(PD).- La Comisión Europea ha decidido llevar a nueve Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales la Directiva comunitaria sobre la responsabilidad por los daños al medio ambiente. El plazo era el 30 de abril de 2007.
Esos nueve Estados son Austria, Bélgica (solo la región de Bruselas), Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y el Reino Unido.
El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha declarado: «La Directiva sobre la responsabilidad medioambiental aplica el principio de «quien contamina, paga» y es uno de los principales nuevos textos de Derecho ambiental comunitario de los últimos años.
Transcurrido más un año desde la expiración del plazo de transposición, ya va siendo hora de que estos nueve Estados miembros la incorporen a su Derecho nacional, especialmente para crear la certidumbre jurídica necesaria para los agentes económicos que lleven a cabo actividades que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva y para evitar distorsiones en su aplicación, lo que podría ocurrir, por ejemplo, si los daños afectaran a más de un Estado miembro».
La Directiva sobre la responsabilidad medioambiental establece el marco jurídico de la responsabilidad medioambiental según el principio de «quien contamina, paga», con el objeto de prevenir y paliar los daños al medio ambiente.
Las personas físicas y jurídicas que realizan o controlan actividades contempladas en la Directiva son estrictamente responsables de los daños que provoquen al medio ambiente debido a sus actividades. Los daños cubiertos son los perjuicios sufridos por las especies protegidas o los hábitats naturales, las masas de agua o el suelo.
El 1 de junio de 2007, la Comisión envió un primer apercibimiento por escrito a 23 Estados miembros que aún no habían incorporado la Directiva. 14 lo han hecho desde entonces.
Procedimiento legal
El artículo 226 del Tratado confiere a la Comisión facultades para emprender acciones legales contra los Estados miembros que estén incumpliendo sus obligaciones.
Si la Comisión considera que puede estarse produciendo un quebrantamiento del Derecho comunitario que justifica la incoación de un procedimiento de infracción, envía una «carta de requerimiento» (primer apercibimiento escrito) al Estado miembro afectado, solicitándole que le remita sus observaciones dentro de un plazo determinado, por lo general de dos meses.
En función de la respuesta o el silencio del Estado miembro interesado, la Comisión puede decidir enviarle un «dictamen motivado» (último apercibimiento escrito), en el que expone clara y definitivamente los motivos por los que considera hallarse en presencia de un incumplimiento del Derecho comunitario, e insta al Estado miembro a que proceda a acatarlo en un plazo determinado, por lo general también de dos meses.
Si el Estado miembro hace caso omiso del dictamen motivado, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia. Si éste dictamina que, efectivamente, se ha producido una vulneración del Tratado, se requiere al Estado miembro que adopte las medidas necesarias para ajustarse a Derecho.
El 228 del Tratado otorga a la Comisión facultades para interponer acciones legales contra un Estado miembro que no haya cumplido una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europeo enviándole, como se ha dicho anteriormente, primero una «carta de requerimiento» (primer apercibimiento escrito), y después un «dictamen motivado» (último apercibimiento escrito). En virtud también de ese artículo, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga una multa al Estado miembro incumplidor.
Información complementaria:
Para acceder a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas véase:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
Para obtener más información sobre la Directiva de Responsabilidad Medioambiental:
http://ec.europa.eu/environment/liability/index.htm