Entre faisanes, gallinácea que suele ser cobrada como pieza de caza menor, toreros con su montera y choriceros varios, los espacios de opinión de la prensa de papel española podrían parecer el 18 de octubre de 2013 una crónica costumbrista de la España cañí.
Pero si les sumamos unos yonkis, nos encontramos con una extraña mezcla entra ‘La escopeta nacional’ de Berlanga y el cine de quiquis al más puro estilo ‘El vaquilla’. Pero no, no se trata de nada de eso, sino de una colección de artículos referidos a política.
El veto del Ayuntamiento de Barcelona a una foto del torero Padilla, con su parche y su montera, como cartel para anunciar la exposición del World Press Photo da pie a artículos en sentido contrapuestos.
No necesita usted, estimado lector, desvanecerse los sesos para adivinar quién está más contenta que unas castañuelas –espero que nos perdone tan españolísimo símil– con la decisión del munícipe Trias.
Es una de las columnistas estrella del periódico del conde de Godó y Grande de España metido a independentista catalán. Efectivamente, se trata de Pilar Rahola, que titula en La Vanguardia un lacónico La foto.
En estos tiempos ruidosos, sólo faltaba la foto de un torero, rechazada por el Ayuntamiento para ilustrar la World Press Photo. Como era previsible, la decisión ha soltado a los demonios, a ambos lados de la nutrida corte de los que nos importa la cuestión de los toros, unos para rechazar las corridas, otros para defenderlas. «Censura», dicen las voces del toreo; «censura», repite la oposición a Trias.
Añade:
Perdonen pero la censura me parece una palabra demasiado grande usada con demasiada alegría.
Y pasa a enumerar casos que para ella sí son censura:
Censura es, por ejemplo, la decisión del PP de Gandia de retirar la escultura de Antoni Miró que, desde el 2007, conmemora el 300.º aniversario de la pérdida de los fueros valencianos en la batalla de Almansa de 1707. Para justificarlo, el concejal de turno -llamarlo de Cultura sería un exceso- ha dicho que lo hacía porque «esconde símbolos catalanistas, como la cuatribarrada, que están camuflados pero se ven en perspectiva», y que hay que sacarla porque «afea» la ciudad.
A este humilde lector de columnas la escultura en cuestión le parece, efectivamente fea, pero no más que otros cientos de esculturas que afea rotondas, y no sólo rotondas de ciudades y pueblos de todo el mundo. Todavía recordamos el horror estético que nos causaba el tristemente célebre astronauta de Valdemoro cada vez que íbamos a casa de unos amigos que viven en dicha localidad madrileña. Hace años que no pasamos por ahí, pero nos tememos que esa estatua es como el dinosaurio que despertó y sigue ahí. Lo que debería haberse hecho con todos esos supuestos monumentos es no haberlos hecho nunca.
Ahora bien, del caso que denuncia Rahola sabemos poco. Tan sólo que lo que pretende el ayuntamiento es llevársela a otro sitúo (no quitarla), lo que es caro, y que el autor se considera con derecho a reclamar que siempre siga ahí. En definitiva, un tema bastante estúpido que de un modo u otro cuesta un dineral a los ciudadanos y más de un disgusto visual a quien tiene que ver la escultura.
También [es censura] que desde que el PP gobierna Raimon no haya podido cantar en Valencia.
Le recomendamos a la columnista de La Vanguardia que se informe. Si se refiere a la capital del Turia, en una breve búsqueda en Google, hemos encontrado entre los primeros resultados referencias a tres conciertos del cantante en dicha localidad, uno en 2008 y dos en 2010. El PP gobierna en ese ayuntamiento desde 1991, así que se equivoca Rahola. Si se refiere a la provincia o a la comunidad autónoma, encontramos muchas más actuaciones.
Y lo siguiente es de traca:
Y censura es lo que le acaba de pasar a Albert Pla, a quien el alcalde del PP de Gijón le ha prohibido el concierto porque dijo que le daba asco ser español. Expresión, por cierto, muy propia de su irreverencia. También le ha dicho al Basté que no fue a la Via Catalana porque «estaba haciendo un bolo en castellano en una fiesta charnega», y espero que nadie en Catalunya lo deje de contratar. Pero ni irreverencia ni nada, fuera de la cartelera de Gijón, que con España no se juega. Todo estos ejemplos de censura de manual, y sólo son los más recientes, no tienen nada que ver con lo que ha pasado en el Consistorio barcelonés. Sólo faltaría que un ayuntamiento no pueda escoger la foto que mejor concilia los valores de la ciudad, y entre la de un parado (que ha sido la escogida) y la de un torero, no hay color. Forma parte de la lógica de la elección y de los márgenes de autoridad de la alcaldía.
