“El comunista que amenaza de muerte al Rey”, de Pablo Planas, “Arias Cañete: `En algún momento hay que cerrar el grifo y pensar en la fiscalidad post-Covid´”, de Rubén Esteller , y “Las mañas y azares que permitieron el pacto presupuestario”, de Pedro Vallín
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 10)
EL COMUNISTA QUE AMENAZA DE MUERTE AL REY
Artículo de Pablo Planas publicado en Libertad Digital el pasado día 9
Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), no tendría reparos en fusilar al rey Felipe VI y a su familia. Todo depende de «cómo se pusiera» el monarca y de «lo que surgiera» en un hipotético asalto a la Zarzuela. Tremendo este Santiago en modo «sujétame el cubata». Las declaraciones del dirigente comunista son de hace un año, pero este miércoles las ha desempolvado y puesto en circulación Toni Cantó, el diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, que cuando se aburre tira de hemeroteca para sonrojo de la izquierda acostumbrada a dar lecciones de moral e higiene política.
Así es que hace un año, y entrevistado por la revista Mongolia (fundada por Gonzalo Boye, el abogado de Torra y Puigdemont que fue condenado por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla), el compañero Enrique Santiago se deshacía en elogios de Lenin y mostraba su más absoluta disposición a liderar la toma del Palacio de la Zarzuela «si se dieran las condiciones». «¿Lo liquidarías?», preguntaba el entrevistador en alusión a Felipe VI. «Depende de cómo se pusiera y lo que surgiera», contestaba ufano Santiago.
Hay que reconocer que el grupo parlamentario de Santiago, que es el de Podemos, trabaja incansablemente para que se den las condiciones. Igual que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los medios afines y hasta algunos no afines. Las finanzas del rey emérito y el discurso del 3-O de Felipe VI contra el golpe de Estado separatista son la munición empleada contra la monarquía constitucional. Y según Pablo Iglesias y sus cuates, más pronto que tarde caerá eso que llaman “el régimen del 78” y que no es más que la democracia en España.
De darse el caso, será el momento de comprobar si Santiago habla a título de inventario o va en serio.
Hay quien ha comparado las declaraciones del camarada secretario general con las de un anciano exmilitar retirado que se decía partidario de fusilar a la mitad de los españoles en un chat de compañeros de promoción. Hay diferencias. Santiago está en activo y es diputado en el Congreso. El exmilitar, en cambio, está retirado. También es diferente que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no está por la labor de entregar el material del dirigente comunista en la Fiscalía por si fuera constitutivo de algún delito, por ejemplo de odio. En cuanto al número de muertos, cabe pensar que un auténtico fan de Lenin no se iba a parar en la liquidación de la Familia Real.
Para gran parte de la izquierda, lo que dijo Santiago no es para tanto. Es más, lo suscriben en el Twitter. Mientras todas las derechas se llevaron las manos a la cabeza por el disparate vertido en un chat privado de guasap, la izquierda avala las declaraciones públicas del jefe del PCE. Qué divertido y fácil es ser comunista en España. Se puede decir lo que uno quiera, hacer apología de los asesinatos en masa de Lenin y Stalin, exhibir el símbolo criminal de la hoz y el martillo y amenazar de muerte a la Familia Real sin problemas. Y todo ello gracias, en parte, a Juan Carlos I, que se avino a la legalización del PCE en aras de la reconciliación nacional.
Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/el-comunista-que-amenaza-de-muerte-al-rey-6688703/
ARIAS CAÑETE: «EN ALGÚN MOMENTO HAY QUE CERRAR EL GRIFO Y PENSAR EN LA FISCALIDAD POST-COVID»
Artículo de Rubén Esteller publicado en El Economista el pasado día 8
Miguel Arias Cañete, excomisario de Energía y Acción climática, sigue de cerca la evolución de las políticas europeas, que afrontan un momento decisivo esta misma semana.
¿El fondo de recuperación servirá para afrontar los objetivos de descarbonización?
Estamos hablando de objetivos a diez y a 30 años. El plan es muy corto, pero sirve de rampa de lanzamiento, aunque luego hay que meter el cohete y el satélite. Las subvenciones a fondo perdido pueden hacer atractivo al capital privado invertir en los grandes proyectos que desarrollen, por ejemplo, la infraestructura para la movilidad sostenible, y es muy importante que se haga bien. No puede ser un plan 2000 y que cada uno haga la obra que le plazca en la plaza de su pueblo. Eso sería un error histórico. Hay una responsabilidad con las generaciones futuras.
