“La Guardia Civil abre expediente disciplinario y suspende al exagente de la UCO investigado por el ‘caso Leire Díez’”, de Europa Press; “Sánchez acelera el asalto al censo para las generales sacando del control de los funcionarios la nacionalización masiva en Argentina”, de Isabel Durán; “La directora de la Guardia Civil, a una llamada de una posible imputación”, de Sara S. Bas; “El ‘caso Zapatero’ genera inquietud en Bruselas por el papel de Ribera y debilita a España: `La posición de Sánchez en la UE se resiente´”, de Daniel Viaña; y “La MaZia: Pedraz descubre que la X de la mafia del PSOE es una Z”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 3)
LA GUARDIA CIVIL ABRE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO Y SUSPENDE AL EXAGENTE DE LA UCO INVESTIGADO POR EL ‘CASO LEIRE DÍEZ’
Artículo de Europa Press publicado en su web el pasado día 3
Según informan a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, Sánchez Yepes también ha sido suspendido de funciones como medida cautelar. El capitán ejercía hasta ahora como profesor para temas internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).
El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz centró una de las líneas de investigación del ‘caso Leire Díez’ en el rol que asumió este ex agente de la UCO por presuntamente revelar secretos contra su antigua unidad y colaborar para «impulsar sospechas ante la directora general de la Guardia Civil».
El capitán estaba siendo investigado con anterioridad en otra causa relacionada con un fraude en el sector de los hidrocarburos y, según la investigación de la que participa la propia UCO, se habría prestado a colaborar con la presunta trama del ‘caso Leire Díez’ vinculada a la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
El juez sospecha de que promovieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado «tratando de germinar el despectivo y contaminante título de la ‘UCO patriótica» y que, además, también acabaron «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada».
REUNIONES CON DOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL
El auto menciona que el abogado Jacobo Teijelo –que ejercía la defensa de Sánchez Yepes en otro caso de hidrocarburos– celebró una reunión en diciembre de 2024 con el capitán de la Guardia Civil para presentarle a Leire Díez como una «persona del PSOE», de la que hay una grabación que consta en la investigación.
En aquella reunión, a la que también asistieron Teijelo y Javier Pérez Dolset, Sánchez Yepes llegó a dar información del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, a sabiendas de que era información reservada. «Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», llegó a decir este capitán antiguo integrante de la UCO.
La exmilitante socialista también tuvo dos reuniones en marzo de 2025 con otro guardia civil, el comandante Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’. Este agente elaboró unas actas, que constan en las actuaciones judiciales, donde revela que Leire Díez le ofreció que le pagaran su defensa y que declarara como testigo protegido ante la Policía Nacional «contra la Guardia Civil y, concretamente, contra la UCO».
PERSONACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL
Por este motivo, agentes de la UCO se personaron el pasado 27 de mayo en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle de Guzmán el Bueno de Madrid para recabar las informaciones reservadas internas abiertas relacionadas con una posible filtración.
La UCO también acudió a la sede del PSOE en Ferraz y realizaron registros en los domicilios de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid capital y de Javier Pérez Dolset en Móstoles.
El magistrado instructor ordenó estas diligencias porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
SÁNCHEZ ACELERA EL ASALTO AL CENSO PARA LAS GENERALES SACANDO DEL CONTROL DE LOS FUNCIONARIOS LA NACIONALIZACIÓN MASIVA EN ARGENTINA
Artículo de Isabel Durán publicado en El Debate el pasado día 2
El Gobierno externaliza el proceso para conceder la nacionalidad a los 645.052 solicitantes de la Ley de Memoria Democrática en el Consulado General de Buenos Aires y baraja hacerlo en otros consulados.
- Sánchez pretende conseguir que Buenos Aires incorpore al censo electoral más españoles que la población de ciudades como Málaga, Murcia o Palma.
- Argentina es históricamente el granero electoral del PSOE en el exterior y el que tiene más capacidad de alterar los resultados provinciales en las próximas elecciones generales.
Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. El Gobierno ha puesto en marcha una operación sin precedentes en la historia democrática española: acelerar la nacionalización masiva de los 2,5 millones de ciudadanos solicitantes de la vía Ley de Memoria Democrática mediante la externalización de parte del proceso de nacionalizaciones, ahora que la aceptación del DNI digital en las urnas es obligatoria desde el pasado 2 de abril.
