“El Gobierno reniega ahora de la acogida a los migrantes y promete mano dura a Europa” de Paloma H. Matellano; “La fiscal general crea una red de fiscales especialistas para el jurado popular de Begoña Gómez”, de Gonzalo Rubio; “La entrada ilegal no otorga el derecho a permanecer en Europa: el aviso de la UE ante el asalto a la frontera de Ceuta”, de V.Yusty; y “Las medidas que cambiarían la situación de Ceuta, según policías y guardias civiles”, de Yésica Sánchez
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 12)
EL GOBIERNO RENIEGA AHORA DE LA ACOGIDA A LOS MIGRANTES Y PROMETE MANO DURA A EUROPA
Artículo de Paloma H. Matellano publicado en EL MUNDO el pasado día 12
Albares asegura que trabaja con Rabat para que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos».
«Si soy presidente del Gobierno convertiré a España, como ya lo son otros estados europeos, en un país de acogida», prometió el hoy jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2016, cuando la crisis de refugiados que vivía el continente marcaba la actualidad política. Sin embargo, aquellas palabras distan mucho de la tesis que expuso ayer su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró que Madrid y Rabat, con «diálogo fluido», están «comprometidos» en que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos».
Lo dijo desde Ceuta, después que de el pasado 30 de julio 80.000 personas cruzaran irregularmente la frontera y de que, según el Gobierno autónomo, hasta 11.000 puedan seguir allí. Sin embargo, el mensaje no se circunscribía a esta coyuntura excepcional, tal y como Albares se esforzó en recalcar: «Que quien entre irregularmente en Ceuta y Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ello, que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la Península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla».
Aunque aseguró que se cumplirá la ley, el ministro hizo esta afirmación sin matización alguna, sin apelar a posibles excepciones por las circunstancias que presente cada una de las personas que accedan irregularmente a España. Y, ayer, la Embajada de España en Marruecos insistió en sus redes: «Entrar irregularmente en Ceuta y Melilla no da derecho a permanecer en España ni a acceder al resto de Europa. Toda información en sentido contrario es falsa». El mensaje lo publicó también en inglés, francés y árabe.
El discurso resulta lejano a aquel que llevó a Sánchez, recién llegado a La Moncloa, a acoger el barco Aquarius, en el que había 600 migrantes y que Italia rechazaba recibir. También choca con lo que solía defender ante las crisis migratorias sucedidas en los últimos años en Canarias: en octubre de 2024, con las llegadas irregulares al archipiélago en máximos, Sánchez sostuvo en el Congreso que «acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor» es «un deber al que nos obliga nuestra historia», «una cuestión de respetar […] el derecho internacional» y «un paso esencial para garantizar la prosperidad futura de nuestra economía».
No es necesario retroceder tan atrás. Las palabras de ayer de Albares, que van en consonancia con los mensajes trasladados por otros miembros del Gobierno ante esta crisis, tampoco terminan de casar con el discurso que venía abanderando en los últimos meses el Ejecutivo en materia migratoria, y que constituye un pilar clave de su hoja de ruta. La regularización extraordinaria impulsada el pasado enero y presentada como una de las grandes medidas de esta legislatura dista de la idea que ayer habría transmitido el ministro al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según lo que este último afirmó: «La mejor manera de cortarla [la posibilidad de que la avalancha se repita] es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución: el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro, nos lo ha dicho».
La insistencia del Gobierno en los últimos días respecto a su intención de que quienes han entrado en Ceuta regresen a Marruecos, recalcando que no podrán ir a España ni al continente, es también de alguna forma un mensaje que mira a la Unión Europea. Un compromiso de «reforzar» la que es, dijo ayer Albares, «la frontera más compleja y más especial del mundo; la frontera de Europa con África». Todo después de que 22 países señalasen la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno como una política que debilita la defensa de las fronteras comunitarias -aludían a un posible efecto llamada-. «Ceuta y Melilla garantizan absolutamente la integridad del espacio Schengen», reivindicó ayer Albares, al hilo de los controles fronterizos que retomó Italia hacia los viajeros españoles tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta -lo hizo alegando que cabía la posibilidad de que llegaran al país transalpino, extremo que el Ejecutivo insiste en negar-.
