Al menos por tercera vez en los últimos nueve meses, una encuesta de opinión pública reflejó que la llamada “clase” política chilena, aquella elite agrupada en partidos tradicionales, elegida fundamentalmente para ejercer el Poder Legislativo y representante –deseablemente- de todos los habitantes de este país, obtuvo una pésima evaluación de parte de la propia ciudadanía que, no obstante, le ha votado regularmente.

La firma Criteria reveló en su último sondeo que, como conjunto, los miembros del Congreso Nacional recibieron una nota en rojo (de reprobación) del 80 por ciento de los consultados, 2,2 como promedio, en la escala oficial vigente en Chile, de uno a siete (1 a 7).

Las principales quejas son ya conocidas: búsqueda de altas remuneraciones personales y de reelección indefinida, e ideología (más bien intereses) por sobre el bienestar del país.

Mucho más formal, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) -de alto prestigio entre políticos, empresarios y medios de comunicación desde que se iniciara poco antes del plebiscito de 1988- ubicó a los miembros del Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos en abril-mayo pasado en los últimos lugares en cuanto a confianza de parte de la ciudadanía (peor incluso que la vapuleada Convención Constitucional) y en noviembre-diciembre los confirmó en ese indeseado e indeseable puesto.

Además, especialmente desde 2015, la elite política en general arrastra una imagen de corrupción originada por el financiamiento irregular de sus campañas. El caso de mayor repercusión pública es la condena del entonces senador Jaime Orpis (UDI) por el caso de la Ley de Pesca, la que está en trámite de anulación.

No obstante…

Seguros de que incluso los problemas y conflictos propios se resuelven nada más que en el Congreso –salvo pruebas en contrario, como el caso Orpis-, los parlamentarios en ejercicio han asumido “por defecto” una tarea constituyente subsidiaria tras la derrota del proceso de 2020-2022, iniciativa que no estaba contemplada originalmente en la Constitución en vigor. Dieron por hecho que el contundente rechazo plebiscitario a la propuesta de nueva Constitución de septiembre pasado (62 por ciento) significaba directamente que dicha mayoría les pedía una nueva, aunque “buena”, Constitución.

Y una “buena” Constitución, ha creído firmemente la “clase” política a través de la historia nacional, parte necesariamente por excluir la participación popular directa, plenamente democrática -lo que no pudo evitar en el proceso finalmente frustrado-, para dejar toda la responsabilidad en sus propias manos o, como ahora, en un cuerpo constitucional elegido, pero de facultades restringidas, que deberá limitarse a discutir un anteproyecto ya redactado por un panel de expertos designado por el Parlamento, todo lo cual deberá enmarcarse, además, en “bordes” previamente fijados por un reciente acuerdo político cupular y en un plazo lo más breve posible.

Un “momento” constituyente autoimpuesto para una Constitución express.

Contradicciones y sorpresas

La contradictoria conducta de los evaluadores, a su vez, tampoco ayuda a encontrar un sentido más allá de lo pragmático. Después de 20 años de Concertación, los votantes eligieron Presidente a un polémico multimillonario de derecha, que se alternó con Bachelet durante los siguientes doce. En 2020-2021, el 80 por ciento votó por una nueva Constitución y una asamblea constituyente llamada Convención Constitucional, para, a fines de 2021, elevar a La Moneda al primer Presidente de izquierda desde Allende (1970) y elegir simultáneamente un Parlamento sin una mayoría que le respaldara. Y ya antes de un año, en 2022, rechazó drásticamente el trabajo constituyente de sus pares mientras dejaba al nuevo líder nacional abajo en las encuestas.

A todo esto, hay una máxima, muy manida en estos casos, que dice que “los países tienen los políticos que merecen”. Pues bien, la última encuesta del CEP indica también que la preferencia por la democracia como (única) forma de gobierno, que superaba el 60 por ciento durante el estallido social y el inicio de las sesiones de la Convención Constitucional, no alcanza ahora el 50 por ciento…

J.F.S.

Diversas fuentes

Indicaciones gráficas adicionales: J.F.S.