Este blog tendría que haber terminado hace meses, pues obedecía a un activismo personal por una Constitución redactada democráticamente por primera vez en la historia de Chile y ya no es precisamente eso lo que está ocurriendo. Si bien fue el propio pueblo (demos) el que determinó mayoritariamente desechar el texto de la Convención y sus radicales cambios a la institucionalidad vigente -no sin antes movilizarse y votar el momento constituyente en forma abrumadora-, ese mismo pueblo acepta ahora un proceso que le excluye como actor principal y, más aún, ha otorgado un apoyo inusitado a los defensores más inflexibles de una Carta Fundamental engendrada en dictadura y, mientras invocan la libertad y la democracia, de la mano férrea para aplicarla.
Esa realidad, sin embargo, obliga a insistir. Contrariamente a la opinión de la elite, la salud del sistema democrático chileno sigue empeorando y los síntomas están comenzando a aflorar. La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) –el “Oráculo” de la política local- la ha auscultado en los últimos años y detectado no más de un 12 por ciento de “está bien o muy bien”. A fines de 2022, dos meses después del plebiscito de salida, el 85 por ciento de las respuestas se distribuía entre “regular” y “mal o muy mal”. Peor aún, el 25 por ciento respondió que le daba lo mismo un régimen democrático o uno autoritario; el 19 por ciento que, ante “determinadas circunstancias”, un gobierno autoritario puede ser “preferible” a uno democrático y sólo el 49 por ciento, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Nueva y aplastante mayoría
En 2021, el pueblo chileno eligió mayoritariamente a independientes para que escribieran una nueva Constitución en una “hoja en blanco” y pudieran borrar la del dictador. Así ocurrió, pero la elite consideró que se estaba desfigurando al país y dio un golpe mediático para revertirlo. En 2023, en cambio, ha sido esa misma mayoría la que ha concedido un precioso estímulo al sector más pinochetista de la derecha, escindido de aquel que negoció algunos cerrojos constitucionales, y que busca alcanzar mayor libertad de acción para perpetuar, ojalá desde el gobierno, lo que se escribiera con sangre en años tenebrosos de nuestra historia reciente.
El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) acunó a los principales inspiradores de la Constitución de 1980 y a muchos de los posteriores herederos de la dictadura de Pinochet. Del mismo, sin embargo, emigraron, situándose aún más a la derecha, los descontentos con su supuesta debilidad negociadora con la centroizquierda, pasividad ante el estallido social y “entrega a la izquierda” de la Constitución actual. Dicho éxodo condujo hacia la conformación del Partido Republicano, que en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado domingo 7 alcanzaron, sorprendentemente, la primera mayoría nacional con nada menos que el 35,41 por ciento de los votos, fenómeno politico-electoral que no ocurría hacía 60 años y que redujo al ex partido madre a un 8,86 por ciento de respaldo en las urnas.
Los consejeros republicanos conformarán así casi la mitad del nuevo órgano, por lo que ninguna propuesta de éste podría alcanzar el quorum exigido para la aprobación de normas (tres quintos) sin el voto favorable de algunos de ellos.
Una nueva colectividad estelar, considerada de extrema derecha, ultraconservadora, nacionalista, autoritarista, pinochetista, neoliberal en lo económico, populista, anticomunista, antifeminista y antiglobalista. Que declara ser demócrata y creer en la justicia social, pero que defiende el legado político, económico e institucional impuesto por una dictadura, así como una pretendida legitimidad del golpe de estado de 1973. Que declara defender en la libertad individual, pero menosprecia la vida en comunidad. Que afirma creer en una economía social de mercado no sin libre iniciativa privada a la vez, y en un Estado “moderno y transparente”, pero que prefiere uno mínimamente activo e incapaz de garantizar todos los derechos comunes que la hagan posible. Que afirma creer en la vida, la familia y la patria, pero ciñiéndolas a dogma. Que dice promover la descentralización, pero sin autonomía para las regiones.
Sistemas y valores reducidos a una normativa constitucional redactada y promulgada sin democracia y reformada parcialmente después sólo con la anuencia de sus herederos, y destinada a inculcar –con éxito- un modelo individualista y materialista.
Pueblo autoexcluido
La futura propuesta de nueva Constitución, según acordaron los partidos políticos con representación parlamentaria autoconvocados después del Rechazo del 4 de septiembre, deberá ser redactada dentro de un marco previo de “bases institucionales y fundamentales”, por cuyo cumplimiento velará un Comité Técnico de Admisibilidad, elegido por el Parlamento.
De tal modo, dicha propuesta ya contiene algunas normas definitivas que, a pesar de establecer que la soberanía reside en el pueblo, obliga a éste a aceptar sin discusión que Chile es un estado social y democrático de derecho dependiente del principio de responsabilidad fiscal; que sean “las familias” las que tengan el “derecho-deber” preferente de escoger la educación de sus hijos; que los pueblos indígenas sean parte de la nación chilena; que el Poder Legislativo sea bicameral (Senado y Cámara de Diputadas y Diputados); que el Banco Central, entre otros órganos públicos, sea autónomo, y otros “bordes” constituyentes.
Enseguida, un Comité Experto, compuesto por especialistas designados por el Parlamento según propuestas de los mismos partidos políticos, votó un anteproyecto de texto constitucional que someterá a discusión del recién electo Consejo Constitucional y en el que tendrá derecho a voz. Este último, a su vez, a partir del 7 de junio próximo, aprobará, aprobará con modificaciones o incorporará nuevas normas a dicho anteproyecto por al menos tres quintos de sus integrantes y rechazará otras por al menos dos tercios, para finalmente presentar un nuevo texto constitucional al plebiscito de salida.
Redactores fácticos
Aunque las encuestas previas a la elección de consejeros hablaban de escaso interés y poca información ciudadana respecto del nuevo proceso, el voto obligatorio y su amenaza de cuantiosas multas a quienes no lo cumplieran incidieron nuevamente en una altísima participación, superior al 84 por ciento del padrón electoral. Un significativo porcentaje (16,98%), no obstante, acudió para anular el sufragio.
Y si hace ocho meses el acatamiento popular al llamado a las urnas coincidió con una actitud reaccionaria y agresiva hacia el proceso constituyente de parte de dos actores de actuación protagónica –el gran empresariado y sus dominantes medios afines-, esta vez asimiló una actitud mediática que, cual privilegiada encuesta y en contrario a los catastrofistas vaticinios anteriores, predecía que nada “peligroso” estaba en juego. En efecto, al gran empresariado le bastó realizar discretamente sus aportes a la campaña y manifestar públicamente sus expectativas, y a los medios de comunicación concentrados, simplemente cubrir el nuevo proceso con un enfoque que al menos no trastornó el ambiente. Hay que recordar que un convencional que reconoció haber mentido, devolvió la dieta y renunció a su cargo fue repasado a través de los medios durante un año, y dos candidatos a consejeros con otros casos personales –uno de ellos, electo- recibieron, en cambio, un trato no precisamente alarmista.
¿Sabiduría popular?
El propio pueblo, la ciudadanía, se autolimitó democráticamente a la simple elección de una parte de los redactores, a aprobar o rechazar -en diciembre próximo- una propuesta constituyente sin su participación y a volver a la nada en esta materia. O bien, si se mira desde otro ángulo, prefirió no meterse en conflictos de tal envergadura y esperar, una vez más, que los políticos propogan soluciones a sus problemas concretos y necesidades cotidianas.
Así las cosas, para diciembre no sería extraño que tal democracia quedara como está o, en el mejor de los casos, no muy distinta.
J.F.S.
Diversas fuentes