Para poner en marcha el plan, la Comisión tiene que endeudar a la UE en el mercado de capitales y luego tendrán que reembolsarlo las generaciones futuras. Lo que no tiene sentido es invertir ahora en actuaciones cortoplacistas que no solucionen los problemas porque el cambio climático sigue estando ahí. Tenemos que invertir muy inteligentemente y confío en que la Comisión, que ha dado orientaciones para el contenido del plan, lo analice antes de su aprobación. Hay que cuidar mucho los planes y exige un diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas y los sectores empresariales. No se puede aprobar un plan si no contribuye a la transición digital y energética.
La situación económica ¿puede retrasarlo?
En este momento estamos en un estado de shock por la pandemia, que no es que haya ralentizado la economía, es que la ha parado. No es una crisis como las anteriores. Y el arranque es cuesta arriba. Tenemos que pensar las fiscalidades en el medio y en el largo plazo. Dentro de tres años tendremos un escenario distinto y hay que preparar la fiscalidad para entonces, no para mañana ni para pasado. Ahora tenemos a todo el mundo con la tasa Google, con las tasas fáciles. Se la pones a un tercero que está en Estados Unidos o en Cupertino, que no es como si la pones aquí a alguien que está en Guadalajara.
Hay que pensar la fiscalidad post-Covid. En un horizonte donde hay que empezar a amortizar deuda pública en España. En algún momento hay que cerrar el grifo, lo que será más complicado si las tasas de paro son elevadas, pero este es un proceso de reflexión que hay que empezar a hacer.
¿Por dónde se puede empezar?
Los impuestos indirectos son muy golosos. El impuesto a la electricidad es muy goloso porque todo el mundo enchufa. Hay que pensar una fiscalidad que tenga en cuenta las externalidades y tiene que estar muy pactada a nivel nacional. Es necesario un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, para tener un sistema estable que no esté cambiándose cada tres o cuatro días.
¿Es un error no haber subido el impuesto al diésel en estos Presupuestos?
No entro en el juego de los grupos parlamentarios de si me aprueban una enmienda me apunto a un bombardeo. Creo que la transición energética es progresiva. La electrificación es progresiva. Lo importante en este momento sería que los Presupuestos tuvieran una gran partida con cargo a los fondos futuros para poner las instalaciones de carga de electricidad e hidrógeno necesarias en España. Eso me parece más inteligente, pero comprendo que la industria en este momento está fabricando vehículos diésel. Si miras los taxis en Madrid la mayoría ya son híbridos. Estamos asistiendo a un cambio radical, pero el juego no me divierte nada. He vivido en la política europea y de la seriedad a largo plazo y hay que sacar marcos estables con arquitecturas complejas y hacerlo con mucha negociación y consenso. Toda la negociación energética de la UE fue aprobada con más del 80% de los votos del Parlamento Europeo y con 26 de los 28 Estados, y la climática igual. Si en Europa se han podido poner de acuerdo ocho grupos parlamentarios de 28 nacionalidades… ¿por qué en un país es imposible llegar a un consenso básico sobre el mayor desafío de la humanidad?
A mí lo que no me gusta es que de pronto salga un responsable político de un país y diga: en España no habrá ni un solo coche diésel en 2030. ¿Y usted qué sabe? Tiene usted la electrificación del país lista en 2030 o 2040. ¡Ojalá! En 2050 sí sabemos que tendrá que haber neutralidad climática y habrá países que lo conseguirán en 2030 y otros en 2040, pero es muy complicado decir que en un país se vende un coche y en otro no se vende porque el mercado es único. Esa es la fuerza del mercado único.
¿Y qué propone?
Como me ha tocado negociarlos, creo mucho más en la política de poner estándares de emisiones de CO2 al sector del automóvil que empezar con prohibiciones.
Cuando se pone una prohibición se puede decir, bueno, pues no produzco nada y que lo traigan los chinos, pero si se hace progresiva la adaptación a base de incrementar los límites de CO2, la industria europea desarrollará tecnologías punteras. La adaptación será progresiva y al Estado le dará tiempo a poner en marcha la infraestructura de recarga.
