En La Retaguardia de este miércoles 10 de diciembre, Eurico Campano analiza con Daniel Lacalle y con Eduardo García Serrano la iracunda reacción del Gobierno tras conocerse la sentencia condenatoria del ya ex Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos.
Pedro Sánchez ha decidido adoptar una postura desafiante hacia el Tribunal Supremo, algo inédito en su mandato. Después de que se hiciera pública la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar secretos, el presidente ha optado por cuestionar abiertamente esta decisión judicial, defendiendo la inocencia del fiscal general y anunciando que llevará el caso ante instancias superiores. Este giro marca un antes y un después en la relación entre el Gobierno y la judicatura, convirtiendo un episodio concreto en una lucha institucional de gran calado.
La estrategia del Ejecutivo contrasta de forma notable con el discurso que el propio Sánchez ofrecía hace apenas seis años, cuando ensalzaba la «independencia del Tribunal Supremo» tras la sentencia contra el Golpe de estado en Cataluña de octubre de 2017. En aquella ocasión, el presidente afirmaba que en España «nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político». Sin embargo, ahora que su fiscal general ha sido objeto de un revés judicial, la respuesta ha sido diametralmente distinta. Sánchez ha expresado su «discrepancia sobre la orientación de esta sentencia» y ha pronosticado que «el tiempo pondrá las cosas en su lugar», insinuando posibles correcciones por parte del Tribunal Constitucional o de instancias europeas.
Los argumentos del Supremo contra García Ortiz
La sentencia del Tribunal Supremo, publicada este martes después de diecinueve días de espera, presenta 180 páginas en las que cinco magistrados fundamentan la condena del ex fiscal general. El tribunal ha determinado que García Ortiz, o alguien cercano a él con su conocimiento, filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— a la Cadena Ser. Este correo contenía una propuesta de acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio por una discrepancia con la Agencia Tributaria respecto a las facturas presentadas por las empresas de éste, algo muy habitual que sufreen miles de contribuyentes cada año.
El tribunal ha sido claro al señalar que García Ortiz vulneró «sin justificación» su «reforzado deber de reserva», una obligación esencial de confidencialidad ligada a su cargo. En su resolución se enfatiza un principio clave: «El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito». Los magistrados han considerado que tanto la filtración como la posterior nota de prensa del 14 de marzo de 2024 forman parte de una «unidad de acción», donde dicha nota «consolida» y «oficializa» la filtración iniciada por el correo.
Entre las pruebas que sustentan la condena destacan elementos significativos: el borrado del teléfono móvil de García Ortiz, su negativa a responder preguntas durante las acusaciones, una llamada perdida realizada por el periodista de Cadena Ser que publicó el correo, y el testimonio de la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien manifestó haber sospechado sobre García Ortiz debido a esta filtración. El tribunal desestimó categóricamente el argumento defensivo que alegaba que cientos podrían haber tenido acceso al email y haberlo filtrado, tildándolo de «insinuación» carente del «mínimo requisito probatorio».
Durante la sesión de control celebrada este miércoles, el intercambio entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó patente la gravedad de esta crisis institucional. El líder del PP acusó al presidente de realizar «un desafío sin precedentes al Supremo», llegando incluso a calificarlo como «cada vez más peligroso para nuestra democracia». Feijóo destacó que Sánchez estaba presente físicamente en el hemiciclo pero mentalmente estaba «en las puertas del Supremo», pendiente sobre qué ocurriría al día siguiente con respecto a la votación sobre estabilidad presupuestaria.
Sánchez respondió con firmeza, afirmando que «la izquierda no pide permiso ni perdón para gobernar», contrastando así su independencia con lo que consideró dependencia del PP hacia Ayuso. Insistió en que «este gobierno siempre estará con la verdad» y dejó caer insinuaciones sobre posibles irregularidades dentro del entorno madrileño. Esta confrontación revela cómo este caso se ha convertido en un arma política crucial, trascendiendo lo judicial para adentrarse profundamente en el debate parlamentario.
Por otra parte, el choque entre Sánchez y el Supremo ocurre dentro un panorama institucional cada vez más tenso. Anteriormente ya había rechazado amnistiar al prófugo Carles Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos ya que el golpe de estado de 2017 se financió con dinero del contribuyente; esto fue interpretado desde Moncloa como respuesta directa ante ley amnistía vigente actualmente . Ahora, la condena impuesta sobre García Ortiz añade más reveses judiciales percibidos como “cacería” organizada desde Sala Segunda.
La iniciativa presidencial para recurrir ante Tribunal Constitucional abre otro frente institucional. Sánchez sugirió existe “otras instancias jurisdiccionales” donde “deberán resolverse algunos aspectos” quizás controvertidos . Esta apelación hacia instancias superiores junto defensa pública hacia García Ortiz representa desafío sin precedentes a la autoridad del Supremo.
