La solemne apertura del año judicial –presidida por Su Majestad el Rey y con la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz– no ha sido este año una ceremonia de reafirmación institucional, sino un espectáculo bochornoso que retrata la degradación de nuestra democracia. El jefe del Ministerio Fiscal ocupa todavía su cargo pese a que, según el propio reglamento del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, su continuidad es jurídicamente insostenible y políticamente tóxica.
1.-Razones jurídicas para su cese.
El Art. 124 de la Constitución define al Ministerio Fiscal como «garante de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público». Su Fiscal General, además, debe actuar con imparcialidad y su mandato exige no haber incurrido en causas que menoscaben esa independencia. El reglamento del Ministerio Fiscal (artículos 22 y siguientes) establece que «el titular puede cesar por incapacidad, incompatibilidad o pérdida de la confianza política tras una reprobación grave».
En el caso de García Ortiz, la reciente sentencia del Tribunal Supremo es clara: «vulneró la Ley» al filtrar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quebrantando la imparcialidad que se le presupone y dañando gravemente la imagen del Ministerio Fiscal. No es un asunto opinable: «una condena por vulneración de derechos fundamentales deslegitima a cualquier Fiscal General». En consecuencia, la única salida legal y honorable era su «dimisión inmediata» o, de no producirse, el «cese decretado por el Gobierno».
2.-La responsabilidad que nunca asumió.
La dimisión, en su caso, no era solo una opción política, sino una exigencia de dignidad institucional. Cuando la cúspide de la Fiscalía está marcada por sentencias judiciales que acreditan abuso de poder, la permanencia en el cargo no es signo de resistencia, sino de obstinación en la indignidad. Ningún Fiscal General puede abrir el año judicial frente al Rey con la «sombra de su propia inhabilidad moral y jurídica proyectada sobre la institución».
3.- La hipocresía del Ejecutivo.
Sin embargo, Pedro Sánchez y su Gobierno lo mantienen como si nada hubiera pasado. La lógica es simple: García Ortiz no es un Fiscal General del Estado, sino el fiscal «particular de Moncloa», un blindaje político frente a investigaciones molestas y un engranaje más en la maquinaria de impunidad que sostiene a este Ejecutivo. Lo que debería ser un cargo de máxima neutralidad se ha convertido en un puesto de obediencia servil.
Este apoyo, además, revela la hipocresía de Sánchez y los suyos: predican “respeto institucional” mientras amparan la ocupación partidista de todas las instituciones; hablan de “regeneración democrática” mientras sostienen a un Fiscal General, que está imputado judicialmente por vulnerar derechos fundamentales.
4.- ¿Y si esto ocurriera en Francia o Alemania…?
La comparación es inevitable. En Francia –un Fiscal General señalado por una sentencia del «Conseil d’État» que acreditara una vulneración semejante– habría presentado su dimisión la misma tarde. En Alemania, la presión política y social lo habría barrido en cuestión de días. En Italia –donde la Fiscalía también es sensible a los vaivenes políticos– semejante descrédito habría provocado la caída inmediata del responsable. Solo en España –bajo el férreo yugo del sanchismo–se mantiene a un Fiscal General desacreditado porque su utilidad política supera con creces la vergüenza institucional que supone sostenerlo.
5.- La decisión de Feijóo.
En este contexto, la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la apertura del año judicial ha generado debate. Su gesto es políticamente significativo: pretende marcar distancias con un Fiscal General deslegitimado y subrayar que el PP no blanqueará con su presencia un acto institucional adulterado. Es, sin duda, un movimiento coherente con el discurso de oposición.
Sin embargo, también encierra riesgos. El líder de la oposición debe ser capaz de diferenciar la crítica a la manipulación gubernamental de la defensa de las instituciones del Estado. Al no acudir, Feijóo corre el peligro de ser percibido como quien desatiende su obligación de respaldar al Rey en un acto que, más allá del escándalo del Fiscal General, sigue representando la continuidad de nuestro sistema judicial. En política, la ausencia puede ser tan elocuente como la presencia, pero también puede dejar vacío un espacio que otros ocuparán.
En definitiva, Feijóo lanza un mensaje de firmeza frente al sanchismo, pero debería complementarlo con un discurso claro de defensa de la Corona y de la independencia judicial, para que nadie pueda confundir su gesto con un desdén hacia las instituciones. Su papel como líder de la oposición exige combinar crítica y presencia, denuncia y compromiso.
6.- Un cierre necesario.
La apertura del año judicial debería ser un acto solemne que simbolizara la fortaleza de la justicia española. Este año, en cambio, ha quedado reducida a una «mascarada política», con un Fiscal General –que debió dimitir hace tiempo– sentado en primera fila junto al Rey. Su presencia no refuerza, sino que humilla a la institución. Y lo que es peor: demuestra que este Gobierno ha decidido convertir la Fiscalía en una sucursal de La Moncloa.
España no se merece un Fiscal General condenado por vulnerar derechos fundamentales. Y mucho menos se merece un Ejecutivo que lo sostenga solo porque es dócil a sus intereses políticos .En cualquier otra democracia europea, esto habría acabado en cuestión de horas…pero aquí, en la España del s.XXI — *democrática»,» feminista» y «progresista» — la del megalómano, felón y trolero compulsivo Sánchez Pérez- Castejón, desgraciadamente, todavía seguimos esperando.
