Las comisiones transitorias que contribuyeron a los reglamentos de la Convención Constitucional, respaldadas por contundentes mayorías, fueron taxativas, rotundas y polémicas, como se esperaba, particularmente algunas de ellas. El informe de la comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición –su nombre completo- propuso, por ejemplo, el levantamiento del secreto de los testimonios sobre violaciones de los derechos humanos durante la pasada dictadura y la sustitución de Carabineros (policía uniformada) por una institución desmilitarizada.
La comisión de Etica, a su vez, incluyó el “negacionismo” acerca de crímenes de tal naturaleza como una infracción a las reglas de los convencionales, en tanto la comisión de Participación Popular y Equidad Territorial agregó un plebiscito intermedio dirimente para el caso que un acuerdo mayoritario no alcanzare el quórum de dos tercios, preestablecido por la reforma constitucional habilitadora del proceso y reafirmado por el Pleno.
Una indicación al Reglamento General, además, redefinió el órgano redactor precisando que éste obedecía al poder constituyente originario ejercido por el pueblo de Chile.
Ese tenor recorre extensamente el articulado de los reglamentos aprobados, abarcando temas políticos, económicos, medioambientales, feministas, educacionales, laborales, de minorías y otros, lo que pronosticaría un futuro texto de propuesta constitucional sustancialmente distinto al promulgado por la dictadura en 1980.
Hay un tema crucial, sin embargo, en el cual el silencio, la reserva y lo incógnito han sido más que evidentes: el derecho a la comunicación y a un sistema de medios diverso y pluralista.
“Ecosistema” mediático
El informe de la comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia al Pleno de la Convención, de septiembre pasado, subraya que “se debe establecer una relación cercana y positiva con todo el ecosistema mediático”, en el que incluye a medios de comunicación tradicionales, alternativos y territoriales, por lo que “es importante que la Secretaría de Comunicaciones (que se creará) pueda atender los requerimientos específicos de los diferentes tipos de medios”, así como garantizar el acceso de todo ese “ecosistema” a la Convención Constitucional.
Pues bien, el ambiente de los medios de comunicación pública chilenos durante las últimas décadas nada tiene de ecológico. Como se ha reiterado aquí, consorcios nacionales y transnacionales, invocando las libertades de expresión y empresa, han concentrado para sí los medios más fuertes y de mayor alcance, obstruyendo a los menores y propagando e imponiendo a la sociedad una agenda editorial afín a sus intereses y los de la elite dominante.
De este modo, dicho empresariado no ha visto con buenos ojos los cambios a las reglas del juego preanunciados en las salas constituyentes. Desde ya, sus páginas, pantallas y micrófonos han dado resonancia a una anticampaña contra la Convención y su mayoría opositora al sistema neoliberal, rodeando esas deliberaciones y acuerdos de un ambiente exterior particularmente hostil.
La mesa directiva de la Convención ha acusado el golpe, aunque ha preferido réplicas más bien protocolares, mientras la comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia se centraba en una propuesta de difusión institucional, desde dentro hacia fuera, aproblemada, además, por las limitaciones técnicas, financieras y de infraestructura de responsabilidad de un ente externo al órgano, como el gobierno de Sebastián Piñera, y obligada incluso a pedir “colaboración” precisamente a esos medios…
Una demanda social
En mayo pasado, días antes de la elección de convencionales, 114 candidatos y candidatas a constituyentes suscribieron un compromiso por el derecho constitucional a la comunicación. Quince de ellos fueron elegidos, incluyendo la periodista y ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y su colega Patricia Politzer.
Un mes después de la instalación, en agosto, el Colegio de Periodistas, que impulsa una campaña por el derecho a la comunicación desde 2015, intervino en una de las audiencias públicas de la comisión de Comunicaciones. Su presidente nacional, Danilo Ahumada, explicó vía telemática que “la propuesta de nuestra Orden es que en la nueva Constitución se garantice el derecho a la comunicación y se resguarde así el derecho de la ciudadanía de acceder a una información plural, abriendo la posibilidad de modificar el sistema de medios para permitir la creación y operación de nuevos medios de comunicación”. La finalidad, precisó, es “resolver la crisis que enfrentan los medios de comunicación tradicionales y sus altos niveles de concentración”.