Pese al acercamiento en el discurso migratorio del Gobierno español al de países europeos -con la gran salvedad de los centros de deportación que Italia defiende y Sánchez rechaza-, Albares sí mantuvo ayer vivo el choque con el gabinete de Giorgia Meloni, al que acusó de hablar con «ligereza y frivolidad» ante la coyuntura ceutí. También insistió el Gobierno en el enfrentamiento con la bancada de la oposición: lo hizo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cargando contra los ejecutivos de coalición de PP y Vox por sus tesis migratorias; también la titular de Infancia, Sira Rego, que censuró el rechazo del partido de Santiago Abascal a los fondos para gestionar la emergencia; y el Ministerio de Igualdad, que pidió investigar al diputado de Vox José María Figaredo por su llamada a «cazar» migrantes. Así, pese al giro discursivo en inmigración, el ir al choque con la derecha sí sigue formando parte de la hoja de ruta del Gobierno.
La fiscal general crea una red de fiscales especialistas para el jurado popular de Begoña Gómez
Artículo de Gonzalo Rubio publicado en Qué! el pasado día 11
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha estrenado su mandato con una instrucción que toca de lleno uno de los procesos judiciales más mediáticos del año: el que sentará en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Y lo ha hecho apenas tres semanas después de que la Audiencia de Madrid confirmara que será juzgada por un tribunal del jurado por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta a la organización de la Fiscalía en todos los casos con jurado, pero su coincidencia temporal con el ‘caso Begoña Gómez’ —el más seguido del año— la convierte en una medida de alto voltaje político y ciudadano.
Qué dice exactamente la Instrucción 1/2026
El documento, firmado el pasado 30 de julio, crea una red nacional de fiscales especialistas en procedimientos ante el tribunal del jurado y designa a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía —dependiente directamente de Peramato— como el órgano encargado de resolver dudas jurídicas y hacer observaciones en aquellos casos de “especial relevancia”.
La propia instrucción subraya que esas observaciones tendrán “carácter no vinculante” y se limitarán a aspectos procesales, sin que puedan entenderse como un visado superior ni una orden. Además, no se establece la obligación de informar de forma automática a la Secretaría Técnica: solo se abrirá un “expediente de seguimiento” cuando los fiscales planteen cuestiones jurídicas o la jefatura del órgano comunique un asunto relevante.
En la práctica, la red funcionará con un fiscal de enlace en cada fiscalía territorial, y será cada departamento el que decida cuántos especialistas destina en función de su carga de trabajo. La idea no es nueva: el antecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz, ya la planteó en septiembre de 2025 durante una reunión de coordinación, pero permaneció sin publicar hasta ahora.
Por qué la sombra del ‘caso Begoña Gómez’ es inevitable
La instrucción llega cuando el procedimiento contra la mujer del presidente ya está encarrilado hacia el juicio oral. El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgarla con jurado y limitó los delitos a tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares rebajaron después a 13 años la petición inicial de 24 años de prisión, mientras que la Fiscalía Provincial de Madrid y las defensas piden la absolución.
Para Begoña Gómez, el tráfico de influencias se concreta en la supuesta presión moral ejercida sobre la Universidad Complutense para crear una cátedra y nombrarla directora, permitiéndole sufragar con fondos públicos un proyecto de ‘software’ de uso personal. La malversación se extiende tanto a ese desarrollo como a las tareas que habría encomendado a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, también investigada.
