Por manipular las cuentas para captar inversores

La Audiencia Nacional condena a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova, a 8 años de cárcel

Penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía

La Audiencia Nacional condena a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova, a 8 años de cárcel
Manuel Fernández de Sousa-Faro. PD

Le han dado la del pulpo a Manuel Fernández de Sousa-Faro.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados y condenan a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

 Prácticas irregulares

La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro, que contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo Pérez Uros; el financiero, dirigido por Antonio Taboas, y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Angel González Domínguez.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones».

La vieja Pescanova estudia recurrir al Supremo
La ‘vieja Pescanova’ ha defendido que era «una perjudicada» tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a ocho años de cárcel a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero, al tiempo que ha afirmado que no se le podía juzgar como beneficiario de los actos de la antigua dirección.

«Seguimos considerándolo así y defenderemos esta postura en el recurso ante el Tribunal Supremo que hemos empezado a estudiar hoy mismo», han señalado desde la sociedad, que en la actualidad tiene una participación del 1,67% en Nueva Pescanova.

En concreto, según la ‘vieja Pescanova’, los actos de la antigua dirección determinaron el concurso de acreedores de la sociedad, al que se vio abocado debido «precisamente» a las actuaciones de los otros acusados, ya que el negocio productivo de la empresa «era y sigue siendo rentable».

A ello se suma la pérdida de todo el negocio productivo de la compañía, que se traspasó a una sociedad en la que, en el momento actual, la ‘vieja Pescanova’ solo tiene una participación del 1,67%, sin que haya permanecido en la misma ningún activo o negocio en marcha que le suponga una fuente recurrente de ingresos.

Igualmente, han destacado desde la ‘vieja Pescanova’ la pérdida por parte de los accionistas de prácticamente toda su inversión, con una acción que cotiza actualmente en torno a los 0,40 euros.

«Esto implica un perjuicio que trajo consigo la pérdida casi total para nuestros accionistas del valor de sus acciones, tal y como defendimos en la vista del juicio», han señalado desde la ‘vieja Pescanova’.

«A la vista de los perjuicios notabilísimos causados a Pescanova y a sus accionistas, no podemos estar de acuerdo con que se nos condene asumiendo que los restantes acusados actuaron en beneficio de Pescanova, puesto que la realidad dicta precisamente lo contrario: los acusados personas físicas actuaron únicamente en su propio beneficio, buscando con sus actos ocultar a los accionistas el pésimo resultado de su gestión y agravando la situación financiera de Pescanova hasta dejarla al borde de la desaparición».

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