LA suerte procesal de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados empezó a definirse este 17 de noviembre de 2017, después de que la Fiscalía belga apoyara la entrega de los cinco prófugos por todos los delitos por los que son reclamados por la Audiencia Nacional, excepto el de prevaricación.
La orden europea de detención y entrega permite a los Estados miembros condicionar la entrega del sospechoso a que sea juzgado sólo por los delitos que autorice el juez encargado del caso.
Si el juez belga atiende la solicitud del fiscal, Puigdemont y sus exconsejeros podrían ser juzgados en todo caso en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Lo que sí es seguro para todos ellos es que cuando sean entregados a España deberán ingresar en prisión provisional porque su fuga ya no es un riesgo, sino una certeza.
La claridad de la Fiscalía belga en sus alegaciones no ha sido suficiente para que el juez de Bruselas encargado de la primera decisión sobre la entrega de los prófugos acelerara su resolución.
Por el contrario, ha señalado una nueva vista para el 4 de diciembre, en la que el abogado de Puigdemont insistirá con su estrategia de difamación contra el sistema judicial y penitenciario español; una trampa en la que cayó la Fiscalía belga cuando reclamó al Gobierno explicaciones sobre las condiciones del encarcelamiento de Puigdemont, como si hubiera que poner en duda el respeto de España por los derechos humanos y, particularmente, los derechos de acusados y presos.
La Constitución de 1978 y el sistema procesal penal español tienen un nivel de garantías máximo, que se vio mejorado con la reforma de la justicia penal en 2015, que introdujo el derecho de todo condenado a la doble instancia y nuevas medidas en el derecho de defensa letrada, como la entrevista reservada entre detenido y abogado.
El descenso de la población penitenciaria en España -que no llega a 60.000 reclusos, incluyendo los que están bajo control de la Generalitat- elimina cualquier riesgo de hacinamiento y permite a los presos unas adecuadas condiciones de comodidad en su vida penitenciaria.
Puigdemont se equivocó provocando al Estado -que ha aplicado con evidente moderación y prudencia el artículo 155 de la Constitución- y se equivocará de nuevo con su estrategia de difamación del sistema judicial, porque España, un país moderno, democracia ejemplar, acabará imponiendo su razón y su derecho para juzgar al expresidente catalán y a sus exconsejeros.
Estos prófugos de la Justicia quisieron reventar la unidad nacional, derogar por la fuerza la Constitución en Cataluña y enfrentar a catalanes contra catalanes y contra el resto de españoles. Pocos delitos pueden ser más graves que este en un Estado democrático y de Derecho.