Aunque la instrucción se aplica a cualquier procedimiento con jurado, su publicación en pleno verano y a escasas semanas de la confirmación judicial del juicio ha levantado suspicacias. Fuentes de la carrera fiscal recuerdan que la red ya era necesaria por la complejidad de estos procesos, pero el contexto hace que el movimiento sea leído en clave política.
¿Nace una especialidad o es un traje a medida?
Cuando García Ortiz presentó la iniciativa en 2025, la definió como “el germen de lo que luego puede acabar convirtiéndose en una especialidad”. Sin embargo, la Fiscalía aún no cuenta con un fiscal de Sala dedicado al jurado, por lo que la Secretaría Técnica asume ese papel provisional. La rapidez con la que Peramato ha activado la idea —diez meses después— es lo que muchos observadores vinculan al calendario del ‘caso Begoña Gómez’, aunque la instrucción no cite ningún proceso concreto.
La parte técnica es clara: se busca coordinar criterios y dar seguridad jurídica a los fiscales que actúan ante un jurado, donde la ciudadanía decide el veredicto. Pero la coincidencia temporal alimenta el debate sobre si el Ministerio Público necesita reforzar su estructura justo cuando está en juego la imagen de la esposa del presidente. La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha dejado claro que no ve delito, y la instrucción otorga a la cúpula fiscal una vía —no vinculante— para opinar sobre cuestiones procesales.
La instrucción crea un mecanismo de asesoramiento no vinculante, pero su publicación en pleno verano y a solo tres semanas del auto de la Audiencia la convierte en un movimiento imposible de desligar del caso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La fiscal general Teresa Peramato ha firmado la Instrucción 1/2026, que crea una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular y asigna a la Secretaría General Técnica la labor de asesoramiento no vinculante.
- Por qué te importa: El movimiento se produce cuando Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está a las puertas de un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación, lo que coloca la independencia de la Fiscalía en el centro del debate público.
- A quién afecta: A todos los fiscales que intervengan en procedimientos ante el tribunal del jurado y, de manera directa, al proceso judicial contra Begoña Gómez, cuya instrucción sigue en marcha.
- Hacia dónde vamos: La red empieza a funcionar de inmediato, aunque su impacto real se verá cuando el juicio oral contra Gómez se celebre, algo que todavía no tiene fecha.
LA ENTRADA ILEGAL NO OTORGA EL DERECHO A PERMANECER EN EUROPA: EL AVISO DE LA UE ANTE EL ASALTO A LA FRONTERA DE CEUTA
Artículo de V.Yusty publicado en El Español el pasado día 10
Bruselas respalda el blindaje de Ceuta y Melilla como frontera exterior del espacio Schengen. Vivas denuncia que entre 8.000 y 11.000 asaltantes siguen en Ceuta: «Es insostenible, deben volver todos a Marruecos».
El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno de Ceuta han cerrado filas para lanzar un aviso tajante frente a las redes de tráfico humano.
Cruzar irregularmente las vallas o espigones de las ciudades autónomas no otorga derecho a permanecer en España, no permite viajar a la Península y solo conduce a un expediente de devolución.
Esta postura cuenta con el respaldo implícito de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha reiterado que las fronteras de Ceuta y Melilla son la frontera exterior del espacio Schengen, por lo que la gestión de estos accesos es un asunto de seguridad europea y la contención de los cruces ilegales resulta clave para proteger la integridad territorial comunitaria.
Desde Exteriores se subraya que Ceuta y Melilla cuentan con un estricto régimen de seguridad con doble verificación.
El primer control opera en la propia frontera terrestre y marítima —reforzada con barreras como los 500 metros en el espigón del Tarajal—, mientras que un segundo filtro blindado actúa en puertos y aeropuertos.
Nadie embarca hacia la Península sin identificarse ante la Policía Nacional.
Además, el Ejecutivo aclara que los procesos de regularización extraordinaria exigen acreditar residencia previa con fechas de corte estrictas (1 de enero de 2026), por lo que quienes entren de forma irregular quedan automáticamente excluidos.