Lo que quiero ver cuando termine todo este debate de Presupuestos y la negociación es ¿qué dinero se destina a montar la infraestructura necesaria para desarrollar la movilidad sostenible?
Me hubiese gustado más un grupo parlamentario que hubiera dicho: quiero cinco millones de puntos de recarga o que todos los pueblos -hasta los de 200 habitantes- tengan un punto de recarga. Quiero que en todas las gasolineras haya diez puntos o 20 puntos de recarga rápida. No lo sé. O quiero poner una megafábrica de baterías en el sitio que la logística aconseje y no en la autonomía a la que haya que beneficiar por un trapicheo político. Eso es lo que a mí me gustaría.
Cuando empecé con este tema y sacamos la primera comunicación de la Unión de la energía, el presidente Juncker pidió que le pusiéramos cosas concretas y le pusimos una hoja de ruta con 45 acciones. Me dije: esto es imposible de desarrollar con estos países y este Parlamento. Pues salieron las 45. O sea que todo es posible si se pone buena voluntad y muchas horas.
El Gobierno está trabajando en la Ley de movilidad sostenible. ¿Qué le parece?
Primero hay que ver la Estrategia de movilidad sostenible que va a salir ahora en la UE. Es mucho mejor desarrollar el paraguas europeo que hacer una cosa -que es muy fea-, que como conoces lo que está haciendo la UE intentas sacar algo antes de que esté el producto final. Vale la pena esperar y a partir de ahí hacer el desarrollo nacional que se quiera. Creo más en el esquema de arriba a abajo. Eso permite que las cosas tengan su lógica.
¿Hemos avanzado con las baterías?
La UE solo producía el 2% de las baterías, que venían principalmente de Japón, Corea y China que ya estaban tomando posiciones en el suministro de los materiales raros necesarios. Todo el mundo se estaba moviendo y la UE no.
¿Por qué no se movía?
Porque el sector del automóvil que era líder en el motor de combustión interna estaba amortizando las inversiones. No se planteaba una necesidad de baterías porque no había nada que abastecer. China suministraba todos los autobuses urbanos eléctricos. Afortunadamente eso ha cambiado. La UE ha sido muy inteligente y ha avanzando en la estrategia y los megaproyectos de baterías que exigen una revisión de las normas de ayudas de Estado y de las normas de competencia. Se necesitan grandes conglomerados que produzcan las baterías para los fabricantes de automóviles de manera sindicada sin que eso constituya un cártel que pueda ser atacado por la normativa de competencia.
La UE tiene que hacer una revisión integral del derecho de la competencia, porque está pensado antes de la globalización y ahora el mercado relevante ya no es el nacional o el europeo, sino el mundial.
Cuando Siemens y Alstom se quieren fusionar hay que pensar en los ferrocarriles chinos no en Talgo. En las baterías hay que hacer esa reflexión y en segundo lugar tomar decisiones de explotar los recursos endógenos que tengamos en ese campo -si los hay- o tomar posiciones en terceros países para garantizar el abastecimiento. China lo tiene muy claro. En el mapa de África están posicionados con el níquel, el litio. Se pueden poner banderitas y aquello es un espectáculo. El vicepresidente Sefcovic, que trabajó conmigo en esto, hizo un buen trabajo. Ahora hemos comenzado con el hidrógeno.
Todas las fuentes de energía son necesarias. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que en el 2030 no habrá motores de combustión interna, no habrá combustibles fósiles. Mire, eso no es verdad. En 2030 los combustibles fósiles seguirán siendo dominantes y habrá combustibles fósiles porque se tienen que usar como materia prima para la industria química, el transporte marítimo -que es muy difícil de electrificar- o el aéreo. Los aviones no van a volar con baterías de ion litio. Hay que pensar que las cosas no son tan simples. Es verdad que la decisión que hemos tomado complicada es que descarbonizaremos totalmente la economía en 2050, lo que quiere decir que habrá emisiones que podremos eliminar y sustituir por otros combustibles renovables, pero otras no lo podremos hacer y necesitaremos dos cosas: las técnicas de captura y secuestro de CO2 para procesos industriales y también necesitaremos desarrollar mucha biomasa sostenible y hacer políticas agresivas de gestión forestal. Tenemos unos retos espectaculares.
