La política española nunca deja de sorprender y, cuando se trata de Carles Puigdemont, el guion parece escrito por un autor de comedias negras. Hace exactamente un año, el 8 de agosto de 2024, el expresidente catalán protagonizó una aparición fugaz en pleno centro de Barcelona, desafiando a la Justicia y al sentido común, para después desaparecer ante las cámaras y los Mossos d’Esquadra como si se tratase del mismísimo Houdini. La escena, digna del mejor esperpento, dejó a todos con la boca abierta: ¿Cómo es posible que alguien con orden internacional de detención entre al territorio español y posteriormente, se esfume entre sombreros de paja y esteladas sin que la policía autonómica reaccione?
La jornada comenzó con una mezcla explosiva de incertidumbre y morbo político. Decenas de independentistas se agolparon bajo el Arco del Triunfo para recibir a Puigdemont, quien no dudó en pronunciar un breve discurso contra el Estado español, recordando la “dura represión” sufrida tras el 1-O y despidiéndose con un “¡Visca Catalunya lliure!” antes de meterse en un coche prestado por uno de los agentes investigados. Lo que siguió fue una huida digna del cine: tras pasar unas horas en pisos francos y sortear el dispositivo policial —la famosa “operación Jaula”, con más de 600 agentes desplegados—, logró cruzar la frontera por carretera rumbo a Bélgica sin que nadie lograra darle “caza”.
Por si quedaban dudas sobre la eficacia policial, el dispositivo quedó en entredicho desde el primer minuto. Los Mossos d’Esquadra, pese a la orden europea vigente, asistieron impasibles al espectáculo mediático. Los agentes ni se inmutaron mientras Puigdemont era vitoreado por sus seguidores y escoltado por cargos públicos como Josep Rull. El desconcierto institucional fue absoluto: ¿estaba previsto que se presentara en el Parlamento? ¿Debía ser detenido allí? ¿Quién estaba al mando? Las respuestas siguen sin aparecer un año después.
La operación Jaula movilizó a más agentes que muchos dispositivos antiterroristas recientes… con resultado nulo.
La investigación judicial: tres mossos bajo sospecha
La polémica no tardó en trasladarse a los tribunales. A raíz de una denuncia presentada por Hazte Oír —con Vox también personado como acusación—, tres agentes de los Mossos fueron detenidos e imputados por presunto delito de encubrimiento tras facilitar la huida del líder independentista. El propietario del vehículo utilizado en la fuga era uno de estos agentes. La causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona continúa activa: aunque los mossos han sido reincorporados provisionalmente al servicio tras agotarse el plazo máximo del expediente disciplinario interno, su futuro profesional depende del desenlace judicial.
El expediente sancionador quedó paralizado para evitar solapamientos entre la vía administrativa y penal. Mientras tanto, los tres efectivos —Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea— han vuelto a patrullar las calles catalanas a la espera del fallo definitivo sobre su responsabilidad en uno de los episodios más surrealistas vividos por la policía autonómica.
El proceso penal contra los tres mossos sigue su curso; se espera una declaración clave en septiembre por parte del intendente jefe Carles Hernández, cuya unidad elaboró varios informes internos sobre los movimientos previos del expresident antes de su huida definitiva a Waterloo. Mientras tanto, tanto Hazte Oír como Vox insisten en depurar responsabilidades políticas por lo que consideran un caso flagrante de encubrimiento.
Un fracaso operativo y político
Más allá del sainete judicial, lo ocurrido puso en evidencia las debilidades del sistema policial catalán y dejó al Gobierno autonómico bajo sospecha. El propio jefe policial Eduard Sallent admitió que la aparición sorpresa pilló a todos desprevenidos: no había ningún protocolo específico ante semejante escenario. Las investigaciones internas tampoco han arrojado luz sobre posibles negligencias políticas o dejación de funciones; todo apunta a una cadena de errores operativos combinada con cierta dosis de improvisación y nerviosismo institucional.
Los informes elaborados por la Comisaría General de Información reflejan que la investigación interna fue acotada estrictamente a lo ocurrido entre el 7 y 8 de agosto. Los agentes encargados solo pudieron analizar fotografías e imágenes captadas por cámaras urbanas cercanas al Arco del Triunfo, bajo instrucciones precisas para limitar las pesquisas a esos hechos concretos. La hipótesis más extendida es que Puigdemont ya estaba escondido en Barcelona desde días antes, lo que añade más misterio —y algo de humor negro— al caso.
