España mantendrá su protección sobre Leopoldo López y le mantendrá lejos de las garras de la dictadura de Nicolás Maduro.
La decisión sobre la extradición del opositor venezolano está en manos de la Justicia española, aunque el Gobierno español defiende sus derechos a actuar con libertad.
Así lo indicó la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach: “En los asuntos relacionados con demandas de extradición, lo más normal es que dejemos que la Justicia tome las decisiones adecuadas”.
López, quien reside en Madrid desde octubre pasado, es reclamado por el Tribunal Supremo de Venezuela que está controlado directamente por el régimen chavista.
Gallach subrayó que a juicio del Gobierno español, “los líderes políticos de la oposición deben poder actuar con libertad, como ocurre en todos los países en los que la oposición es respetada y desempeña un papel muy importante en la vida política”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que solicitó a España la extradición del político opositor Leopoldo López “para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano”.
Según el texto, la condena que debe cumplir López es de “ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas” por los delitos de “determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación”.
Leopoldo López ya se puso a disposición de la justicia española.
López abandonó su país a finales de octubre pasado de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia, después de pasar 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo en calidad de huésped mientras era solicitado por la Justicia local y acusado de ser terrorista por el Ejecutivo chavista. Antes de refugiarse en la embajada de España y huir de Venezuela, López cumplía una condena en una cárcel militar en Caracas desde septiembre de 2015 tras ser acusado como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014, en los que murieron tres personas.
Tras conocerse la petición de extradición, el líder del PP, Pablo Casado, instó al Gobierno español este martes a que exprese que no reconoce “a un tribunal de una dictadura” como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que no accederá a la extradición del opositor Leopoldo López.
Gallach recalcó también la importancia de que la “actual situación política grave en Venezuela se resuelva a través de un diálogo entre los venezolanos”.
“España va a apoyar y viene apoyando claramente este diálogo, desde fuera. Queremos que sea un diálogo en el que deben de sentarse el régimen y la oposición en su totalidad, y nosotros tenemos que apoyarlos”, aseveró.
