Doce años después del contrato con el que Bono y Zapatero querían salvar a Navantia, los pagos de comisiones de dudosa legalidad convierten el acuerdo en un caso de debate sobre corrupción tras las declaraciones de la Fiscal General de Venezuela
Es José Bono una especie de Houdini, la versión española y en variedad político, de aquel fabuloso mago que se zafaba de todo y salía indemne de cualquier embrollo o peliugro.
El ex ministro socialista, ex presidente de Castilla-La Mancha y ex presidente del Parlamento ya no está en la política activa.
Lo estuvo durante tres décadas en las que, milagrosamente y sin otros ingresos declarados que los tasados que generaban sus altos cargos, atesoró una sólida fortuna. En más de una ocasión saltaron chispas sobre el origen de su hípica, sus mansiones, propiedades inmobiliarias o cuentas bancarias, pero el fuego ni siquiera llegó a tocarle.
Donde otros, del PP, el PSOE, CiU y otros partidos quedaban abrasados, Bono emergía inmaculado e intacto.
Ahora, vuelven los rumores y las dudas. sobre ‘Houdini’ Bono.
Entre los documentos que la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, ha entregado a la CIA e Interpol hay más de un expediente que hace referencia directa a España.
Y en concreto, en lo que se denomina ‘documentación de la segunda gaveta’ y desevela Juan E. Pflüger en ‘La Gaceta‘, hay un montón de papeles relacionados bajo el epígrafe «caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar».
En el año 2005 el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba el acuerdo con el Gobierno de Venezuela para la venta de cuatro barcos para la Armada del país hispanoamericano.
El ministro de Defensa, y por lo tanto máximo responsable de la venta de material militar a otros países, era José Bono, que ocupó esa cartera ministerial entre 2004 y 2006.
El acuerdo firmado entre los gobiernos español y venezolano incluía la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros; y de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio total de 698,71 millones de euros.
El coste total de la operación fue de 1.207,39 millones de euros. Entonces ¿por qué el Gobierno de Venezuela tuvo que pagar 1.246 millones de euros en la operación.
Porque apareció una empresa de intermediación: Rabazven Holding -que significa Representación de Bazan en Venezuela- que se embolsó el 3,5% del total del dinero del contrato.
La pregunta que surge entonces es ¿qué pinta una empresa de intermediación en la formalización de un contrato que supuestamente, según la declaración oficial del Gobierno de Zapatero, había sido conseguido a nivel estatal -recordemos que Navantia es una empresa 100% pública- por el presidente y su ministro de Defensa?
La respuesta acabó en los tribunales españoles y, como simpre que es un tema turbio en el que aparece implicado el exministro José Bono, pasó de puntillas, aunque no se ha cerrado todavía ni existe sentencia al respecto en el proceso judicial que se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Para la firma de este contrato que oficialmente fue preparada por el propio Bono, que junto al entonces presidente de Navantia -Juan Pedro Gómez Jaén- se desplazó a Caracas para realizar la firma del acuerdo entre los estados.
En el año 2010 saltó el escándalo y varios medios de comunicación se pusieron en contacto con Gómez Jaén, que por entonces se encontraba al frente de Sainsel Sistemas Navales S.A. Entonces se negó a dar ningún tipo de explicación alegando que era una cuestión a la que debía contestar Navantia.
La respuesta de esta empresa fue que «Rebazven ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela».
Fue entonces cuando un medio de comunicación, El Confidencial, preguntó por qué se usó un intermediario que se embolsaba más de 40 millones en la operación si oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono.
La respuesta de los astilleros públicos apuntaba a la gestión de Bono en Defensa:
«Pregunta en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato».
Ni que decir tiene que Defensa jamás dio explicaciones de la firma realizada por José Bono. Quién sí lo explicó fue el expresidente venezolano Hugo Chavéz quién fue preguntado en varias ocasiones sobre este extremo y siempre contestaba los mismo:
«queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado».
Por lo tanto, si fue un contrato entre estados ¿qué pinta una agencia de intermediación?
Pero el desvío de más de 40 millones de euros en comisiones no es la única polémica de esta venta dirigida por Bono.
Los pagos del Estado Venezolano se demoraron y en 2016 seguían sin abonarse casi 312 millones de euros que la empresa pública española había abonado en concepto de garantía de entrega de los trabajos.
Un dinero cuya entrega se encuentra suspendida al encontrarse el acuerdo bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