¿Cómo ve el proyecto de Ley de cambio climático español?
Primero hay que entender los conceptos. Neutralidad climática es que hay balance neto cero de gases de efecto invernadero. Europa es muy ambiciosa, porque cuando la ciencia recomendaba que la neutralidad de carbono se alcanzara en el nivel global en 2050, la neutralidad climática en 2060 o 2070, la Unión Europea hace todo en 2050. El objetivo europeo de neutralidad climática es muy fuerte. El más avanzado y ambicioso de todas las grandes economías.
En segundo lugar, la UE no solo ha trazado este objetivo de neutralidad climática que ya ha sido asumido por los jefes de Estado y de Gobierno, incluido el del Estado español en el consejo de diciembre de 2019. España asume que la neutralidad climática es la meta. Lo importante para la neutralidad climática son dos etapas intermedias. No se llega de cero a 100 sin pasar por un camino. La UE ha estado discutiendo desde diciembre de 2019 hasta la actualidad si esa etapa intermedia era de 50 o de 55 y se ha optado por 55, que no está aprobado todavía porque el Consejo Europeo de octubre no llegó a ningún acuerdo. La Comisión está trabajando con un bloque de países de Europa central y oriental que no quieren aprobar esa ley hasta que haya garantías de cómo les afecta en su país y los elementos de solidaridad que pueda haber. Los objetivos además tienen muchos visos de ser un objetivo mínimo a cumplir, porque el Parlamento Europeo ha votado por un 60%, por tanto el diálogo está entre el 55% y el 60%.
¿Qué pasa con el plan español?
Pues que está concebido en un horizonte del 40% de reducción de emisiones e incluso era más ambicioso que los objetivos que había asignado la Unión Europea. La situación en este momento es que todos los planes nacionales van a tener que actualizarse cuando se conozca el objetivo definitivo y la legislación sectorial. El plan español, como todos los planes, tiene buenas intenciones. Están alineados con la ambición antigua de la Comisión y menor concreción con las medidas de apoyo a la eficiencia energética y a la movilidad sostenible, pero van en la buena dirección y están en línea con un grupo de países que tienen más ambición climática.
Con esta situación ahora veremos cómo la Ley de cambio climático se alinea con toda la legislación que viene. No tendría sentido poner en marcha una Ley cerrada a gran velocidad antes de conocer el marco normativo a 2030. Es muy bueno que la ley nacional interiorice la legislación europea. En mi modesta opinión esto no es un juego de ver quién se apunta un tanto político, esto es ver quién hace la mejor ley adaptada a la ambición europea, que es muy alta y muy complicada de conseguir.
¿El 60% es posible?
Llevo muchos años en trílogos. Como comisario hacía una cosa que hacían pocos comisarios y que era estar presente en todas las negociaciones con el Parlamento. Conozco muy bien aquella casa y no acepta sin más la propuesta de la Comisión. Por eso cuando hacíamos propuestas era muy prudente porque, pusiera lo que pusiera, el Parlamento no se iba a conformar. El riesgo de poner un objetivo muy alto, como han hecho Timmermans y Von der Leyen, es que el Parlamento le pasa siempre por la izquierda. Y se mete en una dinámica muy complicada, porque los Estados miembros tienen que decir todavía si aumentan al 55% y ya es complicado cumplir los objetivos actuales. Por lo tanto, estoy seguro de que va a ser un debate muy duro.
LAS MAÑAS Y AZARES QUE PERMITIERON EL PACTO PRESUPUESTARIO Artículo de Pedro Vallín publicado en La Vanguardia el pasado día 6
La exitosa aprobación de las cuentas fue fruto de la estrategia de Sánchez, la táctica de Iglesias y la contingencia catalana. La aprobación de los presupuestos generales del Estado con 188 votos favorables, doce más de la mayoría absoluta, es un éxito para el Gobierno que a punto estuvo de ser aún mayor. “La verdad, nada ha sido fácil”, reconocen los negociadores. No fue un camino de rosas, ni nada estaba hecho de antemano, pero en este triunfo concurren, además de la habilidad estratégica del equipo del presidente, Pedro Sánchez, y la audacia táctica del vicepresidente, Pablo Iglesias, algunos azares que allanaron el camino a las cuentas y estuvieron cerca de lograr la cuadratura de círculo que habría sido incorporar a Ciudadanos al bloque de aprobación. Lo que no ensombrece el exitoso cambio de rasante que parece despejar el camino a una legislatura completa. Repasamos los últimos meses y algunos acontecimientos que a la larga fueron claves para poner en marcha el derribo de las piezas de dominó, hasta completar la figura de la votación del jueves.