El Ejecutivo ha decidido eliminar el control y custodia de los expedientes de nacionalidad por parte de los funcionarios y concedérselo a terceras empresas sin tan siquiera informar al Parlamento. Tampoco el ministro José Manuel Albares ha hecho mención alguna a este giro de guion. De esta manera, la empresa designada se encargará de digitalizar los datos de los expedientes de cada uno de los aspirantes y de introducirlos en el Registro Civil electrónico del Estado, lo que les abrirá la puerta a la obtención de la nacionalidad, y por tanto, de forma automática, el derecho a ejercer el sufragio universal.
El Ejecutivo se encargó de cambiar el sistema de concesión de DNIs en el real decreto 255/2025 que otorga validez legal al DNI digital. Con este decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de abril del año pasado, se otorgó a todos los consulados y embajadas la potestad de expedir los nuevos documentos nacionales de identidad digitales. Hasta ese momento, la Policía podía expedir el DNIs exclusivamente en sus oficinas extendidas por todo el territorio nacional dentro de nuestras fronteras. Este extremo fue ocultado por Albares y Marlaska en la rueda de prensa en la que se presentaron los avances del DNI digital y de la acción española en el exterior para los próximos años. Además, desde el pasado 2 de abril, todos los organismos y entidades públicos y privados tienen obligación de aceptar la identificación mediante el DNI en el móvil. Motivo por el cual el Gobierno cuenta con este sistema en las próximas generales.
Buenos Aires, «la prioridad nacional» de Sánchez
La llamada ´Ley de Nietos´ ha provocado un colosal colapso en los consulados españoles en todo el mundo. El Gobierno ha dado prioridad a la aceleración masiva de los expedientes del Consulado General de Buenos Aires. La elección no es casual. Se trata de la cancillería más grande de toda la red consular y la que concentra el mayor volumen, exactamente 645.052 solicitudes de nacionalización. Además, el centro de gravedad del voto exterior (CERA) se ha desplazado progresivamente hacia Hispanoamérica, en especial Argentina, debido precisamente al gigantesco volumen de nuevas inscripciones derivadas de la esta ley por la que se pretende convertir en españoles a millones de presuntos nietos y bisnietos de exiliados.
En un comunicado emitido en el mes de marzo la propia cancillería en la capital bonaerense reconoció públicamente que sus sistemas informáticos «no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales».
En el mismo comunicado se anunciaba la inédita solución adoptada por el ministerio de José Manuel Albares: «terciarizar (sic) la carga de los datos en papel de los expedientes LMD en el registro civil electrónico».
Fuera del control de los funcionarios
El burocrático lenguaje utilizado en realidad significa que el Ejecutivo ha decidido sacar fuera del control directo de funcionarios de carrera una fase crítica del proceso de construcción de identidad jurídica de cientos de miles nuevos ciudadanos españoles para acelerar al máximo su incorporación en el censo electoral.
Sánchez pretende conseguir que Buenos Aires incorpore más españoles que la población de ciudades como Málaga, Murcia o Palma, hasta situarla en entre las mayores concentraciones de electores españoles del planeta. Lo que el consulado presenta como un mero trámite para digitalizar documentos supone, en realidad, una operación política encubierta de enorme calado cuyo impacto en el censo de votantes españoles podría ser determinante para sus aspiraciones de mantenerse en La Moncloa en la próxima convocatoria a elegir las Cortes Generales.
El PSOE admite que busca «acelerar» las nacionalizaciones
La dimensión política de la operación quedó confirmada el pasado martes por el senador socialista y responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, durante su intervención ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
Mogo reconoció públicamente que el Gobierno está «poniendo los medios para agilizar las inscripciones de nacionalidad» derivadas de la ´Ley de Nietos´. El dirigente socialista reveló también que el Ejecutivo ha movilizado «más de 2.000 contrataciones» para reforzar la red consular. Esta declaración supone la primera admisión política explícita de que el Gobierno ha activado un sistema extraordinario para acelerar la incorporación masiva de nuevos nacionales en el exterior mediante apoyo externo y mecanismos de refuerzo ajenos a la estructura ordinaria de control consular.
Resulta especialmente significativo que sea el responsable del Partido Socialista –y no el Gobierno– quien anuncie las «más de 2.000 contrataciones para reforzar la red consular sin detallar cuántas corresponden exactamente a funcionarios, personal laboral, interinos, asistencias técnicas o servicios externalizados. Las palabras de Mogo adquieren especial relevancia porque el propio dirigente socialista subrayó otro dato clave: de los 3,2 millones de españoles residentes en el exterior, “el 73 % no han nacido en España», porcentaje que en América asciende hasta el 84 %.
