El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un histórico rapapolvo al PSOE y Unidas Podemos.
El Poder Judicial criticó, públicamente, la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones.
En este sentido, el CGPJ solicita tanto al PSOE como a Unidas Podemos que vuelvan a la senda democrática y reconsideren la decisión. Al mismo tiempo que instó a todas las fuerzas parlamentarias a renovar «a la mayor brevedad» el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.
Conscientes del peligro democrático que supone el asalto al Poder Judicial planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el CGPJ afirma en una resolución que se ha acordado este jueves por 16 votos a favor y cinco en contra que:
«El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones».
A lo que agregan que «dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones (eliminándola durante la situación de prórroga del mandato) que el artículo 122 de la Constitución le reserva con carácter exclusivo, para garantizar la independencia de jueces y magistrados».
Por ende, deja claro que no es «el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».
Más aún, cuando existe una lista de precedentes de ataques por parte de figuras del PSOE y de Unidas Podemos que han criticado a los jueces y al Poder Judicial tras conocer alguna sentencia que va en contra de sus intereses. Así como, por ejemplo, ocurrió con Pablo Iglesias y su partido por su posible imputación por el ‘Caso Dina’.
Lucha por la separación de Poderes
Los vocales del CGPJ han celebrado este Pleno extraordinario, convocado a petición de los 10 miembros designados a propuesta del PP, para dar una respuesta a la Mesa del Congreso después de que el pasado 13 de enero diera luz verde (con los seis votos de PSOE y Unidas Podemos, que se impusieron a los tres de PP y VOX) a la reforma exprés del CGPJ.
Una decisión que tomaron sin escuchar antes al propio CGPJ y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, así como a las asociaciones de jueces y fiscales, entre otros operadores jurídicos.
Una decisión que, además de polémica y peligrosa para la separación de poderes, aumenta la tensión con Bruselas. Es importante recordar que desde la Unión Europea observan con preocupación las maniobras del PSOE y Podemos para controlar el Poder Judicial.
El asalto al Poder Judicial también enciende las alarmas en Casa Real.
Es importante recordar que en el marco del 40 aniversario de la institución, el Rey Felipe VI destacó que el CGPJ es una institución clave por venir “velando por la independencia de la justicia, ha sido factor determinante, junto con el resto de instituciones democráticas, para que España haya transitado por el más largo periodo de estabilidad y progreso de nuestra historia constitucional».
El Consejo General del Poder Judicial ha lamentado «profundamente» que la Mesa del Congreso «haya hecho caso omiso» a la petición que le hizo el pasado 17 de diciembre para que recabara los informes del propio CGPJ, de la Comisión de Venecia y de los demás agentes citados antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los términos propuestos por PSOE y Unidas Podemos.
«Tales peticiones», ha subrayado el CGPJ, además de «fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución».
