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Los sicarios de la Asamblea Constituyente de Maduro destituyen a la fiscal general

El narcotraficante Diosdado Cabello propone como fiscal provisional al actual Defensor del Pueblo, el chavista Tarek William Saab

Los sicarios de la Asamblea Constituyente de Maduro destituyen a la fiscal general
Policías chavistas impiden a las fiscal Luisa Ortega Díaz acceder a su despacho. VZ

Los sicarios de la Asamblea Constituyente de Maduro han destituido a la fiscal general. La panda emergida de unas elecciones ilegales y manipuladas,según la propia empresa encargada por el Gobierno para supervisarlas, aprobó este sábado 5 de agosto de 2017 quitar del cargo a Luisa Ortega Díaz y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

Para redondear la ‘faena’, los obedientes jueces del Tribunal Supremo encuentran ‘méritos’ para su enjuiciamiento. La abogada tiene prohibido salir del país (¿A qué espera Baltasar Garzón para pedir una orden de detención internacional contra el dictador Nicolás Maduro?).

«Aprobado por unanimidad. Conforme a la votación queda removida de su cargo de fiscal general de la República la señora Luisa Ortega Díaz», ha hecho saber la presidenta de la ANC, la chavista Delcy Rodríguez, durante la sesión de apertura del nuevo organismo impulsado por el Gobierno venezolano y boicoteado por la oposición.

El TSJ, por su parte, y tal y como avanzó el Partido Socialista de Venezuela en su cuenta de Twitter, ha «aprobado ante juicio mérito contra la Fiscal General Luisa Ortega, por comisión de faltas graves durante el ejercicio de sus funciones».

También se ha ordenado el embargo de todos sus bienes. La ANC ha designado como sucesor de Ortega a Tarek William Saab, actual defensor del pueblo.

«Cómplice» de la oposición

Antes de la destitución formal, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la Fiscalía de ser cómplice de la «insurgencia armada» que ha vivido el país desde que empezara la ola de protestas contra su Gobierno el pasado 1 de abril.

Maduro hizo estas declaraciones en un acto televisado para conmemorar los 80 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el cuerpo de policía militarizada dedicado a la gestión de las protestas, horas después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Según el gobernante, la Constituyente servirá para «que haya justicia» y se cure una «herida social» de la que, afirmó, forma parte «la complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada, la protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más».

Azote de Maduro

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado, y ha sido acusada de «traidora» desde el oficialismo.

Por su parte, Ortega Díaz ha denunciado el «asedio» a la sede principal del Ministerio Público en Caracas por parte de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que mantiene rodeada la institución.

«Hablemos claro frente al país, si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara apegado a la justicia y con valentía hace mucho tiempo que esos (…) criminales estuvieran capturados, castigados y encarcelados», dijo Maduro, que ya ha adelantado que la Constituyente podría intervenir y tomar el control del Ministerio Público.
Un sistema personalista y totalitario

Al igual que el Parlamento, de mayoría opositora, Ortega ha denunciado la Constituyente como un «fraude», y ha alertado de que este órgano plenipotenciario activado por Maduro para reordenar el Estado, es un instrumento del Gobierno para instaurar «un sistema personalista y totalitario».

Maduro dijo en alusión a las protestas opositoras que Venezuela se enfrenta a «una insurgencia armada», y que las Fuerzas Armadas «tienen que prepararse en métodos de combate no tradicional, respetando la Constitución, para enfrentar a estos grupos armados, buscarlos, capturarlos y que haya justicia».

El presidente había declarado antes que la Constituyente empezará a trabajar el sábado en la puesta en marcha de una comisión de la verdad y la justicia que establezca responsabilidades por unos hechos violentos en las marchas antigubernamentales de los que responsabiliza a los líderes de la oposición.

Al menos 121 personas han muerto en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, víctimas de hechos violentos relacionados con esta ola de protestas.

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