9 de julio: La “inminente” crisis de Gobierno
La cantinela duraría todo el verano, pero casi por sanfermines empezó a circular por los mentideros madrileños el insistente rumor de que, pasado lo peor de la primera ola de la pandemia, Sánchez planeaba una crisis de Gobierno que reduciría el poder de Unidas Podemos y dejaría franco el camino para negociar los presupuestos y el resto de la legislatura con Ciudadanos, convertidos los morados en mero sujetavelas aquiescente del feliz ayuntamiento.
3 de agosto: Crisis monárquica
La marcha del país del rey emérito, Juan Carlos I, durante semanas en paradero desconocido, provocó airados reproches entre los socios de la coalición. Debido a que Sánchez no informó a los ministros de Unidas Podemos, dejó el camino expedito para que Iglesias y los suyos hicieran profesión de fe republicana. El día 6, la vicepresidenta Carmen Calvo salió a reprochar a Iglesias que hablase de “huida” argumentando que al no haber causa penal abierta, su salida del país no podía considerarse una fuga. La tensión generada por este episodio alimentó durante el resto del mes de agosto, informativamente exánime, las especulaciones sobre el acercamiento del PSOE a Ciudadanos y la pérdida de poder de Unidas Podemos en el Gobierno. Se dio por supuesto que PSOE y Cs estaban ya diseñando las líneas maestras de los presupuestos. No era así.
28 de agosto: Podemos pone pie en pared
Podemos eligió la rueda de prensa de su primera ejecutiva tras las vacaciones para anunciar un veto informal a Cs. Isa Serra, portavoz del Consejo de Coordinación, dijo en rueda de prensa que la presencia de la formación naranja en el diseño de las cuentas era “incompatible” con Podemos. La supuesta docilidad con la que los morados iban a asumir el giro socialista al centro que estuvo fraguándose todo el verano, mientras la pandemia daba un leve respiro, saltó por los aires. Aunque la prensa habitualmente está a la que salta con crisis en la coalición de Gobierno, reales o imaginadas, lo cierto es que ese día, como reacción a las palabras de Serra, sí hubo una larga conversación entre Sánchez e Iglesias. El presidente consideraba un desafío el anuncio de Podemos, mientras el vicepresidente aún tenía fresca la exclusión a que fue sometido en el caso de la marcha del emérito. Así que la charla no fue plácida. Pero sirvió para fijar una reunión discreta de ambos unos días después y de ella surgió un acuerdo estratégico sobre el enfoque de la negociación presupuestaria que acabaría siendo todo un éxito: Iglesias era comisionado para captar a los socios de la moción de censura –excepto el PNV, con el que negociaría el PSOE en conversaciones bilaterales con Ajuria Enea– y los socialistas empezarían a hablar con Inés Arrimadas, que el 3 de septiembre anunciaba su disponibilidad. Podemos no vetaría explícitamente a Cs, pero el borrador de los presupuestos lo elaborarían al alimón los dos socios de coalición. También se cierra a partir de entonces una coordinación reforzada entre sus respectivos estrategas, Iván Redondo y Juanma del Olmo, que será capital en las semanas sucesivas en la coordinación de las dos formaciones políticas. Ese mismo día de agosto, en Catalunya se da por supuesta la ruptura de JxCat y el PDECat.
3 de septiembre: Torra expulsa al PDECat
Mientras Artur Mas trabaja intensamente para recoser alianzas para impedir que JxCat y el PDECat vayan separados a las urnas, el president, Quim Torra, a punto de ser inhabilitado, destituye a la consejera del PDECat Àngels Chacón. Junts y PDECat parten peras, y estos últimos confirman lo que ya era una posibilidad cierta: mantendrán una estrategia autónoma de los de Carles Puigdemont en el Congreso. La humillación de Torra convierte a los cuatro diputados del partido en Madrid, encabezados por Ferran Bel, en el recurso idóneo para visibilizar la acción del PDECat en los meses que faltan hasta las elecciones catalanas. Y la negociación inminente de los presupuestos es el principal escaparate de su posibilismo político. El PSOE toma nota de la jugada y sabe que el horizonte presupuestario se aclara.