Tercerizar, que no «terciarizar», como señalaba la información consular, es subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros. Por mucho que la empresa externalizada acelere el proceso necesitará todavía varios meses para digerir los cientos de miles de solicitudes. Este es el motivo –y no otro– por el que al jefe del Ejecutivo resulta vital mantenerse en el poder hasta 2027, pase lo que pase con los graves procedimientos judiciales en curso. Y el motivo por el cual Tezanos mantiene al PSOE 11,3 puntos sobre el PP tras el descalabro de Andalucía.
El Partido Socialista ha desplegado en los últimos tiempos una frenética actividad, especialmente en Hispanoamérica, donde altos cargos explican a toda la militancia que deben hacer comprender a los solicitantes de la nacionalidad que la obtendrán gracias su Gobierno al que deben estar agradecidos.
Con las maniobras en las urnas a varias bandas puestas en marcha por el Ejecutivo en el último quinquenio –uso del DNI digital en las urnas, censo de población sin contrastación física, nacionalización masiva de españoles por residencia y la cancelación masiva automatizada de antecedentes penales de cientos de miles delincuentes residentes en España que han cumplido sus penas– el alargamiento agónico del final de la XV legislatura acabará provocando con casi total seguridad la primera victoria electoral de Pedro Sánchez en las generales y, seguramente, alguna más. Tezanos tiene razón. Su profecía se verá largamente autocumplida.
LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL, A UNA LLAMADA DE UNA POSIBLE IMPUTACIÓN
Artículo de Sara S. Bas publicado en El Independiente el pasado día 2
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, podría ser una de las próximas imputadas por el juez Santiago Pedraz. Esto sería en el marco de la investigación del ‘caso Leire’. El magistrado llegaría a este punto si se demuestra que los expedientes de información reservada que abrió a varios agentes de la UCO se tramitaron por mandato de Leire Díez para intentar inferir en las investigaciones de los agentes de la Benemérita.
En el auto del magistrado, al que ha tenido acceso El Independiente, se desprende que Leire Díez en conjunto con Santos Cerdán, Pérez Dolset y la periodista Patricia López, intentaron impulsar «la sospecha sobre las actuaciones» de la UCO ante Mereces González. La directora habría abierto «sendos expedientes» de información reservada a algunos agentes. La cuestión es si esos agentes son los que estarían investigando los distintos casos que lleva la Audiencia Nacional y que ponen en el punto de mira al PSOE y a Pedro Sánchez.
Este diario ha podido saber que Pedraz podría tomar la decisión de imputar a la directora de la Guardia Civil. Esto se daría si se encuentran registros de conversaciones entre ella y Leire Díez que concuerden en espacio y tiempo con la apertura de los expedientes a los agentes. Un supuesto que agentes de la propia UCO no descartan.
Una relación espacio temporal
La clave de esa posible imputación reside en el contenido de los dispositivos y comunicaciones que están siendo analizados por los investigadores. Según las fuentes consultadas por El Independiente, la directora general sólo podría verse afectada penalmente si aparecieran conversaciones concretas. En ellas, Leire Díez trasladaría instrucciones o peticiones dirigidas a actuar contra determinados miembros de la Unidad Central Operativa. Además, dichas comunicaciones deberían guardar una relación temporal con la apertura de las informaciones reservadas para acreditar una eventual conexión entre ambas actuaciones.
La resolución del magistrado describe una estrategia por parte de la trama encaminada a desacreditar el trabajo de agentes, fiscales y jueces. Todos ellos vinculados a procedimientos especialmente delicados. En lo que respecta a la Guardia Civil, el auto apunta a una actuación dirigida a erosionar la credibilidad de la UCO mediante denuncias, filtraciones e iniciativas destinadas a cuestionar su labor investigadora.
En ese contexto se sitúan las informaciones reservadas abiertas contra varios miembros de la unidad. Tal y como adelantó El Independiente en diciembre del pasado año, la Dirección General de la Guardia Civil había puesto en marcha investigaciones internas contra agentes de la UCO por supuestas filtraciones. Entonces, diversas fuentes interpretaron aquellas actuaciones como una medida que podía terminar teniendo un efecto intimidatorio sobre los investigadores.
