Muchas empresas, sin duda, van a evitar tomar partido en las campañas electorales reñidas por temor a perder clientes
Denunciado el veredicto del Supremo el 21 de enero que resuelve el caso de financiación de campaña Citizens United, el Presidente Obama lo declaraba:
«Una luz verde a una nueva avalancha de dinero de los grupos de presión en nuestra política» y «una gran victoria de las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las aseguradoras y los demás grupos de interés poderosos»
Lo volvió a denunciar en su discurso del estado de la nación la semana pasada, diciendo que «abre las puertas a los grupos de interés», y agregó:
«No creo que las elecciones americanas deban ser financiadas por los grupos de presión más poderosos de América»
DINERO DE GRUPOS DE PRISIÓN
La bronca del Presidente precisa de cara dura. En su campaña a la Casa Blanca en 2008, él se convirtió en el primer candidato de la era moderna en rechazar la financiación pública, quedando libre para reunir la friolera de 745 millones en donaciones de campaña.
Gran parte de esta suma era «dinero de grupos de presión» – según el Center for Responsive Politics, la campaña récord de recaudación de Obama incluyó:
- 43 millones de dólares donados por colegios de juristas y lobistas
- 19 millones donados por gente con contactos en la industria sanitaria
- 18 millones de dólares donados por bancos de comercio e inversión
- 10 millones de dólares donados por grupos inmobiliarios
- 9 millones de dólares donados por la industria del celuloide y la televisión
Obama no es el único crítico de la sentencia del Supremo cuya indignación ante la influencia corporativa en las campañas políticas parece un poco… artificial. El senador Charles Schumer, Demócrata de Nueva York, condenaba al Tribunal por haber «determinado los ganadores de las elecciones del noviembre próximo. No serán los Republicanos. No serán los Demócratas. Será la América corporativa.
Schumer:
«Viniendo de Schumer es una denuncia curiosa: él es el principal destinatario en el Senado de las donaciones de campaña aportadas por comités de acción política y demás donantes de cerca de dos docenas de industrias, incluyendo inmobiliarias, la construcción, valores, fabricantes de bebidas alcohólicas, aseguradoras y fondos de cobertura»
INDIGNACIÓN FINGIDA
Peor que la hipocresía, no obstante, es la condescendencia hacia los votantes que se esconde detrás de la indignación fingida por la sentencia del Tribunal Supremo
Jonathan Alter, de Newsweek, hacía sonar la alarma porque «si Goldman Sachs quiere asumir el coste de cada campaña al Congreso, la ley ahora lo permite». (En realidad no lo permite: la sentencia no toca en ningún momento la prohibición de donaciones de empresas a políticos).
Alan Colmes, el progre de la casa en Fox News, predice la «adquisición corporativa de América». Mónica Youn, del Centro Brennan para la Justicia, firmando el artículo antes de conocerse la sentencia, advertía que si los jueces liberalizan el discurso político «los electores se verán obligados a asumir el papel de meros espectadores, simple audiencia del espectáculo electoral comprado y pagado por ricas empresas».
Pero los votantes no son imbéciles. Las campañas publicitarias no les convierten en autómatas que votan a ciegas al candidato que «más se anuncia». La política estadounidense está repleta de candidatos y campañas que perdieron por puntos, al margen de los dinerales gastados en anuncios en prensa, cuñas radiofónicas y anuncios televisivos que les promocionaron.
EXPRESAR SU OPINIÓN
La sentencia del Supremo simplemente permite que las empresas, al igual que un sinnúmero de asociaciones y grupos, expresen su opinión durante las campañas electorales. No tiene ningún efecto sobre la capacidad de los votantes de ignorar lo que las empresas pueden optar por decirles.
No lo creerá viendo todo el escándalo sobre publicidad corporativa soterrada, pero los estadounidenses son perfectamente capaces de pensar por sí mismos. ¿Por qué tanta gente inteligente lo encuentra tan difícil de aceptar? Es una vieja historia.
En 1958, John Kenneth Galbraith publicó La sociedad opulenta, un éxito de ventas que alegaba, entre otras cosas, que las grandes empresas se habían vuelto más poderosas que las leyes de la oferta y la demanda, porque la publicidad corporativa siempre podía generar la demanda necesaria para sostener la producción.
Por casualidad, 1958 fue también el año en que la Ford Motor Company decidió dejar de fabricar el Edsel, el nuevo modelo de coche que había presentado el otoño anterior con gran fanfarria y gran presupuesto publicitario – pero que los conductores estadounidenses se negaron rotundamente a comprar.
TEMOR A PERDER CLIENTES
Que las empresas vayan a dar uso a la sentencia del Supremo está por verse. Muchas empresas, sin duda, van a evitar tomar partido en las campañas electorales reñidas por temor a perder clientes; otras pueden decidir que los presupuestos de relaciones con el gobierno se gastan mejor en la presión política discreta que en campañas públicas.
Pero ni siquiera aquellas que opten por anunciarse en elecciones van a cometer el error que muchos de los detractores de la sentencia están cometiendo.
Ellas saben que los estadounidenses no son ovejas, a las que se conduce fácilmente como ganado por medio de anuncios inteligentes. Si la publicidad corporativa fuera irresistible, después de todo, todos estaríamos bebiendo la nueva Coca-Cola.
