En la exposición de motivos, la formación liderada por Yolanda Díaz señala que los centros concertados «generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente)»

El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes «con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas».

Asimismo, le pide promover, en el marco de las competencias estatales, la garantía de proporcionar plazas públicas suficientes en los alrededores o accesibles para los nuevos desarrollos urbanísticos que se produzcan.

Sumar reclama al Gobierno que inste a las administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o de otras administraciones públicas) para centros escolares privados, según establece la Disposición Adicional Decimoquinta de la citada Ley.

Igualmente, insta al Gobierno a revisar, en coordinación con las comunidades autónomas, los conciertos actuales y los recursos distribuidos, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos actualmente, y el desarrollo de los índices de natalidad, atendiendo a la territorialidad.

La iniciativa propone que el Ejecutivo, en coordinación con las Administraciones competentes, establezca mecanismos normativos y protocolos administrativos «para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde se mantengan conciertos con la enseñanza privada concertada».

Por último, reclama promover el aumento de la oferta pública de la Formación Profesional y Educación Infantil de 0 a 3 años, «a fin de fortalecer e invertir lo necesario en estos niveles educativos que cada vez cuentan con menos inversión y respaldo público para cubrir todas las necesidades de la población».

En la exposición de motivos, advierte de que los centros concertados «generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos».

Si nadie lo remedia, el choque de trenes entre el PSOE y Sumar a cuenta de la tributación del salario mínimo será siniestro total para el Gobierno de coalición. A pesar del abrazo público entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, forzado ayer como gesto público de paz, la posición sigue siendo de choque frontal en cuestión de fiscalidad. Fuentes de Sumar aseguran que llegarán «hasta el final» y, si Moncloa decide presentar un veto para evitar que el Parlamento legisle a favor de un SMI exento de pagar el impuesto de la renta, unirán sus fuerzas con el PP en la Mesa del Congreso para levantarlo.

El enconamiento es máximo y los dos partidos del Gobierno llevan una semana con declaraciones hostiles hacia el otro. El PSOE acusa a Sumar de «populismo fiscal» y, al revés, los de Díaz acusan a Montero de «confundir» el debate y aplicar la «ortodoxia» económica. Y aunque desde Moncloa insisten en que el asunto se solucionará, en Sumar no descartan que el Gobierno se parta en dos en el Congreso. «Llegaremos hasta las últimas consecuencias», insisten fuentes del grupo minoritario del Gobierno. Desde Ferraz insistían ayer que no hay «marcha atrás». Sobre la factura que ello pueda suponerle al Gobierno, estas fuentes añaden que «el salto cualitativo» en esta guerra ya lo dio Hacienda al filtrar, en pleno Consejo de Ministros, que empezarían a gravar el SMI, lo que desató una batalla inédita y en directo entre las dos ministras.

La Mesa de la Cámara ha calificado este martes las tres proposiciones de ley formuladas por Sumar, el PP y Podemos para eximir a los perceptores del SMI de hacer la declaración de la renta. El reloj parlamentario se activará formalmente una vez que los textos sean publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, previsiblemente este jueves. El Gobierno tendrá a partir de entonces 30 días hábiles para decidir si bloquea estas iniciativas alegando una merma de ingresos o un amento de gasto presupuestario. Hay una cuarta iniciativa, una proposición no de ley sin efectos jurídicos que firman ERC y BNG, contrarios también a que se grave el SMI, lo mismo que Bildu.

En Sumar no ocultan la gravedad que supone votar con el PP en la Mesa para torcer el brazo a Hacienda, pero insisten en que están determinados a hacerlo porque el salario mínimo es una cuestión de «política central» para su grupo; de hecho, la gran bandera de Yolanda Díaz desde que entró en el Gobierno de coalición. «Votaremos a favor de levantar el veto de Hacienda», afirman fuentes de la dirección del grupo parlamentario, que anticipan que es inviable un acuerdo intermedio con Montero. «No nos va a gustar su propuesta», anticipan desde la convicción de que en este debate solo puede ganar uno, PSOE o Sumar.

El grupo está liderado por José Miguel Contreras, director de Contenidos de la empresa; Joseph Oughourlian, presidente de la editora, se quedaría con Santillana. Separar Prisa en dos compañías distintas, dejando por un lado Santillana y, por el otro, el negocio de los medios de comunicación, con El País, la Cadena SER, Cinco Días, el diario AS y el resto de publicaciones y radios del grupo. Ese es el planteamiento que un grupo de accionistas españoles de Prisa ha presentado al presidente de la editora, Joseph Oughourlian, con una oferta sobre la mesa de 450 millones para quedarse con la división de medios.

Con una participación conjunta de alrededor del 17%, este grupo, que está liderado por José Miguel Contreras, actual director de Contenidos de Prisa, cuenta con el respaldo de Global Alconaba, una firma encabezada por Andrés Varela, uno de los fundadores de Globomedia, con un 7% del capital; Adolfo Utor, dueño de Balearia, que tiene otro 5,4%, y Diego Prieto, fundador y presidente del Grupo SSG, compañía dedicada al transporte sanitario, con otro 3,1%. «Presentamos una oferta inicial hace un año como consecuencia de que Oughourlian manifestara su disponibilidad a vender los medios», explican fuentes de este grupo de accionistas, que confirman, además, que esa propuesta vuelve a estar ahora sobre la mesa. De momento, estos accionistas han acordado ya quedarse con el 70% de la nueva cadena de televisión de Prisa, a la que se conoce ya como La Séptima, y en la que la editora tendrá una participación de solo el 30%.