9 y 14 de septiembre: ERC y Bildu dan el paso
El golpe en la mesa de Podemos en agosto abrió la vía a que ERC y Bildu, deseosos de postularse como fuerzas políticas de gobierno y con capacidad de gestión, se sumaran a las negociaciones de los presupuestos. El día 9 el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, recogía el guante que lanzaba Podemos con su desafío al PSOE y en la sesión de control del Congreso se dirigía a Iglesias: “Si aguantáis, aguantaremos”. Una promesa, casi un pacto. A los cinco días, Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu en el Congreso, anuncia que se ponen manos a la obra, después de que el coordinador general de la coalición EH-Bildu, Arnaldo Otegi, confirmara la disposición de su formación a facilitar la gobernabilidad y formar parte de un bloque histórico que condicione la dirección del Estado. Ni Bildu ni ERC ponen condiciones extrapresupuestarias, y dejan claro que, para que abandonen la negociación, tendrán que echarlos. Las dudas en torno a la actitud final de la tan a menudo voluble Esquerra se despejan: el movimiento del PDECat por un lado y el de Bildu por el otro flanquean la posición y estrategia de los republicanos. Aunque oficialmente no se negociará con los grupos parlamentarios hasta que esté listo el borrador de los presupuestos, los contactos discretos comienzan de inmediato, dirigidos por la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, mientras el grueso del documento que irá al Consejo de Ministros –tal y como habían pactado Sánchez e Iglesias en septiembre– lo negocian la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, también secretario de Economía de Podemos.
7 de octubre: Sánchez e Iglesias en la Moncloa
El miércoles día 7, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón remite al Tribunal Supremo (TS) el llamado caso Dina –sobre el robo del móvil de la colaboradora de Iglesias y la aparición de su contenido en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo– para que estudie la posible imputación y la petición de suplicatorio para el vicepresidente. La decisión se comunica mientras Sánchez presenta en un acto solemne los pormenores del plan de ejecución de los fondos europeos. El compromiso de Cs para sumarse al pacto presupuestario lleva a su portavoz adjunto, Edmundo Bal, a anunciar que seguirán negociando, a pesar del giro del caso Dina, aunque pide la
renuncia de Iglesias. Pero no dibuja líneas rojas. Presidente y vicepresidente hablan brevemente del asunto minutos después y se reúnen por la tarde en la Moncloa para poner al día los avances en la negociación presupuestaria. El grueso de las cuentas está cerrado, pero persisten flecos sobre política fiscal y alquileres.
21-22 de octubre: Moción de censura de Vox
Miércoles y jueves se desarrolla el pleno de la moción de censura de Santiago Abascal contra el Gobierno de Sánchez. La sorpresa la dará el jueves el líder del PP, Pablo Casado, al anunciar su voto negativo a la moción en un discurso durísimo con el líder de la ultraderecha. La derecha aparece dividida pero el mensaje de Vox en la sesión, mezcla de paranoia trumpista y aromas de viejo nacionalcatolicismo, funciona como aglutinante de la mayoría de la investidura: las intervenciones de los portavoces perfilan un camino más llano para el pacto de presupuestos y convierten a la formación reaccionaria en el adversario común de los socios de enero.
23 de octubre: Ultimátum de Podemos
El viernes, Unidas Podemos comunica su amenaza formal de no apoyar los presupuestos si no se solucionan los escollos en las materias de conflicto. A cuatro días de la presentación formal del acuerdo, los de Iglesias aprietan con medidas que estaban incluidas en el acuerdo de coalición y que el PSOE se resiste a incorporar, como las relativas a alquileres, progresividad fiscal y mejora del ingreso mínimo vital. La estrategia explícita de Iglesias es virar el documento a la izquierda con el doble objetivo de poner la alfombra a ERC y Bildu y dificultar la incorporación de Cs. Durante el fin de semana, Montero y Álvarez alcanzan un acuerdo en materia de impuestos y el lunes se logra otro en materia de vivienda, en forma de compromiso de legislar antes de tres meses. A última hora, se logra convenir también la mejora de la prestación del ingreso mínimo vital.
