EL JUEZ LASALA PRETENDE DEPURAR TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA ENTRADA EN ESPAÑA DEL JEFE DEL FRENTE POLISARIO

La Justicia acorrala a González Laya por el ‘caso Ghali’ y en Moncloa temen que la exministra apunte a Pedro Sánchez

El Ejecutivo sanchista se ha acostumbrado a tirar por atajos y recurrir al secretismo para ocultar problemas que afectan gravemente al Estado

La Justicia acorrala a González Laya por el 'caso Ghali' y en Moncloa temen que la exministra apunte a Pedro Sánchez
Arancha González Laya y Brahim Ghali.

Empieza a ponerse la cosa de color hormiga.

Y no solo para la extitular de Asuntos Exteriores del Gobierno socialcomunista, Arancha González Laya, sino también para el propio Pedro Sánchez.

El juez Rafael Lasala ha tomado la determinación de llamar a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para declarar en calidad de imputada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el 18 de abril de 2021.

Ghali entró en nuestro país aduciendo un grave estado de salud, una situación que tensó la cuerda diplomática con el país vecino, Marruecos.

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. Una controvertida decisión que provocó directamente una crisis con el ejecutivo de Marruecos.

Al aterrizar en nuestro país, el susodicho ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso, donde permaneció tratándose de la covid-19. Después, regresó a Argelia tras quedar en libertad sin cautelares al declarar ante el juez de la Audiencia Nacional por delitos muy graves de genocidio, torturas o detención ilegal.

El ex jefe de Gabinete de Laya, Camilio Villarino, ya declaró como investigado el pasado día 13 y aseguró que la entonces ministra le dio instrucciones para que Ghali entrara por la base aérea de Zaragoza sin necesidad de pasar el control de pasaportes, pero dejó caer claramente que la decisión llegaba de más arriba. 

Tal y como editorializa este 22 de septiembre de 2021, «la citación como investigada de la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en la causa que instruye el Juzgado número 7 de Zaragoza por la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali, es la inevitable consecuencia de un grave error gubernamental , con evidente trascendencia penal, que puede poner en aprietos a la propia presidencia del Ejecutivo, a poco que la ex ministra, destituida en la crisis de julio, reconozca que cumplió una orden superior».

Para este medio, Laya es la última barrera protectora a la que se tiene que encomendar Pedro Sánchez:

Se convierte, así, González Laya en el último cortafuegos de La Moncloa frente a una exigencia de responsabilidades que, dada lo lógica de los acontecimientos, se antoja ineludible. Porque no estamos sólo ante una actuación política de consecuencias desastrosas para las relaciones bilaterales con Marruecos, –con la avalancha de inmigrantes irregulares en Ceuta incluida– sino ante la comisión de un delito inhabilitante para cualquier funcionario público como es el de la prevaricación.

Para el diario de Francisco Marhuenda, lo realmente relevante es la afición que el Ejecutivo sanchista le ha cogido a la chapuza y al secretismo:

Más allá de la peripecia judicial lo que queda en el ánimo de la opinión pública es la actuación de un Gobierno que prefiere el atajo y el secreto antes de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. España podía atender a Ghali, pero con luz y taquígrafos.

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