El Gobierno de Pedro Sánchez mandó una orden directa: silencio sepulcral sobre todo lo relacionado a los negocios del marido de Nadia Calviño.
El PSOE-Podemos es consciente del riesgo que supone para su permanencia que se sepan más detalles de las actividades de Ignacio Manrique de Lara, quien es director de marketing de la compañía Beedigital, uno de los agentes digitalizadores que gestionarán los fondos europeos.
La polémica destapada por EsDiario no solo está teniendo un gran recorrido en los medios de comunicación, sino que también dio el salto hasta el Congreso de los Diputados y hasta en el juzgado, donde ya hay investigaciones abiertas.
El diputado del grupo mixto, Pablo Cambronero registró una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer la influencia de la vicepresidenta primera en esta materia, ya que como mínimo, a su juicio, «debería retirarle la competencia de estos 3.000 millones de euros», dedicados a la implantación del llamado Kit Digital, dadas las evidentes relaciones personales.
Es importante recordar que Beedigital se ofrece como agente digitalizador adherido, tal y como ha relatado este periódico, lo que le permite actuar como ventanilla única privada ante Asuntos Económicos: tramita la ayuda, digitaliza la empresa, y recibe la subvención como peaje, más los extras no sufragables.
Por ello, el diputado sostenía en su pregunta que «sorprende que la principal responsable de la distribución de estos fondos tenga a su marido al frente de una empresa dedicada a estos menesteres», por lo que «como mínimo es moralmente reprobable y debería provocar la retirada de esta responsabilidad».
Cambronero requería al Ejecutivo «el cese o la retirada de la competencia en la distribución de esos fondos a Nadia Calviño» ya que existe «un manifiesto interés personal en los mismos» o, al menos, una aclaración al respecto de la posible «información privilegiada» que pudiera obtener la empresa gracias a ello.
Silencio absoluto
Sin embargo, el Gobierno ha preferido dar la callada por respuesta y ha remitido una contestación ‘estándar’ al diputado, en la que no aclara absolutamente ninguna de las cuestiones planteadas. Simplemente, se ha limitado a cubrirse las espaldas tirando de legislación.
En concreto, el escrito, que no lleva rúbrica de ningún representante del Gobierno, más allá del membrete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se limita a recordar que «nuestro país cuenta con herramientas jurídicas y orgánicas que garantizan que el ejercicio del alto cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas».
Además, únicamente añade que «las decisiones adoptadas por los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cumplen escrupulosamente la normativa aplicable y, en particular, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».
La respuesta, según el propio diputado, «apesta» por lo que ha asegurado que la reiterará para ver si es capaz de obtener algo más de información habida cuenta de que, además, las relaciones del marido de Calviño se encuentran en los juzgados, tras dos denuncias interpuestas porque acordó con la Seguridad Social, dependiente del ministro José Luis Escrivá, un contrato para mejorar su reputación online en 2019 y 2020 a pesar de que tenía prohibido contratar con el Estado por tener deudas con las administraciones.
Una de ellas partió del Grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y recoge que la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A. (en adelante, Beedigital), está vinculada con el marido de la Vicepresidenta 1ª, y Ministra de Economía, Nadia Calviño, y que «con anterioridad nunca había obtenido un contrato público», según el portavoz del PP Alfonso Serrano.
Señala que «la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros». «En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros», expone el escrito.