Una inquietud en la UCO
Según ha podido saber este periódico, la apertura de esos expedientes generó una profunda inquietud dentro de la unidad. Entre los agentes más directamente vinculados a las investigaciones que afectan al entorno del poder político se instaló una sensación de preocupación ante la posibilidad de convertirse ellos mismos en objeto de escrutinio interno. En otros sectores de la UCO predominó el malestar por considerar que la institución no estaba respaldando de forma clara el trabajo que desarrollaban por orden judicial.
Las críticas más contundentes llegaron desde las asociaciones profesionales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recordó recientemente que ya denunció en junio de 2025 los movimientos que, a su juicio, buscaban desacreditar a la UCO y a algunos de sus mandos. La organización acudió entonces a los tribunales para denunciar las actuaciones de Leire Díez. A ella le atribuían intentos de obtener información comprometedora sobre responsables de la unidad para perjudicar su imagen pública.
Tras conocerse el contenido de las últimas resoluciones judiciales, la AUGC emitió un comunicado. En el que alertó de la gravedad que tendría la utilización de mecanismos internos de la Guardia Civil para generar presión sobre los agentes. La asociación defendió que la UCO debe poder desarrollar su trabajo con «independencia absoluta». Adem advirtió de que el uso de informaciones reservadas contra investigadores encargados de causas sensibles podría comprometer la confianza en la institución.
La organización también reprochó el silencio mantenido por la Dirección General durante los últimos meses. Según manifestó públicamente, la ausencia de explicaciones y de un respaldo explícito a los agentes afectados ha generado inquietud entre numerosos guardias civiles. La asociación considera que la dirección del cuerpo debería haber aclarado los motivos que justificaron la apertura de las investigaciones internas.
Balas y Corbí
Según el auto judicial, la organización investigada, tenía entre sus objetivos la desestabilización de causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Una de las líneas de acción de la trama era «atacar la correcta dirección de las investigaciones» de la UCO. Esto lo hacían buscando información comprometida sobre sus mandos para lograr su neutralización.
El auto detalla que Leire Díez mantuvo reuniones con el Comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. A quien se le ofreció «recuperar la trayectoria profesional que llevaba y [ser] colocad[o] en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían». A cambio, se le solicitaba «pasar[le] cuanta información tuviera del Fiscal Grinda así como de mandos de la UCO (concretamente Tecol Balas y Bonilas) y de la JI incluido el actual DAO y el Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo involucrado en la OP Cataluña». La intención de Leire, según una anotación de Villalba, era que el CNP le tomara declaración como testigo protegido «para declarar contra la GC y concretamente contra la UCO, sus mandos y otros de la JI así como el Coronel Corbi y Tecol Basileo».
Además, la trama impulsó la sospecha sobre las actuaciones de la UCO ante la Directora General de la Guardia Civil, lo que motivó la apertura de expedientes de información reservada. También se dedicaron a recopilar «datos e información personal y reservada (secreta por Ley) de los mandos que intervinieron en las investigaciones ya referidas a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización».
Análisis de documentación
Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. La entrada y registro practicada en la sede federal del PSOE y el análisis de la documentación y de los dispositivos intervenidos podrían resultar determinantes. Principalmente para aclarar el alcance de las actuaciones investigadas. Entre los elementos que centran ahora la atención de los investigadores figuran las comunicaciones mantenidas entre los distintos protagonistas de la trama y la posible existencia de contactos con responsables institucionales.
Por el momento, Mercedes González no está investigada en la causa. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que el escenario podría cambiar. Esto sería si aparecieran conversaciones que acreditaran que la apertura de las informaciones reservadas respondió a peticiones concretas realizadas por Leire Díez o por alguno de los integrantes de su entorno. La existencia de esos contactos y su coincidencia temporal con las decisiones adoptadas dentro de la Guardia Civil constituyen uno de los aspectos que los investigadores tratan ahora de esclarecer.
EL ‘CASO ZAPATERO’ GENERA INQUIETUD EN BRUSELAS POR EL PAPEL DE RIBERA Y DEBILITA A ESPAÑA: «LA POSICIÓN DE SÁNCHEZ EN LA UE SE RESIENTE»
Artículo de Daniel Viaña publicado en EL MUNDO el pasado día 1
Cada vez más miembros de la Comisión preguntan por la implicación de la vicepresidenta en el rescate de Plus Ultra y las posibles consecuencias. Y los países del norte están especialmente atentos a los casos de corrupción que rodean al presidente.
