Veremos cuantos años cumple, porque si se solidifica en el Gobierno de España el apaño PSOE-Podemos y sigue en La Moncloa el socialista Pedro Sánchez, no hay que descartar que haya algún arreglo con Bildu y PNV, para que los miserables salgan de las cárceles, pero de momento a la asesina ‘Anboto’ le han caído 122 años.
Y todavía tiene 11 causas pendientes y se supone que los correspondientes juicios y condenas.
La Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a la que fuera jefa de los comandos legales de ETAMaría Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, por dar la orden y suministrar los explosivos para el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo.
Es la primera condena en España para Anboto, después de que fuera entregada por Francia el otoño pasado.
PERVERSA Y FRÍA
Los jueces destacan la «especial perversidad y falta absoluta de respeto por la vida e integridad de las personas de la acción y de la afectación psíquica e intenso sufrimiento causado a las víctimas».
El idilio de Anboto con la organización terrorista arranca en 1981, cuando con apenas 20 años, su novio José Manuel Aristimuño murió en un enfrentamiento a tiros con la policía.
Frente al féretro de su pareja, cubierto con el anagrama de ETA, una ikurriña y varias flores, juró odio eterno.
Miembro en los inicios del comando Araba, se enroló tras su desarticulación al comando Madrid y ascendió como la espuma, 15 asesinatos mediante. Su primera muerte fue la del cartero Estanislao Galíndez, en Amurrio (Álava). Seguirían muchas más.
En su relato de hechos probados, la Sala relata cómo, tras la crisis sufrida dentro de ETA a raíz de la detención en 1992 de su cúpula en Bidart (Francia), la organización terrorista se reorganizó, pasando Anboto a formar parte de los altos mandos.
En 1993, se hizo entonces cargo de diversas labores dentro del aparato militar de la banda en Francia, entre ellos el control y coordinación de los llamados «comandos legales», término que hace referencia a los miembros de la banda que no estaban fichados por las fuerzas policiales.
En aquella época, ejercía como lugarteniente de Pedro José Picabea Ugalde, alias Larrún.
En la sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal impone a Iparraguirre una pena de 30 años por un delito de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro penas de 20 años por asesinato terrorista frustrado por cada herido —la hija del comandante que viajaba en el coche en el asiento del copiloto y tres transeúntes—, y otros 12 años por tenencia de explosivos.
La Sala establece una indemnización para la mujer del fallecido de 300.000 euros y de 160.000 para cada uno de los hijos por el fallecimiento de su padre. Además, la hija deberá ser indemnizada con 92.100 euros por las lesiones causadas y con otros 250.000 por las secuelas sufridas en el atentado.
Su salto a la cúpula de ETA
En 2994, tras ponerle las esposas a Picabea en Francia, Iparraguirre pasó a ocupar su puesto como responsable de los «comandos legales», tarea que desempeñó hasta cuatro años después.
Desde ese puesto, indicaba los objetivos contra los que había que atentar, daba instrucciones sobre la forma en la que debían perpetrarse las acciones, les facilitaba el material necesario —explosivos y armas— y les daba las instrucciones de fabricación y de su utilización, además de suministrarles los fondos necesarios para su actividad.
Una de las acciones ordenadas por Anboto fue el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, destinado en León. La Sala considera probado que Iparraguirre ordenó ejecutar la muerte de dicho militar a Sergio Polo Escobes, alias «Lur», que en aquella época constituía él solo un comando de ETA.
Para llevar a cabo dicha acción, la acusada le entregó el material para la confección de artefactos explosivos, entre ellos los precisos para la fabricación de una bomba lapa, «dándole instrucciones precisas sobre la ejecución del atentado, fabricación, transporte y colocación del artefacto explosivo, tendentes a asegurar el resultado y evitar riesgos para el autor».
Sergio Polo, ya condenado en firme por estos hechos, guardó los explosivos en un piso de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), fabricó la bomba lapa y se trasladó de San Sebastián a León, donde durante unos días vigiló a su objetivo.
El miembro de ETA observó que la víctima utilizaba un vehículo para sus desplazamientos y en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1995 colocó bajo el asiento del conductor una bomba lapa, «como le había ordenado María Soledad Iparraguirre».
Al día siguiente, cuando el comandante y su hija se desplazaban en el vehículo, el artefacto explosionó, causando la muerte del militar, de 44 años, y heridas de gravedad a su hija, de 18, que se encontraba en el asiento del copiloto.