27 de octubre: Presentación del presupuesto
Sánchez e Iglesias presentan juntos el texto, que no es un borrador, como en principio estaba previsto, sino un proyecto de ley que irá directamente al Congreso. La demora de este acto, en principio prevista para finales de septiembre, explica que el documento madurado por Montero y Álvarez, y a la vez discutido discretamente con otras fuerzas parlamentarias, esté muy acabado. Tanto Arrimadas como Bal insisten en la voluntad de Cs de mantenerse en la negociación, pese a los acuerdos de última hora en materia fiscal y de vivienda entre PSOE y Podemos. El plan de Iglesias funcionó en parte: logró acercar a ERC y Bildu, pero no alejar a Cs, formación con la que el PSOE mantiene la interlocución abierta entre Félix Bolaños y Carlos Cuadrado. En todo caso, la hipótesis de la investidura –foto de familia de la España progresista y plurinacional– se consolida. Sánchez no emite queja alguna, pero aún espera mantener a Cs.
11 de noviembre: Otegi anuncia el sí de Bildu
Los intensos contactos de Iglesias con Bildu y ERC fructifican en un inesperado anuncio de Otegi en Radio Euskadi. A primera hora de la mañana asegura que, “si nada se tuerce”, votarán sí a los presupuestos. Más palos en las ruedas para Arrimadas. Desde Madrid se eleva un clamor mediático contra Bildu. Algunos barones y viejas glorias del socialismo –más o menos los mismos que en octubre del 2016 lanzaron por una ventana de Ferraz a Sánchez– ponen el grito en el cielo. La Moncloa recibe en silencio el apoyo de Otegi. Iglesias lo celebra. Pese a la presión, nadie del entorno de Sánchez pone peros a Bildu. El martes 17, Lastra despeja dudas con una frase rotunda: “Siempre escucho atentamente a nuestros mayores pero ahora nos toca a nosotros, somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y el PSOE”. Altas instancias de la Moncloa sólo lamentan “el foco innecesario que se le puso a Bildu, no hacía falta”. Las enmiendas acordadas, alegan, “son de lo más normales”. No rompen España. Ese mismo día 17, Podemos, ERC y Bildu añaden una enmienda sobre desahucios.
13 de noviembre: el PNV se hace valer
Aunque nunca peligró la implicación del grupo Vasco en las cuentas, el protagonismo de EH Bildu, segunda fuerza política en Euskadi, lleva al PNV a hacer valer sus apoyos. Aitor Esteban anuncia desde Madrid un paquete de enmiendas pactado con el PSOE, que incluye la supresión del impuesto al diésel, uno de los trofeos que ansiaba para su anaquel Cs. Los incentivos se acaban.
26 de noviembre: Arrimadas dice no
Apenas cinco días antes de que el Congreso comience el debate de presupuestos, Arrimadas anuncia su no. “Hasta aquí llegó Ciudadanos”, asumen en la Moncloa. María Jesús Montero había dicho que con Cs solo se negociarían partidas presupuestarias. Los naranjas ponían dos condiciones fuera de las cuentas: el veto a “extremistas y separatistas” y la retirada de la enmienda lingüística de la ley Celaá. Ciudadanos no tiene triunfos que exhibir. El acecho de las elecciones catalanas, donde se juega la vida, hace a Arrimadas renunciar. En las horas siguientes, Compromís, Más País, el PRC o Nueva Canarias anuncian su voto favorable. Podemos, ERC y Bildu retiran su enmienda de desahucio ante la promesa de un acuerdo. Pero a la Moncloa aún le queda una última carta por jugar: “Estamos buscando un acuerdo con el PDECat”, advierten. Y también consiguen sumar a sus cuatro diputados. La mayoría de la investidura, revisada y ampliada: 11 partidos, 188 votos.
Artículo en: https://www.lavanguardia.com/politica/20201206/49908406859/gobierno-psoe-podemos-erc-esquerra-pnv-bildu-pacto-presupuestos-sanchez-iglesias.html