El caso Zapatero está ya muy presente en Bruselas. Las numerosas informaciones que casi de manera diaria se revelan desde España generan inquietud en la capital comunitaria, empezando por los compañeros de Teresa Ribera en el Ejecutivo europeo. Muchos de los comisarios, especialmente los de la familia del Partido Popular Europeo (PPE), están preguntando a sus contactos y compañeros de formación en Madrid hasta dónde llega la implicación de la vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva en el rescate de Plus Ultra.
Ribera era vicepresidenta cuarta del Gobierno que aprobó la inyección de 53 millones de euros, y fuentes comunitarias y parlamentarias confirman que su posible implicación en el rescate de la compañía incomoda. No gusta en absoluto a muchos de los miembros del Ejecutivo que lidera Ursula von der Leyen.
Desde la Comisión, por ahora, lo único que se ha apuntado es que «según las normas del Marco Temporal, únicamente las ayudas superiores a 250 millones de euros, concedidas para recapitalizar o apoyar la solvencia de empresas concretas, debían notificarse a la Comisión para una evaluación individual». «Este no fue el caso de la ayuda concedida a Plus Ultra, por lo que la Comisión no examinó este expediente de forma individual», añaden.
«La Comisión puede revisar ayudas individuales concedidas por un Estado miembro en el marco de un régimen aprobado si existen indicios de que dichas ayudas incumplieron la decisión de la Comisión que autorizó ese régimen. La Comisión no ha recibido ningún indicio que apunte a un incumplimiento de la Decisión de la Comisión relativa al Fondo de Solvencia español», inciden. Sobre el caso concreto de Ribera prefieren no apuntar nada. Entienden que si no hay ningún incumplimiento tampoco hay razones para valorar su presencia y relevancia en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate.
Pero esto no detiene las preguntas y los comentarios en la capital comunitaria. Ni mucho menos. Y en el ámbito diplomático, entre los representantes de otros países ante la Unión Europea, es una cuestión de la que cada vez se habla más, y la percepción es clara: los numerosos escándalos y casos judiciales que rodean a Pedro Sánchez y su Gobierno no hacen más que debilitar a España.
«Todos sabemos que la fortaleza de un líder en Bruselas depende en gran medida de su fortaleza en casa. Con todo lo que está ocurriendo, la posición de Sánchez en Bruselas también se resiente», exponen fuentes diplomáticas de un país del norte. De los denominados halcones, en donde todos los casos de posible corrupción o uso indebido de fondos europeos indigna especialmente.
Y ahí también encaja, por ejemplo, el uso de los Next Generation para el pago de pensiones. La Comisión ha defendido en todo momento a España y ha dicho que es todo legal. Pero eso no va a servir para que los países del norte lo tomen como un argumento, porque la UE admite que se produjo un uso temporal de los fondos y los halcones no conciben que eso se pueda hacer. Por eso, van a utilizar todo esto en, por ejemplo, las negociaciones del próximo presupuesto comunitario.
La guerra norte-sur se va a recrudecer, y Alemania, Países Bajos, Austria o Suecia se van a oponer a un aumento de fondos y a destinar más dinero a la Política Agraria Común (PAC), una materia que es fundamental para España. La capacidad el Ejecutivo español para negociar se va a ver muy condicionada por todos los problemas y corrupciones que rodean a Sánchez.
LA MAZIA: PEDRAZ DESCUBRE QUE LA X DE LA MAFIA DEL PSOE ES UNA Z
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 31
Felipe González, con el GAL, cometía delitos, pero no pretendía derribar el régimen constitucional. Sánchez, sí.
Todos sabíamos que el jefe del GAL era, sólo podía ser, Felipe González. Pero hasta que alguien, entre Garzón y Anguita, no habló de la X en la cúpula de la organización terrorista de Gobierno, que no de Estado, no nos acostumbramos a decir que el presidente del Gobierno era el jefe de los asesinos de etarras, por el eufemismo de «La X» o «Míster X». Seguro que, en la época, yo lo rebauticé Felipex o Gonxalex, y a su partido el PXOE. Pero la X es siempre la incógnita a despejar, y después de Mister X hemos seguido hablando de la «X» como cima de toda organización delictiva. Lo que nadie esperaba es que la X de la mafia del PSOE fuera una Z. La zeta de ZP, de Zetapé, de Zapatero y de la Zeja, los de «defender la alegría».