Las recientes resoluciones judiciales tampoco alteran la Ley de Extranjería ni frenan los retornos.
Ceuta y Melilla afrontan episodios de presión migratoria extrema tras los recientes asaltos a sus espigones y vallas fronterizas.
Ante esta situación, la postura institucional —tanto del Ejecutivo central como de los gobiernos autonómicos afectados— coincide en la necesidad de garantizar la legalidad, blindar los pasos fronterizos y agilizar los retornos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sido tajante al recordar las consecuencias jurídicas de los cruces fronterizos no autorizados.
Frente a informaciones erróneas o interpretaciones interesadas de recientes resoluciones judiciales, la postura oficial subraya que:
La única vía de entrada sigue siendo la reglamentaria.
Ceuta exige el retorno
Sobre el terreno, la tensión institucional y social es máxima.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación en la ciudad de «insostenible» ante la presencia de entre 8.000 y 11.000 migrantes que continúan en las calles tras los asaltos de finales de julio.
Vivas ha lanzado una exigencia directa al Ejecutivo central para que incremente los efectivos policiales, dote de más recursos a las áreas de Extranjería y mantenga el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad ciudadana.
Para la administración local, la única salida legal y operativa pasa por aplicar los acuerdos de repatriación y ejecutar el retorno inmediato a Marruecos de todos los implicados en los asaltos.
Cierre de filas
El Gobierno central, las autoridades de Ceuta y Melilla y la Unión Europea coinciden en rechazar la permanencia tras un acceso irregular.
Consideran que tolerarla solo alimentaría el negocio de las redes de tráfico de personas, basado en vender falsas expectativas de regularización.
Las distintas administraciones remarcan que ceder ante los hechos consumados no solo compromete la seguridad ciudadana y la capacidad asistencial de las ciudades autónomas, sino que atenta directamente contra la legislación en materia de extranjería.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/la-entrada-ilegal-no-otorga-el-derecho-a-permanecer-en-europa-el-aviso-de-la-ue-ante-el-asalto-a-la-frontera-de-ceuta/ar-AA29FQet
LAS MEDIDAS QUE CAMBIARÍAN LA SITUACIÓN DE CEUTA, SEGÚN POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES
Artículo de Yésica Sánchez publicado en Libertad Digital el pasado día 9
Las decisiones «cosméticas» de Interior no valen. Sería necesario que se realizara una reforma jurídica y se construyera una barrera física.
El Gobierno no ha aprendido ni un ápice de la crisis migratoria que desató el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y que Fernando Grande-Marlaska se vanagloria de haber resuelto maravillosamente. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol lamenta que el Ministerio del Interior haya aprobado la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad en un «nuevo ejercicio de propaganda política» que no tiene otro objetivo que el de «aparentar que actúa» para hacer frente a la situación a la que se enfrentan en las dos ciudades autónomas españolas.
«La realidad es que no aporta absolutamente ninguna mejora para los policías nacionales que soportan cada día la presión migratoria en nuestras fronteras», aseguran desde Jupol. «Pretende dotar de cobertura jurídica» a la instalación de elementos de contención marítimos —a las famosas boyas, que presentaban daños dos días después de su colocación— con los que quieren sortear la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de quienes entren a nado.
«No incorpora un solo efectivo a las plantillas, no incrementa los medios materiales, no mejora la capacidad operativa de las unidades desplegadas y no resuelve el colapso que padecen las dependencias policiales de Ceuta y Melilla», añaden. «Lamentamos que el Ministerio del Interior vuelva a recurrir a medidas cosméticas para tratar de transmitir una falsa sensación de control mientras continúa abandonando a los policías nacionales que se juegan la vida defendiendo las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea», sentencia el sindicato.