REPARTO DEL CAPITAL DE PRISA

A partir de aquí, la idea es que Oughourlian, que tiene actualmente el 29,5% de Prisa, se quede con Santillana, ingrese 100 millones y utilice otros 350 millones de euros más para reducir la deuda de Prisa, que supera los 800 millones y que está pendiente aún de un acuerdo de refinanciación con Pimco. Aunque en un principio esta entidad había bloqueado la operación, negándose a renegociar los intereses, parece que ahora está dispuesto, al menos, a largar el vencimiento otros tres años más, de 2026 a 2029, dando así un respiro a la compañía.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

La operación de segregación de Prisa cuenta con el respaldo total del Gobierno y, previsiblemente también, podría recibir el apoyo de Santander, que tiene otro 5,4% del capital, así como de la familia Polanco, con una participación de otro 7,6%. La gran duda está en qué decisión pueda tomar Vivendi. El conglomerado francés está recibiendo presiones del Gobierno, pero por ahora ha estado alineado en todo momento con los intereses de Oughourlian y de su fondo, Amber Capital.

El deseo de Moncloa y de gran parte de estos accionistas críticos es que José Miguel Contreras presida la nueva empresa que se quede con los medios, aunque desde el entorno del empresario es una opción que descartan por completo en este momento. Los accionistas críticos recuerdan que Oughorulian dio una entrevista en diciembre de 2020 a El País en la que aseguró que «el negocio de medios había recibido ofertas de derribo» y que iba a demostrar que valía más de 200 millones, que es menos de la mitad de lo que están ofreciendo ahora. En la misma línea, recuerdan también que ese momento aseguró además que su presidencia iba a ser interina – «se abre un periodo de transición y lo quiero llevar bien», aseguró en aquel momento- mientras que ahora se niega a marcharse.

CONTRADICCIONES

«Estoy en Prisa para quedarme, quiero vivir los años buenos que tenemos por delante», manifestó en una nueva entrevista en el mismo periódico en junio del año pasado. De acuerdo siempre con las fuentes consultadas el principal escollo para llevar a cabo ahora la operación de segregación y separar los medios de Santillana es que «Oughourlian reclama 600 millones de euros», una cantidad que los accionistas españoles, que contarían ya con la financiación necesaria para llevar a cabo la operación, consideran inasumible. Pero no eso es eso. Otro problema es que, pese a la presentación de esta oferta y en plenas negociaciones entre los dos grupos de accionistas, ultima la presentación de una propuesta el próximo día 25 de febrero al consejo de administración para segregar el negocio de medios en América en una nueva sociedad.

Tal y como informó el sábado elEconomista.es, esta propuesta ha provocado un fuerte malestar interno en el equipo gestor, que se opone de forma tajante a la operación. Oughourlian pretende con ello, entre otras cosas, restar poder al actual presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez, e impulsar el negocio americano al margen del grupo, sin descartar incluso una posible venta. Y en plena pelea, el deterioro del negocio es constante. Prisa perdió 37,3 millones de euros en los nueve primer meses del año pasado, frente a unos números rojos de 36,7 millones de euros en el mismo periodo de 2023. La editora registró unos ingresos de 635 millones de euros, lo que supone igualmente un 6,5% menos que hace un año, debido fundamentalmente a efectos extraordinarios.

Dejen de preocuparse por la administración Trump. Si les preocupa la oligarquía y los aranceles, no tienen que ir tan lejos. El verdadero arancel que sufren las empresas españolas y europeas es la burocracia y la asfixia regulatoria y fiscal. La oligarquía peligrosa es la Comisión Europea.

Sánchez es el mayor arancel que sufre la economía española. Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más está afectando a los niveles de inversión, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019. El informe del Instituto Juan de Mariana «Asfixia empresarial sobre la sobrerregulación y la burocracia en España» es demoledor.

El coste de los obstáculos políticos para que las empresas puedan operar en la UE asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar. España se encuentra a la cola en los indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE. Mucha regulación y mala, exceso de normas, trabas ridículas y un coste enorme por litigios.

Una de las conclusiones más importantes es el desastre de la regulación mal llamada «verde». 9.489 regulaciones aprobadas de 2000 a 2022. Seis en España por cada norma en Francia, que no es ningún ejemplo de simplicidad burocrática o de desregulación. La evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores resultados en la protección del medio ambiente, como se ha visto con los desastres de gestión de infraestructuras y normas lesivas que luego empeoran las consecuencias de las catástrofes naturales.

CARGAS IMPOSITIVAS

Otro elemento asfixiante es el de las cargas impositivas y la necesidad de dedicar cada vez más recursos a cumplirlas, además del expolio fiscal. Las obligaciones tributarias incluyen más de 200 modelos y las obligaciones de información son cada vez más extensas y con distintos calendarios.

A mí lo que me aterra es que la nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad eleva de 80 a 1.125 los requerimientos de información a las empresas, que la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios y, como guinda, el llamado Gran Hermano Turístico que obliga a solicitar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles.

España está a la cola en la evolución del ranking de calidad regulatoria del Banco Mundial entre 2018 y 2022 y queda en un triste puesto 97 en el último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios.

Lo vergonzoso es que los burócratas reconocen que el exceso de burocracia lastra a la economía, pero siguen creando normas sin control. La brújula de la competitividad de la Comisión es un ejemplo claro. Habla de exceso de regulación, pero no especifica qué eliminar ni cómo.

Europa estaría mejor si los políticos vieran a las empresas como lo que son en su mayoría: responsables y competentes. Sin embargo, se están cargando a la gallina de los huevos de oro que les da de comer. La burocracia nos asfixia y en España sigue con la mentira del cohete. Tenemos casi 50.000 empresas menos cotizando que cuando llegó Sánchez a la Moncloa.