Dicho de otro modo, el Ayuntamiento de Barcelona no censura cuando veta una foto que «mejor concilia con los valores de la ciudad», pero sí lo hace el de Gijón cuando anula una actuación de un tipo que insulta a todos los españoles en un teatro municipal —El cantautor catalán Albert Plá: «Siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo»–. Censura sería que ese mismo consistorio prohibiera que Plá actuara en una local privado, pero el Jobellanos es propiedad del consistorio. Por cierto, que para el afilador de columnas lo que no deben existir son los teatros públicos, siempre controlados por políticos y que sirven para entregar dinero de los ciudadanos a artistas que nunca van a ir a ver. Otra cosa, ¿por qué iban los nacionalistas catalanes porque el cantautor dijera que actuaba en una fiesta ‘charnega’, termino despectivo para referirse a los procedentes de otras partes de España?
Conluye:
Perdonen, pero ¿qué pinta un torero representando a Barcelona? No sólo no es censura, sino que es sentido del buen gusto.
Así que Rahola considera que un parado representa bien a Barcelona. No creo que a los políticos de la ciudad les haga gracia la frase, inconscientemente les está culpando del desempleo. Por cierto, si en otra localidad se utiliza una foto de una guerra cualquiera, ¿eso significa que ese municipio es belicista? Es que hay argumentos que no se sostienen.
David Gistau.
La postura radicalmente contraria a la de Rahola la encontramos en ABC, donde David Gistau firma Padilla y los niños:
Un alcalde en posesión del mando a distancia se comporta como si los días transcurrieran en Barcelona en un horario protegido como el de la televisión. Es decir, que Trías infantiliza a sus ciudadanos porque considera que debe apartar de ellos una estampa pintoresca que contiene varias sugerencias trágicas. El parche, los timbales, y sus cinco uve dobles por cabeza. Como a los vecinos de Madrid nadie nos tutela con tanta ternura patriarcal, yo recuerdo, hace algunos años, haber tenido que encontrarme constantemente por las calles a aquella afgana que posaba con la nariz amputada, «memento mori» que siempre era necesario tamizar en un bar.
No es por insistir, ahora Rahola podrá decir que entre los valores de Madrit está la amputación femenina ‘por honor’, en realidad por salvajismo.
Trías dice que ha extirpado la imagen porque no refleja los valores de la ciudad, que son esencialmente decorativos y denostan por «kitsch» los souvenirs flamencos y las muñecas legionarias. Ahí es donde el alcalde no ha podido evitar que un prejuicio feroz se imponga al sentido del ridículo. Porque el cartel de Padilla no era una reivindicación taurina, ni por tanto un desafío a sus obligaciones de custodio de la moral colectiva, sino una pieza de las más destacadas de una exposición de fotoperiodismo. Y ni siquiera cuando alcanza la belleza y narra un relato con una sola imagen congelada, como en este retrato, el periodismo es propaganda de valores orgánicos.
Concluye:
Sabemos que, al alcalde de Barcelona, este arrebato inquisitorial no se lo habría inspirado un segundo premio concedido, por ejemplo, a una fotografía de combate en Siria. Sabemos que vio montera y sufrió un reflejo de Pavlov. Pero ni siquiera puede reclamar el honor de haber librado batalla contra la pérfida tauromaquia, porque lo agredido ha sido el periodismo. El que desborda con su crudeza el horario de protección, al menos en las sociedades no infantilizadas, en las que no existe esa resistencia a que el drama arruine la decoración.
Juan José Millás.
Pero dejemos los toros y las censuras para pasar a otros temas. En El País, Juan José Millás se lanza en trompa contra el PP. Nada sorprendente, por otra parte. Lo hace con el título de El mono aprieta:
Rajoy miente, Montoro miente, Guindos miente, Sáenz de Santamaría miente, Cospedal miente, Carlos Floriano miente, Ruiz-Gallardón miente, Ana Mato miente, José Ignacio Wert miente, Fátima Báñez miente… La relación del PP con la mentira es la del toxicómano con la droga. Vive para ella, alrededor de ella, solo piensa en la dosis próxima.
