Un guardia civil, cuando no está en acto de servicio, puede publicar en su cuenta de Twitter lo que considere más oportuno y conveniente (La verdadera razón de que policías y guardias civiles estén más que cabreados con Marlaska).
Su única obligación, como el resto de ciudadanos, es respetar las normas básicas de convivencia que dicta nuestro Estado de Derecho (Grande-Marlaska autoriza otros tres acercamientos de presos de ETA y ya son 26 en ocho meses).
Resulta, por ello, especialmente injusto que un miembro de la Benemérita llegue a ser sancionado con una falta grave por el mero hecho de retuitear unos comentarios periodísticos y políticos en contra del actual Gobierno.
Es indigno porque atenta contra los derechos civiles de este ciudadano. La libertad de expresión es un derecho básico, que sólo en ocasiones muy excepcionales puede verse restringida.
Lógicamente, cuando un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad está de servicio, dicha libertad queda supeditada a órdenes mayores; pero desde el momento es que está fuera de servicio es un español más, y cuenta con toda su libertad irrestricta para ejercerla en la plaza pública como mejor lo considere conveniente.
Es caciquil, propio de tiempos pretéritos felizmente pasados, que sus superiores de la Dirección General de la Guardia Civil quieran ejercer de forma tan arbitraria como despótica su autoridad sobre un subordinado suyo, que no deja de ser un trabajador a quien estas sanciones pueden suponer un serio quebranto económico, además de una mancha permanente en el expediente.
Y es inconstitucional porque tenemos la suerte de vivir en una democracia que garantiza escrupulosamente el ejercicio de tales derechos. Quienes son uno de sus garantes máximos en España, la Guardia Civil, tienen que brillar especialmente en el ejercicio de su cumplimiento.
Mal ejemplo ofrece al resto de ciudadanos cuando dentro del Cuerpo, en vez de respetar la Constitución, sus superiores la vulneran.
El actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último de la Dirección de la Guardia Civil, debería de ejercer la autoridad que le corresponde con su cargo para detener tal atropello, en vez de escuchar los siniestros cantos de sirena de Bildu, que -no por casualidad- son los promotores últimos de este proceso sancionador.
Bien triste y paradójico sería que ahora los filo-etarras empezaran a dar lecciones democráticas a la Guardia Civil, que tantas vidas ha sacrificado en el altar de España y de la Constitución.
