Carlos Lesmes comenzó el año judicial poniendo de vuelta y media a Pedro Sánchez por su obsesión de controlar la Justicia.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cargó duramente contra el ‘asalto a la Justicia’ perpetrado por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha limitado sus competencias cuando está en funciones.
En plena tensión por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, Lesmes afirma que la ley del Ejecutivo “por la que se establece el régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones” ha venido “a agravar la situación”.
“Atendida la trascendencia que esta reforma tiene para el órgano al que la Constitución encomienda la garantía de la independencia judicial, durante la tramitación parlamentaria se solicitó por el Consejo poder emitir su opinión (como resulta obligado en todos los proyectos de ley que afectan a su organización y funcionamiento) y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la llamada Comisión de Venecia, así como que se oyera a todos los agentes afectados, muy especialmente a las asociaciones judiciales, siendo todas estas peticiones desatendidas”, ha apostillado.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial no se ha olvidado de las excusas que los socialistas y sus socios de extrema izquierda de Podemos han empleado para realizar dichos cambios.
“Se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria” de la institución “como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales”.
A lo que agregó: “La justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.
Tirón de orejas por los indultos
Asimismo, aprovechó la oportunidad para ‘tirar de las orejas’ a Pedro Sánchez por el dislate de otorgar indultos a los golpistas catalanes.
En este sentido, al revés que le ha dado al Gobierno de Pedro Sánchez por el ‘asalto a la Justicia’ y la renovación del Consejo, se ha unido la bronca al Ejecutivo por sus argumentos para indultar a los condenados del procés.
El presidente del Supremo ha aseverado que la sentencia “no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo según las leyes”.
Lesmes ha aseverado que “se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.
En opinión del presidente del CGPJ, no hay nada «más alejado de la realidad». Lesmes ha explicado que la función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, «no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría».
«La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos», ha apostillado.
«Es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento», ha concluido el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.
Hay que recordar que el Supremo tiene en la Sala de lo Contencioso-Administrativo los recursos presentados por el PP, VOX y Ciudadanos contra los indultos concedidos por el Gobierno. Estos recursos se encuentran en una fase todavía muy embrionaria, pues la Sala debe decidir si los recurrentes tienen legitimación para poder recurrir o si, por el contrario, sólo la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden seguir adelante con ese procedimiento.
En cuanto a los plazos, se prevé que entre principios de septiembre y finales de año, en el caso de aceptarse los recursos, el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la medida de gracia otorgada por el Gobierno de Sánchez.
