En torno al asesinato en la localidad riojana de Lardero de un niño de 9 años a manos de un criminal en libertad condicional desde abril de 2020, después de pasar 20 años en prisión por el asesinato y agresión sexual a una mujer en 1998 -tras ser condenado, además, en 1993 por tentativa de agresión sexual y secuestro de una niña -, hay muchas preguntas en el aire.
Sorprende y mucho que, a un preso condenado por una aberrante agresión sexual, acompañada de un brutal asesinato que llevó a cabo tras haber sido condenado anteriormente por otra agresión de la misma índole, se le dé viagra en la cárcel para mantener relaciones sexuales con una mujer a la que conoció por carta, como revela Alfonso Egea en OKdiario este 30 de octubre de 2021.
Indigna también que lo soltasen y ahí el Ministerio del Interior algo debe explicar.
Hace 18 meses y por decisión de Ángel Luis Ortiz, amigo de Marlaska, Francisco Javier Almeida recibió el tercer grado.
Ortiz es actualmente secretario general de Instituciones Penitenciarias, fue asesor jurídico de Manuela Carmena, después de que la alcaldesa abogara en 2013 por «vaciar las cárceles», y siempre ha criticado la «dureza» penitenciaria.
El nombramiento para Instituciones Penitenciarias de un amigo con extravagantes ideas sobre el sistema penitenciario español obligan a la renuncia de Marlaska, pero el ministro ni pestañeará.
Y dicho esto, sólo cabe afirmar que es una lástima que en el año en que cometió su primer crimen no existiera la prisión permanente revisable, incorporada a nuestro Código Penal en 2015.
Desde 2017, año en que se impuso la primera pena de este tipo, treinta personas han sido condenadas a prisión permanente revisable.
Si en 2000 -año en el que fue condenado por el asesinato y agresión sexual de una mujer- este asesino hubiera sido condenado a dicha pena no habría podido acabar con la vida del pequeño de 9 años.
Los argumentos naif de una izquierda que considera que la prisión permanente revisable es una forma de venganza que choca de bruces contra el objetivo fundamental de la reinserción de los presos se caen por su propio peso cuando nos encontramos con asesinos que se excitan ante la muerte y el dolor, que disfrutan con el sufrimiento de sus víctimas.
Y es que una sociedad tiene todo el derecho y la obligación de protegerse ante criminales como este. No es colocando el derecho a la reinserción de los criminales por encima de la seguridad de la sociedad lo que vuelve a las democracias más justas. Al contrario, las vuelve más vulnerables.
Al asesino del pequeño de 9 años se le dio viagra en la de El Dueso en Cantabria, para ‘mantener relaciones sexuales satisfactorias’ con una mujer a la que conoció por carta.
Era -dicen- un preso modelo, un tipo educado y nada conflictivo.
Fue apodado Mortadelo por los otros presos debido a su parecido físico con el personaje de Ibáñez.
Era un tipo solitario, introvertido, sordo, pero también inteligente y hasta cordial, dice a COPE el que ha sido su abogado durante años.
El letrado Antonio Amancio dice que él mismo se tenía miedo.
«Él manifestó que no quería que le pusiesen en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer».
«Se sostenía que tenía desviaciones en la conducta sexual, como fetichismo o necrofilia. Esquizofrenia no tenía, ni ninguna de esas patologías para que un psiquiatra dijese que este señor estaba loco».
Pues bien, si dentro de la cárcel era un compendio de virtudes y cada vez que salía a la calle se convertía en asesino, nada más lógico que no ponerle nunca en libertad, pues fuera de prisión era un peligro y una amenaza evidente.
Casos como este ponen de manifiesto que los discursos giliprogres sobre la reinserción de presos imposibles de reinsertar han hecho mucho daño, pues han permitido que durante años criminales como el asesino del pequeño de 9 años entraran y salieran de prisión en una secuencia tan interminable como estúpida.
Y es que si el asesino de Lardero hubiera sido condenado en su día a prisión permanente revisable hoy no estaríamos lamentándonos por el tiempo perdido.
