Así que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en su versión Partido Socialista Catalán (PSC), votó en contra de acatar en Cataluña la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que establece la enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes. Ninguna novedad porque hay que precisar, como ha recordado Juan Carlos Girauta, que el PSUC (partido Socialista Unificado de Cataluña) fue el padre de la inmersión lingüística y el PSC, la madre. Además, el PSOE de ahora no es el de la Transición, ni tampoco el que gobernó España con acierto durante los gobiernos de Felipe González. Es el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que bebe directamente de “Mi persona”.
La solución Illa, que con alharaca propagó Sánchez como remedio a los males de Cataluña, era ésta. ¡Acabáramos! Salvador Illa Roca, ex alcalde de La Roca del Vallés, ex ministro de Sanidad, actual jefe de la oposición en Cataluña, diputado al parlamento regional por Barcelona y ganador de los últimos comicios catalanes, está para impedir que en Cataluña se cumpla la ley y se acaten las sentencias de los tribunales. Pues menuda tontería, eso ya lo sabíamos, aunque Ciudadanos y Vox hicieron bien en obligar al representante de Sánchez en ese territorio a que se retratase en una propuesta de resolución sin eficacia jurídica que decía, entre otros puntos, lo siguiente: “Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes” y “requerir” a la Consejería de Educación “la aplicación de los cambios oportunos en todos los centros educativos de Cataluña para cumplir las sentencias judiciales al uso del castellano como lengua vehicular y reconozca así, al menos, que el 25% de las horas lectivas de enseñanza curriculares sean en castellano”.
Con la ayuda de los Comunes, de ERC, JxCat y CUP, el PSC-Units logró lo que quería el dormilón de Moncloa: que las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se las pasen en esa tierra española por el arco de Bará. Los herederos de Convergencia Democrática de Cataluña (JxCat y otros grupúsculos) fueron traidores, como corresponde a todo buen independentista, a lo que en 1978, como ha precisado Girauta, declaró Ramón Trias Farga, a la sazón presidente del partido de Jordi Pujol: “El derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar la lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellanoparlante a estudiar en catalán”.
¿Y no passsa na con esta traición y este incumplimiento de la sentencia? Sí, sí pasa. Pasa que la directora general de Currículum y Personalización de la Generalitat de Cataluña, y responsable de aplicar la cuota del 25% de castellano en las escuelas catalanas, Maite Aymerich Boltá, ha dimitido por eso de “cuando las barbas de tu vecino veas mojar, …” y tendrán que hacer lo mismo o apechugar con las consecuencia los directores de los colegios públicos y el chuleta del consejero de Educación, José González Cambray (¿cómo se catalaniza el apellido González?, pues convirtiéndole en compuesto para añadirle el segundo: Cambray y ponerse la p en el José). La Ley es lenta, tiene que transitar por innecesarios recovecos cuando alguien se empeña en incumplirla, pero termina por imponerse. Y sino que se lo digan a Oriol Junqueras Vies, Carme Forcadell Lluís, Joaquim Forn Chiariello y demás cuerda de presos condenados. Y todo esto a pesar de que, como ha declarado a ABC el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, “El Estado ha quedado inhabilitado para regular la lengua y quienes la regulan son sólo las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios”… “Hay una tendencia a sobrevalorar el idioma propio territorial (gallego, vascuence, catalán, bable, castúo,…) y menospreciar el español, lo cual es un gran disparate”.
El cumplimiento de la sentencia del TS es cuestión de meses y de más tesón y gastos económicos de las admirables organizaciones cívicas que velan en Cataluña por el cumplimiento íntegro de la Constitución, como en este caso es la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Asociación juvenil constitucionalista S’ha Acabat, la Asociación Hablamos Español, la Asociación por la Tolerancia, Aixecat, Ampas Paralelas, Centro Libre de Arte y Cultura, Cataluña por España, Profesores por el Bilingüismo, … Enhorabuena y felicidades. Ellas ganarán porque la vigencia de la roqueña Constitución y la independencia del Poder Judicial es lo que nos queda después de que el PSOE de Sánchez haya entregado los poderes Ejecutivo y Legislativo a los enemigos de España.
JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL
