Ana Avellano y Luis Balcarce (PD)-. El secretario de la SS ha dicho que se contrata por 8 horas a gente que «va a estar tocándose las narices cuatro» y el de Economía cree que el sueldo deberá ser coherente con la caída del gasto. Rara vez un peso pesado socialistas se atreve a toserle a los funcionarios públicos. Josep Comajuncosa, de ESADE, reconoce esta realidad y cree que habrá que abordarla tras la crisis.
¿Quiénes saldrán ganando y quiénes perdiendo con el nuevo modelo de financiación autonómica?
En principio está diseñado para que nadie salga perdiendo aunque, obviamente, no todos saldrán ganando igual. La idea es que, a diferencia de las propuestas del anterior ministro Solbes, se ha aportado más dinero a la financiación autonómica para que ninguna comunidad autonómica reciba menos de lo que recibía antes.
El hecho de que algunas comunidades autónomas reciban más depende de razones meramente políticas y sin sentido económico. Las cantidades que recibían las comunidades autónomas dependían de su población y estos cálculos utilizados eran los mismos que hace más de una década.
Un problema con esto es que la inmigración hace que esta cifras dadas por cada comunidad no reflejen la población actual sino la de hacía hace más de 15 años.
Tres millones de funcionarios y las autonomías que no dejan de ser un pozo sin fondo. ¿Cómo se revierte esto?
Es un problema. Tenemos demasiados funcionarios sabiendo que un cierto número de ellos son imprescindibles para la economía. En momentos de crisis es habitual que suba el porcentaje de los funcionarios pero a medio plazo deberíamos de ser capaces de tener una economía más basada en la industria y servicios competitivos a nivel europeo. Ahora el sector privado está perdiendo puestos de trabajo y el sector público tampoco puede prescindir de los empleos.
Hablemos de las cajas. ¿Hasta cuando seguirán siendo un cortijo político?
Algunas cajas están fuertemente controladas por el partido político que lidera esa comunidad autónoma. Y hasta cierto punto esto es inevitable. Lo que debe de existir es un control y normativa estricta sobre lo que puede o no hacer una Caja de Ahorro, sobre todo si depende de las diputaciones provinciales o comunidades autónomas.
En parte, las Cajas de Ahorro serán siempre un cortijo político porque es inevitable que el poder use ciertos instrumentos financieros. Debería de ser menos utilizado o de forma racional para no suponer un peligro para la salud del sistema financiero. Esto deberá abordarse después de la crisis económica y del sector financiero.
Es cierto que la aportación catalana al conjunto del Estado según el modelo de Balanza Fiscal divulgado hace años por la Fundación BBVA era desfavorable para Cataluña en unos 7.200 millones de euros. Pero es aún más desfavorable para Baleares y Madrid. ¿Qué valoración hace de esto?
El problema de las Balanzas Fiscales es que hay varias metodologías y la del BBVA no es de las más utilizadas en otros países. Una de las causas es porque no tienen el “efecto sede” donde, por ejemplo, se atribuyen como impuestos pagados por los ciudadanos de determinadas comunidades los beneficios de empresa que no tienen competencia en esa comunidad sino en otras. Y esto es complicado de solucionar pero factible.
