Palpito Digital

José Muñoz Clares

Maza Martín y el Golpe de Poder

La sentencia 63/2005 del Tribunal Constitucional desencadenó en los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre los que estaba Maza Martín, una reacción de rebeldía contra el orden constitucional que aún sigue activa. Se negaron a acatar la resolución del Constitucional y, pisoteando otro principio fundamental del Estado de Derecho – la jerarquía normativa –, decidieron desdecirse de su juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución dando prevalencia al art. 1.6 del Código Civil sobre el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que al ser ley orgánica está en todo caso por encima de una ley ordinaria. Por menos de eso se ha juzgado y condenado por prevaricación en España pero, claro está, en la medida en que juzgar a estos aficionados al golpe de poder requeriría una actuación decidida de la Fiscalía y una verdadera independencia en el órgano llamado a enjuiciarlos – la sala del 61 -, aquí no pasó nada y todo se resolvió entre caballeros pisoteando la ley al unísono en alegre rigodón.
El 18 de julio de 2006, mientras los nostálgicos celebraban el setenta aniversario del golpe de Estado de Franco, dictaron un acuerdo de pleno en que declaraban “vinculantes” a sus propios acuerdos de pleno, es decir, lo que hiciera Franco 70 años antes: aquí mando yo porque lo digo yo. Y las Cortes nada hicieron para defender sus competencias de la invasión de que estaban siendo objeto. Y explicitaron los rebeldes su postura en diversas sentencias y votos particulares, esperpénticos unos – el de Bacigalupo Zapater dejó acreditadas sus carencias sobre instituciones esenciales del Derecho – y de mayor calado otros, como el que suscribió el propio Maza Martín en la STS Sala Segunda de 24 de julio de 2006, que comenzaba señalando que antes de obrar según la ley ordena  debían “decidir previamente sobre el grado de vinculación que a la misma (LOPJ, art. 5.1) ha de reconocérsele en relación con nuestros pronunciamientos…”, que es como si un sargento, antes de cumplir la orden recibida, debiera considerar el nivel de vinculación que lo ata a la cadena de mando. Invocaron como argumento legitimador  “el texto del Acuerdo adoptado, por unanimidad de todos los presentes, en el Pleno no jurisdiccional celebrado por esta Sala, en fecha 12 de Mayo de 2005, precisamente en respuesta a la publicación de la STC 63/2005”, y concluyó con “la ausencia de vinculación de esta Sala respecto de los pronunciamientos del TC en todo caso” y a reducir su acatamiento a aquellos supuestos en que así lo considerara oportuno el TS, afirmando el “no sometimiento jerárquico a aquel otro órgano”. En definitiva, situó a los ilegales acuerdos de pleno no sólo por encima de la ley sino por encima de la Constitución, y al TS por encima del TC, de modo que es el propio TS el legitimador último de su insubordinación frente al orden constitucional. Franco mismo no lo expresó ni lo ejecutó mejor. Y desde entonces viene el TS legislando al margen de la ley pese a ser conscientes de que lo que hacen está expresamente prohibido por el art. 12.2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Maza Martín y sus colegas  vienen obrando, por tanto, igual que los separatistas catalanes: sólo acatan al Tribunal Constitucional cuando les da la razón, y se han erigido en dictadores jurídicos en este desdichado país que no tiene ya quien lo defienda dada la pasividad de los llamados a defenderlo. Entre un golpe de Estado y lo que hicieron no media más que tricornios y fusiles de asalto, de ahí que sólo pueda calificarse de Golpe de Poder y no de Estado, golpe que quedó definitivamente afirmado con la doctrina Parot y el manejo ilegal de la pena de prisión y la prolongación efectiva de la misma sobre quienes ellos definieron como enemigos del Estado.
¿Y es este personaje el que a partir de hoy va a proteger la integridad del sistema jurídico español? ¿Es este el que va a defender la Constitución como norma fundamental del Estado? ¿Qué hará cuando se alcen en rebeldía otros jueces de alguna comunidad autónoma y aleguen el precedente de Maza para cuestionar la legalidad y justificar su desacato al Tribunal Constitucional? ¿Les va a aplicar la ley que a sí mismo no se aplica? Lo de Maza está claro y lo de Rajoy y el PP también: no hay una voluntad seria de defender el orden constitucional, siendo de temer que la autarquía que toleran en el TS y ahora ratifican poniendo a Maza en la cúpula de la Fiscalía sea un arma para controlar al TS y a la Fiscalía a la vez y someter ambas instituciones a su antojo, poniéndolas al servicio de intereses partidistas si no meramente personales, dado que el TS es el órgano llamado a juzgar a la cúpula del poder político en España. Es decir, que si al hilo de las investigaciones presentes o futuras resultare tener Rajoy alguna responsabilidad penal, el llamado a acusarlo será Maza y los llamados a juzgarlo los rebeldes de la Sala Segunda. ¿No van las cosas cobrando sentido?

El TS, su Sala Segunda, se ha autoafirmado como institución autárquica al margen de la Constitución montando un chiringuito legislativo chapucero. Rajoy y el PP consienten y alientan la tropelía. Y a ambas cosas, chiringuito y tropelía, hay que poner fin como única forma de encaminar este país por una senda que no fomente la corrupción generalizada que heredamos del régimen anterior, que toleró la corrupción de los jueces a cambio de que no se metieran en política. Rajoy ha mejorado la suerte: consiente la corrupción del sistema a base de meter a los jueces en política. Corrupción no es sólo meter mano a las arcas públicas o prevaricar. También lo es corromper de forma voluntaria la vigencia de la Constitución y de las leyes orgánicas derivadas. Corrupción es retorcer la ley para prolongar ilegalmente la prisión de los condenados. Corrupción es arrogarse una legitimidad bastarda y pervertir el sistema jurídico para acomodarlo a las obsesiones particulares de quien se prevale de su poder para conseguir otros fines más allá de los que marca la Constitución. Hoy el PP ha dejado clara su voluntad de contribuir con sus nombramientos a la perpetuación de la más refinada corrupción: la que surge directamente de los llamados a combatirla. Y frente a ello no cabe sino impedir que el PP ejerza el poder torcidamente y poner coto a Maza Martín y a los magistrados del Supremo que insisten en no acatar la Constitución ni al Tribunal Constitucional.

 

 

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José Muñoz Clares

Colaborador asiduo en la prensa de forma ininterrumpida desde la revista universitaria Campus, Diario 16 Murcia, La Opinión (Murcia), La Verdad (Murcia) y por último La Razón (Murcia) hasta que se cerró la edición, lo que acredita más de veinte años de publicaciones sostenidas en la prensa.

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