Zapatero, «rata de dos patas, animal rastrero»
La alegría sórdida, gimoteante, demagógica y cursi hasta la náusea. El placer de robar fingiendo generosidad, la carcajada de hacerse millonario traficando con los presos políticos de Venezuela. Dice Zoe Valdés que Zapatero -animal rastrero, como adivinó Paquita la del Barrio- nunca se preocupó por los presos políticos de Cuba, y con razón. Allí no tienen ya nada que robar. En cambio, en la Venezuela rica en petróleo, oro, tierras raras y piedras preciosas, los comunistas que la hungryan, tienen de todo. Para empezar, dinero. Para continuar, protección de la Ley del Embudo de la impunidad roja. Y para rematar, un país europeo, España, que blanquea lo que haga falta, país que esta rata de dos patas, animal rastrero, presidió y casi mató, pero que, malherido y todo, ha terminado por desenmascararlo.
Y ha sido un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, del que yo siempre he pensado lo peor, por su cercanía a Baltasar Garzón, y no he dudado en denunciarlo todas las veces que ha venido a cuento, el que lo ha hecho, en un auto de cincuenta páginas que despeja de golpe la incógnita de la X de esa organización delictiva que descubrimos con el caso de las mascarillas y al que se ha unido una interminable tribu de delincuentes castizos, de torrentes grasientos, entre la charlotada y el esperpento. De putas al por mayor al funcionariado horizontal, de champán y ostras a coca y ron, de mordidas empresariales a lucha de clanes en el mismo Gobierno por las coimas del petcoke, de fontaneras a koldos y de cloacas a cacos. Y todo, según Pedraz, desde el día en que Pedro Sánchez dijo, como si nos importara, que era un hombre «profundamente enamorado» y decidió desde el deep real crime, toda la estructura legal y moral del Estado de Derecho. Lo que genéricamente llamamos democracia, es decir, la legalidad vigente.
La diferencia entre el GAL de Felipe y la MaZia de Zapatero y Sánchez
Desde que apareció el auto de Pedraz, he insistido en señalar lo que, para muchos, dista de ser obvio, y, sin embargo, es la clave de la posibilidad de poder derrotar esta organización que se ha enredado como una hiedra en todas las estructuras del Estado, las que responden al Poder Ejecutivo y las que, en teoría, deben estar por encima, que son las del Poder Judicial. Por explicarlo con un ejemplo: Felipe González, con el GAL, cometía delitos, pero no pretendía derribar el régimen constitucional. Sánchez, sí.
La prueba es su reacción cuando la ley ha alcanzado a su esposa, su hermano, su partido y su Gobierno. Cualquier político que respetase algo la democracia habría dimitado y convocado elecciones, a las que no se habría atrevido a presentarse, o, en todo caso, su partido no se lo habría permitido. Lo que sucede es exactamente lo contrario: no sólo no dimite, sino que su partido lo respalda en bloque, con descaro digno de la jeta acerada del jefe. Ministros como Oskargután, que deberían estar en prisión preventiva, por evidente riesgo de fuga a la selva, hacen vídeos presumiendo de sortear los medios de información y opinión, aunque su banda, la MaZia, tiene a casi todos los audiovisuales, especialmente televisiones y radios, a su servicio.
Menos lobos, Zaperucita
Nada les basta. Y ya no saben cuándo son sinceros o sólo embarran el campo al modo del Bilbao en tiempos de Clemente, que, para no dejar al rival jugar al fútbol, le obligaba a chapotear, resbalar, y, al fin, perder. Ese simio de brazos largos y belfo de babieca que patea la gramática y, con sus extremidades prensiles, tritura los delicados cartílagos de la civilización, ¿está haciendo teatro, o se ha convertido en una criatura teatral, incapaz de perder de vista el foco, y que caerá al foso si se le apaga la luz del cargo?
Ni él lo sabe. Y, a estas alturas, tampoco importa. Si la MaZia está dispuesta a acabar con el Estado, el Estado debe acabar con ella, al menos su parte no corrompida, la de la UCO y la UDEF, la de Calama, Pedraz y Peinado, con el respaldo de una ciudadanía que desprecia la tiranía de esta rehala de perros asilvestrados, lobos avarientos disfrazados de Zaperucita.
