La Conferencia Episcopal ha vuelto a caer en el pseudo buenismo cristiano: defiende la libertad religiosa para los musulmanes en España, pero calla ante la persecución sistemática de cristianos en países islámicos. En Jumilla no se ha prohibido rezar, solo se ha regulado el uso de un pabellón polideportivo. Defender los derechos de unos sin exigir reciprocidad para los otros, no es diálogo: simplemente es rendición o incluso intencionada dejación.
La reciente polémica en el Ayuntamiento de Jumilla, –tras la decisión del pleno de impedir el uso del polideportivo municipal para celebraciones religiosas colectivas– casi sin pretenderlo ha desatado a nivel nacional un mediático aluvión de declaraciones políticas y, como era de esperar y previsible, el oficial pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En una postura que sorprende por su tibieza, la CEE ha lamentado la decisión del consistorio, apelando al diálogo y a la necesidad de “acoger y respetar” las manifestaciones religiosas de las minorías, en este caso, de la comunidad musulmana de Jumilla.
Aunque, hasta aquí –el mensaje suena inconfunfiblemente a evangélico– el problema es que, en su celo por proyectar una cristiana “inclusión” y un “respeto interreligioso”, la CEE ha olvida algunos aspectos muy esenciales: primero, que en un Estado de Derecho, los derechos de unos pocos no pueden imponerse a pesar de las normas municipales democráticamente aprobadas por todos; segundo, que la Constitución española aunque garantiza la libertad religiosa, también les faculta a las autoridades locales a regular el uso de sus espacios públicos; y tercero, que la reciprocidad —tan elemental en las relaciones humanas como en diplomacia— brilla por su total ausencia en este ideológico y politizado caso de pseudo xenofobia religiosa.
1.-Los mismos derechos…en teoría.
El Art. 16 de la Constitución reconoce a “todas las confesiones” el derecho a profesar y practicar su fe, y establece que ninguna religión tendrá carácter estatal. Además, España es firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo Art. 9 ampara la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En consecuencia, la comunidad musulmana –como cualquier otra, tiene y goza del pleno derecho a organizar sus celebraciones religiosas . Lo que no hay, es un absoluto derecho a utilizar una instalación pública municipal sin cumplir las condiciones y normativas que cualquier ayuntamiento español competente determine en su pleno municipal.
La medida adoptada en Jumilla «no prohíbe el culto musulmán ni restringe su práctica privada o en lugares habilitados», sino que regula el uso de un polideportivo municipal para actividades distintas a su fin principal. Una distinción que, lejos de ser discriminatoria, es elemental para garantizar que el espacio público sirva a todos y no se convierta en un terreno de disputa religiosa y multiculturalista identitaria.
2.- Una reciprocidad inexistente.
Ahora bien, la CEE parece olvidar que la simetría es la clave principal para que ese diálogo interreligioso sea auténtico. Los musulmanes en España pueden abrir mezquitas, organizar festividades, impartir clases de religión islámica en colegios públicos e, incluso, recibir apoyo institucional. Sin embargo, en la mayoría de los países musulmanos —sobre todo en aquellos regidos por la sharía o con fuerte control clerical— los cristianos no gozan de la misma libertad ni de los mismos derechos humanos.
En Arabia Saudí –por ejemplo– está prohibido cualquier acto público de culto cristiano y la importación de Biblias. En Pakistán, las leyes contra la blasfemia han llevado a prisión e incluso a la muerte a cristianos por acusaciones sin pruebas. En Marruecos –aunque su Constitución de 2011 hable de tolerancia– la conversión de musulmanes al cristianismo puede acarrear graves problemas legales y sociales. La CEE –en su cristiana, buenisma y super tolerante proclama– guarda un estruendoso silencio sobre estas realidades, como si la caridad cristiana consistiera en ignorar la persecución sistemática y asesinatos que suelen sufrir los hermanos cristianos en la fe fuera de nuestras fronteras y en la mayor parte de los países musulmanes e islamistas.
3.- El «buenismo» desarmado.
El problema de ese «eclesial «buenismo» es que confunde virtud con sumisión y diálogo con complacencia. El respeto interreligioso no significa abdicar de la defensa de los propios fieles, ni aceptar como “diferencias culturales” lo que en realidad son violaciones flagrantes de los derechos humanos y religiosos. Si la CEE quiere ser coherente, debería exigir con la misma firmeza la libertad religiosa para los cristianos –en los diversos países islamistas– que hoy viven en unas condiciones que aquí, en la España democrática, progresista y feminista del «puto amo» Sánchez, serían absolutamente intolerables.
Por otro lado –la autoridad moral de la Iglesia Católica– también pasa por defender la actual legalidad vigente. No se trata de oponerse al Islam ni de cerrar puertas, sino de recordar que la libertad religiosa no es un cheque en blanco para el uso ilimitado de los recursos públicos. Si un ayuntamiento decide –por razones logísticas o normativas que determinadas instalaciónes deportivas no se usen para cultos masivos– esa decisión es jurídicamente legal ly debe respetarse, sin que ello suponga un agravio comparativo contra ninguna comunidad, con la total independencia de la religión en la que crea y practique.
4.- Doble rasero y desgaste institucional.
Cuando la CEE se alinea con el discurso del Gobierno de “tolerancia infinita” sin matices, corre el riesgo de reforzar el doble rasero: «exigir apertura total en España mientras calla ante la represión en el mundo islámico». Esa asimetría no solo es incoherente, sino que debilita la posición de la Iglesia como defensora global de la libertad religiosa. El silencio ante la persecución actual de cristianos en los países musulmanes no es diplomacia, es abandono, e incluso –aunque suene fuerte– simplemente es «cobardía» religiosa
5.- Conclusión.
La libertad religiosa es un pilar de nuestra democracia cristiana, y protegerla es un deber de todos. Pero esa protección «no implica renunciar a regular el uso del espacio público ni aceptar que la reciprocidad no importe». La CEE haría bien en recordar que el diálogo real exige dos condiciones básicas: igualdad de derechos y valentía para señalar las injusticias, aunque resulten incómodas. Porque sin firmeza, el buenismo no construye puentes de unión, simplemente entrega las llaves de nuestra casa con sus costumbres folklóricas, tradiciones religiosas y dogmas a quienes no están dispuestos a abrirnos la suya.