Una posición en similar sentido manifestaron en aquella instancia los representantes del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Dino Pancani y Ana María Castillo, según refiere el citado informe: “Se debe construir un marco constitucional que permita la creación de una ley de medios que asegure voces diversas, promueva medios comunitarios e indígenas, desconcentre el avisaje estatal, asegure el derecho a Internet y a un espectro radioeléctrico de fácil acceso y distribución equitativa, y que se oriente en base a postulados no sexistas, feministas, interseccionales, socioambientales plurinacionales, regionales y territoriales que participen de modo equitativo en el debate público”.
Respecto del planteamiento de Ahumada, el documento de la comisión consigna simplemente que el presidente del Colegio de Periodistas “se refirió a la relación de la Convención con la prensa acreditada, así como con los medios de prensa en general”; a que el Colegio de Periodistas “espera que el proceso de cambio de la Constitución abra la posibilidad para debatir estrategias que permitan democratizar el país y eliminar los enclaves autoritarios que siguen vigentes y que sostienen las desigualdades en Chile” y a que, dada la importancia histórica del proceso, “es fundamental garantizar que la información sea pública, abierta, transparente, veraz y ampliamente difundida”.
La demanda por el derecho a la comunicación y la libertad de expresión presionaba desde fuera.
Cambios de comisión
“La Nueva Constitución debe consagrar el derecho a la comunicación”, afirma el programa de convencionales constituyentes del partido Revolución Democrática, por el que postuló Beatriz Sánchez, quien fuera miembro de la comisión de Comunicaciones. “Este derecho será el principio rector de las comunicaciones en el país, incluyendo el derecho a la información y a la libertad de expresión. Además, la Nueva Constitución debe contener una norma acerca de la propiedad de los medios de comunicación distinta a la que contempla la carta vigente”, añade.
Profundizando en el tema, el programa sostiene que “la democratización del sistema de medios exige resguardar el pluralismo y la diversidad cultural, en desmedro de intereses únicamente comerciales. Esto implica colocar límites estrictos a la concentración de la propiedad medial”. Así, prosigue, “una ley establecerá que ninguna persona o grupo económico podrá a su vez ser dueño de un medio de comunicación, escrito, radiofónico, televisivo u otros y de otra empresa que desarrolle su actividad económica en otro sector de la economía”.
Aludiendo justamente a eso, la ex candidata presidencial presentó ante el Pleno de la Convención una somera indicación, cuya aprobación trasladó el derecho a la comunicación desde el temario obligatorio de la comisión sobre Derechos Fundamentales hasta el de la nueva y multifacética comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Caso contradictorio, porque la comisión que si se comprometió con el tema fue precisamente la de Derechos Humanos, cuyo informe habla del derecho a las comunicaciones, la libertad de expresión, el pluralismo democrático y jurídico, y la información “de calidad, oportuna y veraz”.
Lo que quedó en la comisión de Derechos Fundamentales fue la libertad de expresión, la que proclaman con gran énfasis los medios concentrados.
Y Sánchez no integra ninguna de las comisiones permanentes mencionadas. Tampoco Politzer, aunque su programa no se detiene en el tema.
Otro “pero”
Al cumplirse este 18 de octubre dos años del estallido social, su mayor consecuencia, el actual proceso constituyente democrático, ha hecho sentir una voluntad de cambio y hoy comienza la discusión sobre el contenido de una nueva Constitución. No obstante, sin el derecho a la comunicación y a un sistema mediático abierto a la sociedad la propuesta constituyente final sería más que precaria, aun cuando fuera refrendada por una alta mayoría ciudadana. No se disiparía el riesgo ya advertido por los medios dominantes desde la primera semana de funcionamiento de la Convención, hace tres meses. Si ésta anunciara algo así como “el inicio de un nuevo país, más justo”, podría no ser ése el mensaje mediático que tendrían que asumir los chilenos y chilenas, sino otro de significado contrario…
En fin, los convencionales deben tener una opinión al respecto. Lamentablemente, el autor de este blog no está en condiciones de acudir a las sedes oficiales para inquirirla personalmente, ya que no fue incluido en las acreditaciones de prensa y, pese a sus gestiones ante funcionarios del gobierno acreditador y la instancia de convencionales correspondiente, tampoco le fue posible conocer siquiera la causa.
J.F.S.
