Espeluznante.
Y habitual.
Hoy, 22 de julio de 2025, Pakistán se enfrenta a una nueva ola de indignación nacional e internacional tras la brutal ejecución pública de una pareja acusada de mantener una relación “ilícita”.
El crimen, grabado en vídeo y difundido por redes sociales, ha puesto el foco en el peso de la Sharia, las lapidaciones por adulterio y otras penas extremas como el despeñamiento de homosexuales en ciertas zonas rurales, donde los consejos tribales siguen dictando justicia al margen del Estado.
La escena es tan impactante como reveladora.
En un paraje desértico del suroeste paquistaní, varios hombres armados rodean a una joven que sostiene un ejemplar del Corán.
Ella pide a su compañero que camine siete pasos con ella antes de aceptar ser ejecutada. Sin resistencia ni súplica, ambos son abatidos a tiros.
El vídeo muestra cómo los cuerpos son rematados mientras varios vehículos rodean la escena.
Las víctimas, identificadas como Sheetal, de 24 años, y Zarak, de 32, pertenecían a subclanes diferentes dentro de la comunidad baluchi.
Su único “delito” fue casarse por amor, desafiando la voluntad familiar y tribal.
La orden de ejecución partió de un consejo local (jirga), que justificó el asesinato como medida para restaurar el “honor” familiar.
"Five years after marrying for love, Sheetal (24) and Zarak (32) were lured to a so-called 'death celebration' and brutally killed by the Baloch tribe.
Does 'honor' only find peace in death?
Why is love punished with murder?#Balochistan #Pakistan #CONCOURS #Baloch pic.twitter.com/tt0eb9xsnr— Anam🇵🇸 (@jaffery_anam) July 21, 2025
Honor y ley islámica: una convivencia letal
El caso ha reabierto el debate sobre el peso de la Sharia (ley islámica) en Pakistán y su interacción con las costumbres tribales.
Según la legislación vigente desde 1979, el llamado Zina Ordinance, el adulterio y las relaciones sexuales fuera del matrimonio (zina) se consideran delitos graves.
Para personas casadas, la pena máxima bajo hadd es la lapidación hasta la muerte; para solteros, cien latigazos públicos.
No obstante, para aplicar estas penas se exige un estándar probatorio casi inalcanzable: cuatro testigos varones musulmanes presenciales o confesión reiterada.
Sin embargo, en muchas áreas rurales como Baluchistán o Sindh, los consejos tribales ejercen justicia paralela a través del sistema jirga.
Estas asambleas imponen castigos sumarísimos —incluidos asesinatos y lapidaciones— por motivos de honor o supuestas ofensas morales.
Esta dualidad legal permite que prácticas ajenas al derecho estatal sigan vigentes bajo pretexto religioso o cultural.
Honour Killing in Balochistan: Love Meets Brutality
In Dera Bugti, Balochistan, a couple married for love was brutally murdered by their tribe.
24-year-old Sheetal and 32-year-old Zarak were lured to a feast — it was a trap.
At a deserted field, 19 tribesmen awaited. Sheetal,… pic.twitter.com/OKkExPelfd— Media Bites – Imran Malik (@immiemalik) July 20, 2025
Cifras alarmantes y respuesta institucional
El fenómeno no es aislado. Solo en 2024 se registraron oficialmente 405 asesinatos por honor en Pakistán; organizaciones como Human Rights Watch elevan la cifra a alrededor de 1.000 mujeres asesinadas cada año por familiares directos. La mayoría son crímenes perpetrados por padres, hermanos o tíos con total impunidad.
En este caso concreto, la reacción oficial ha sido más firme que en otras ocasiones: al menos once sospechosos han sido detenidos y las autoridades provinciales han asumido el papel de denunciante ante la falta de colaboración familiar. El jefe del Gobierno baluchi ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias y procesar a todos los implicados.
No obstante, persiste un obstáculo legal: según interpretaciones islámicas recogidas en el Código Penal paquistaní hasta 2016, los familiares podían perdonar al asesino, lo que llevaba a miles de exoneraciones. Aunque una reforma reciente limita esta posibilidad, aún existen lagunas legales aprovechadas por agresores.
Lapidaciones y despeñamientos: castigos extremos bajo lupa
La polémica sobre las lapidaciones por adulterio sigue viva aunque rara vez se aplican oficialmente debido a los requisitos probatorios extremadamente estrictos impuestos por la ley islámica formal. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales dictadas por consejos tribales no requieren tal rigor: basta con una acusación para desencadenar castigos letales.
En cuanto a los homosexuales, aunque no existen registros recientes documentados sobre despeñamientos públicos en Pakistán —a diferencia de otros contextos donde algunos grupos extremistas han practicado esta forma brutal—, tanto la ley islámica tradicional como algunos códigos tribales consideran las relaciones entre personas del mismo sexo como delitos gravísimos susceptibles también de castigos extremos.
Tensión entre reforma legal y realidad social
La presión internacional y local para erradicar estas prácticas va en aumento. Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigen al Estado paquistaní abolir los consejos tribales y garantizar que toda persona sea juzgada exclusivamente bajo tribunales estatales con garantías legales plenas. Sin embargo, la resistencia cultural es notable: muchos habitantes rurales ven en las jirgas una autoridad legítima que preserva valores tradicionales frente a lo que perciben como injerencia externa o estatal.
El caso reciente ha generado movilizaciones sociales inéditas: artistas y activistas han calificado lo sucedido como “emergencia nacional”, mientras crece la demanda pública para que no quede impune ni vuelva a repetirse.
Perspectivas: ¿hacia dónde camina Pakistán?
El futuro inmediato dependerá tanto del coraje político para aplicar reformas judiciales profundas como del cambio cultural necesario para erradicar crímenes cometidos “en nombre del honor”. Mientras tanto:
- Persisten cientos de asesinatos anuales relacionados con normas patriarcales avaladas o toleradas socialmente.
- Las reformas legales avanzan lentamente ante la presión religiosa y tribal.
- La vigilancia internacional podría acelerar cambios si se traduce en apoyo efectivo a víctimas y testigos.
En palabras recientes de una activista paquistaní tras el crimen: “Esta crueldad debe terminar; no puede haber honor donde hay asesinato”.
La ejecución pública en Baluchistán muestra que ni las leyes estatales ni las reformas parciales bastan si no van acompañadas de un cambio profundo tanto legal como social. El desafío está servido: abolir definitivamente todo resquicio legal o costumbre que permita justificar el asesinato por “honor”, sea bajo bandera tribal o religiosa.
