Por José María Arévalo
(Miembros de la Guardia Civil)
Me ha parecido increíble, pero toda la prensa insiste en que el PSOE vuelve a vetar (lo ha hecho nada menos que 71 veces) que los guardias civiles sean profesión de riesgo (cuando los mossos, entre otros, lo tienen reconocido), en plena polémica por la tragedia de Huelva.
Efectivamente, el pasado 13 de mayo Pedro Sánchez optaba por no hacer mención alguna a la polémica que se generó en aquellas fechas después de que María Jesús Montero calificara como «accidente laboral» la muerte en acto de servicio de los dos agentes de la guardia civil en Huelva el anterior viernes 8. La omisión del presidente, que se limitó a expresar su «pesar, cariño y solidaridad» en el mitin que dio en La Línea el domingo, se sumaba a la falta de representantes del Consejo de Ministros en el funeral de los guardias civiles. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue abucheado y pitado aquel miércoles en Baeza (Jaén) en un acto de la Guardia Civil. Y a ello se suma que el PSOE ha vuelto a vetar los plazos de enmienda para bloquear la norma que permitiría la consideración de profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales como los que combaten el narcotráfico.
Así lo destacaba toda la prensa en esas fechas. En El Independiente, Cristina De la Hoz titulaba “PSOE y Sumar han bloqueado 71 veces una proposición para reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo”.
Este mismo martes -escribía-, los representantes de PSOE y Sumar de la Mesa del Congreso volvieron a ampliar el plazo de presentación de enmiendas de una proposición de ley del PP que pide se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Se trata de una cuestión de plena actualidad tras el reciente fallecimiento de dos agentes en Cádiz mientras perseguían una narcolancha y la polémica posterior alimentada por la candidata socialista a la presidencia de la Junta , María Jesús Montero. Lo llamativo es que se trata nada menos de la prórroga número 71, un mecanismo abusivamente empleado por los socios de Gobierno para bloquear de manera sistemática las propuestas de la oposición y evitar su debate en el pleno del Congreso.
La decisión de la Mesa el pasado martes se tomó tras una ronda telefónica, no de forma presencial, y PSOE y Sumar volvieron a hacer valer su mayoría absoluta. Ambos partidos suman cinco votos en el órgano de gobierno de la Cámara Baja frente a los cuatro representantes del PP. La nueva prórroga alcanza hasta el miércoles de la próxima semana, día 20, aunque todo apunta a que volverá a alargarse el plazo, muy probablemente hasta el final de la legislatura y la proposición decaiga. Nada nuevo bajo el sol.
La proposición de ley va camino de cumplir dos años desde que en junio de 2024 se aprobó en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Defendía incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y a los funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.