Pone varios ejemplos, y añade:
Cuando Rajoy dice en Japón que Fukushima no supone riesgo radiactivo alguno mientras entre sus zapatos corre un líquido fosforescente, no es por capricho. Lleva, entre viajes y cambios horarios, más de 48 horas sin mentir. A ver qué drogadicto aguanta eso.
Hombre, no vamos a negar que el registrador de la propiedad que creíamos metido a gobernante miente mucho. De hecho, la primera mentira es que nos prometió bajar impuestos y no ha parado de subirlos, prometió firmeza frente a ETA y ahí está Bolinaga de ‘txiquitos’, prometió… Pero hombre, creemos que nadie vio un líquido fosforescente corriendo entre sus zapatos mientras hablaba de Fukushima. Mal asunto ese de acusar a alguien de mentir mientras uno se inventa cosas para afianzar la acusación.
Concluye:
Hay subsecretarios y directores generales que al no tener la oportunidad de mentir ante las cámaras, lo que dobla la eficacia del estupefaciente, se retiran al cuarto de baño y se dicen las mentiras a sí mismos, frente al espejo, como el que desaparece un rato para meterse unas rayas.
Solo nos queda una pregunta, ¿por qué no escribió algo parecido sobre el Gobierno del ahora supervisor de nubes? No era un ejecutivo menos mentiroso que el actual, y mira que eso resulta difícil. En realidad, lo complicado es encontrar un gobernante que no mienta.
Pasamos al periódico de la ‘disciplina’, donde Alfonso Merlos vuelve a escribir sobre unos de sus temas favoritos, las corruptelas sindicales. Lo hace con el título de Fraude al por mayor.
Abierto el cajón, convidado está el ladrón. Tan espectacular como lamentable. Tan escandaloso como delictivo. Tan antidemocrático como chapucero. Es el método de las élites sindicales. Hablemos sin pelos en la lengua: cuanto peor les ha ido durante la crisis a los trabajadores, mejor les ha ido a los capos de UGT y CC OO. Es así.
Añade:
Aquí hemos asistido durante años a un proceso perfectamente planificado, ejecutado y controlado de malversación de caudales públicos, de enriquecimiento personal y organizativo enteramente pornográfico, de fraude, falsificación documental. ¡Terrible! Es que da la impresión de que estos jetas que supuestamente defienden a los más necesitados han agarrado el Código Penal y lo han fusilado del primero al último de sus artículos.
Concluye:
Da igual que estos fariseos que no merecen ni un euro en subvenciones ataquen a la Guardia Civil, que calumnien a la jueza Alaya, que se permitan dar lecciones a los periodistas. Les tenemos calados. Les hemos pillado. Los demócratas vamos a por ellos. Sin chillar. Las acciones hablan más fuerte que las palabras.
Nos parece totalmente acertado lo que escribe el ‘american dad’ español (Beatriz Manjon, ‘dixit’), pero le podemos hacer un reproche similar al que hicimos al Millás. Las corruptelas no se limitan a sindicatos y partidos de izquierdas o nacionalistas. También las hay en el PP, nos gustaría ver que un día denunciara a los chorizos que se cobijan bajo las siglas del partido que se supone que gobierna España.
También en La Razón, José María Marco publica Populismo catalanista, con motivo del listado de supuestos agravios presentado por Mas.
A finales del siglo XIX, el descontento de los catalanistas lo compartían, en buena medida, muchos españoles. Es lo que acabó llamándose «regeneracionismo». Ahora ocurre lo mismo, por lo menos en parte. Y como entonces, sólo en Cataluña se da una estructura política que hace posible la expresión de este tipo de malestar. El nacionalismo, sobre todo el que venimos conociendo en los últimos años, desde que el PSOE y CIU alentaron a ERC a echarse al monte, tiene mucho de protesta populista, antipolítica -ah, las unanimidades nacionales…- y de tintes xenófobos.