Reformas jurídicas
La teoría es que los inmigrantes ahora tendrán que rebasar esas boyas, saltar un elemento físico, para entrar en territorio español. Y eso cambia la forma en la que se entiende que los irregulares cruzan la frontera, ya no sería a nado. Está bien para empezar, como medida inmediata. Pero no deja de ser un parche. No vale como una medida definitiva y mucho menos única. Hacen falta más recursos y un marco legal que permita responder con eficacia a la situación actual, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas que les permitan realmente proteger nuestras fronteras.
Según ha explicado para Libertad Digital la portavoz nacional de Jupol, Laura García, la solución pasa por una reforma urgente de la Ley de Extranjería y también por un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos «en las mismas condiciones que lo tenemos con Francia». «Si es legal para unos, también lo será para otros», exclama. Cabe recordar que el tratado mencionado obliga al país de origen a aceptar la admisión de sus ciudadanos aunque sea desde terceros países, siempre que se haya accedido a él de forma ilegal.
Incremento de agentes y medios
Desde la organización hermana Jucil, que agrupa a profesionales de la Guardia Civil, destacan «el desgastante e inasumible sobreesfuerzo físico y operativo al que se está sometiendo a los agentes y al personal militar» como consecuencia de «jornadas maratonianas». Los refuerzos enviados, señalan, han sido prácticamente «testimoniales». «Insuficientes para cubrir la magnitud del desbordamiento», indican.
Situación a la que hay que sumar la falta de medios marítimos y terrestres con la que se ven obligados a trabajar. Desde el sindicato de guardias civiles denuncian el «mal estado» de la flota de vehículos de la que disponen y piden que les doten de embarcaciones de rescate e intervención «en condiciones óptimas para garantizar la seguridad física de nuestros agentes en rompientes y espigones».
Barrera física permanente
Desde Jucil también reclaman una mayor «firmeza diplomática». Es decir, que se exija a Marruecos «compromisos firmes de control fronterizo» que eviten «el abandono de sus funciones de custodia». Asimismo solicitan la construcción de una barrera «física y permanente» en el espigón. Punto que destacan todas las organizaciones consultadas.
Es el primer punto de las exigencias que expone la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que considera imprescindible la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú. Lo reclaman desde 2014. «Es la única medida con efecto disuasorio y preventivo real», asevera en declaraciones a LD su secretario de relaciones institucionales, Diego Madrazo.
Refuerzo de Información e instrucciones claras
Por otra parte, insisten en que se realice un refuerzo estructural de efectivos y «no despliegues temporales de escaparate». «Faltan más de cien guardias civiles para completar el catálogo de Ceuta y sostenemos que hacen falta otros 200, con medios materiales operativos y embarcaciones que no queden fuera de servicio a los pocos días de ser presentadas», explica Madrazo.
También señala como necesario que se refuerce el servicio de Información de la Guardia Civil «para lograr una detección temprana de la formación de estos flujos dentro del propio territorio marroquí» y se faciliten instrucciones operativas claras y por escrito ante crisis migratorias masivas «para que ningún guardia civil vuelva a encontrarse solo ante una decisión que después se le pueda reprochar durante diez años en un juzgado», como ha ocurrido en el pasado.
Participación de la UE
Por último, piden que se propicie la implicación efectiva de la Unión Europea en la defensa de nuestras fronteras, que —recuerdan— también son las del sur de Europa. «No se puede sostener sobre el agotamiento de una plantilla de una ciudad de 18 kilómetros cuadrados», asevera el portavoz de la AUGC. «Lo del jueves no fue un flujo migratorio, fue un ataque orquestado y coordinado contra la soberanía nacional y contra la frontera exterior de la UE«.
No obstante, advierte, si se repite un asalto de estas características «volvería a ocurrir lo mismo». «Una irrupción de más de 60.000 personas concentrada en pocas horas es materialmente imparable«, afirma con rotundidad. «No existe dispositivo policial en Europa, ni el nuestro ni ninguno, capaz de contener físicamente una avalancha de esa magnitud sobre un perímetro de estas características».
