente, no es ningún delito.
@CasaReal
El ciudadano preguntó si era ilegal llevar la bandera y la policía le dijo que era orden del gobierno parar a quien llevara la bandera de España. Al final tomaron sus datos ( orden del gobierno), le “ confiscan la bandera “ y le dejan seguir.— Francisco Asis Muñoz (@criteriopls) May 3, 2020
Una orden ilegal que podría constituir un delito de prevaricación
La orden del Gobierno PSOE-Podemos y las instrucciones de Marlaska, con amenaza de multas, es ilegal y tanto Sánchez como su obediente ministro podría enfrentarse a acciones penales por un delito de prevaricación, tipificado en el Artículo 404 del Código Penal y castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Los agentes que cumplieron esa orden también podrían incurrir en responsabilidades penales
Hay que recordar, además, que en 2018 el Tribunal Supremo estableció que “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”, por lo que los agentes que cumplan órdenes abiertamente ilegales podrían enfrentarse también a la posibilidad de tener que responder por ellas ante un tribunal, ya que el Supremo considera que en ese caso no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”.
Un episodio más de violación de derechos fundamentales con la excusa del estado de alarma
Estamos ante un un ejemplo más de la violación de derechos fundamentales que viene cometiendo el Gobierno Sánchez-Iglesias escudándose en el estado de alarma, que reviste de hecho las características propias de un estado de excepción encubierto.
Lo que cabe preguntarse, por otra parte, es: ¿qué tiene que decir la UE sobre esto?
Por menos que esto, Bruselas ha dirigido críticas muy duras contra países como Polonia y Hungría, donde no se está dando una situación que se parezca ni por asomo a los atropellos que estamos sufriendo en España a manos del ejecutivo.
¿Tal vez el silencio de la UE se debe a que Polonia y Hungría tienen gobiernos conservadores y España uno socialista?