Añade algo que sin duda molestará a los nacionalistas:
Estos brotes de sarampión colocan al nacionalismo junto al Frente Nacional francés, los Partidos de la Libertad en Holanda y en Austria, el del Progreso en Noruega y el Nacional Británico en el Reino Unido. Ése es su espacio, su ideología y su carácter. Había quien creía que España permanecería ajena a este tipo de movidas. No es así. Lo curioso es que los españoles hacemos en esta función el papel de extranjeros e inmigrantes.
Concluye:
Si los nacionalistas catalanes quieren alguna clase de acuerdo que singularice su nación con respeto a las demás comunidades autónomas, lo más inteligente sería dejar de practicar el frikismo mientras se contemplan extasiados el ombligo.
El Mundo es sin duda alguna el partido que está poniendo más carne en el asador en el asunto de la sentencia del Faisán. Por segundo día consecutivo son varios los artículos dedicados a esta cuestión. Nos quedamos con dos de ellos. Federico Jiménez Losantos titula Desobediencia indebida:
La sentencia del caso Faisán, en su bochornoso propósito e infame redacción, o viceversa, ha inaugurado un concepto que si en España se inicia un tiempo de espadones y golpes de Estado puede dar mucho juego. Hasta ahora, en los golpes de Estado militares -los civiles se notan menos, aunque sean más graves, véase Cataluña- se planteaba, si fracasaban, un problema legal y también moral: qué hacer con los soldados que habían seguido a sus oficiales en la intentona golpista.
Recuerda lo que prevaleció con el 23-F:
La casuística era infinita y el hecho limitadísimo, así que la salida para celebrar el juicio, el verdadero gran reto del gobierno de Calvo-Sotelo, fue esgrimir el atenuante de la obediencia debida. La responsabilidad del delito sería de los que mandaron, no de los que obedecieron.
En realidad se practicó una excepción a la norma. La legislación española no admite el concepto de obediencia debida. Si un militar o un policía reciben una orden que va contra la ley, su deber es desobedecer. Lo mismo que cualquier funcionario o empleado de una empresa pública o privada, por otra parte. Aún así, esto no quita peso al argumento de Losantos:
Lo oscuro es que Guevara y compañía hayan alumbrado la teoría exculpatoria de la desobediencia indebida: Pamies y Ballesteros actuarían por su cuenta avisando a la ETA porque ayudaban al proceso de paz del Gobierno autorizado por las Cortes. Pero si el Gobierno no ordenó el chivatazo, desobedecieron a sus superiores y delinquieron por su cuenta. O sea, 30 años de cárcel y expulsión del cuerpo con deshonor. Lo asombroso es que la sentencia diga que no obedecían órdenes, pero que no colaboraron con la ETA porque podían haberlas recibido. Esto es la justicia española: una legalidad ilegal al servicio de la casta política que se rige por un novísimo principio, el de la obediencia indebida.
Por su parte, Santiago González se refiere a una Sentencia rara:
Algunos de nuestros jueces no aciertan a distinguir entre las conjunciones copulativa y disyuntiva. Le pasó a Garzón, que leyó mal el artículo 51.2 de la Ley Penitenciaria, donde dice que no se podrán interceptar las comunicaciones de los internos con sus abogados «salvo por orden judicial y en los casos de terrorismo»; Garzón quiso entender o y claro, ahí vino el lío. Sin ánimo de comparar, Guevara incurre en parecido error. El artículo 576.1 del Código Penal establece la pena para el delito de colaboración con banda armada, en el que incurre quien «lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista». No es preciso que el colaborador lo sea full time, en unas y otras, basta con que sea con las actividades, aunque sus objetivos fueran otros. O sea, la disyuntiva.
Concluye:
La sentencia tiene aspectos francamente llamativos: los jueces, en lugar de conformarse con los hechos, juzgan las intenciones. Y la intención que Guevara adivina a los procesados era fantástica: «No entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA». La Justicia pone las palabras al servicio de la política, en el mejor estilo Zapatero. ¿Cómo se explica que los jefes políticos nieguen haber tomado iniciativa tan loable y los procesados haber cometido el delito por causa tan encomiable? En última instancia, ¿por qué las buenas intenciones valen para librarles del delito de colaboración y no surte el mismo efecto en el de revelación de secretos por el que sí han sido condenados? Señor fiscal: su turno.
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