La pandemia del coronavirus en el mundo pronto se convirtió en España en un arma para que los distintos partidos políticos utilizasen para atacarse. Y así sigue siendo.
Especialmente cruenta fue la guerra del Gobierno contra la Comunidad de Madrid, la joya de la corona en este momento del PP, con Isabel Díaz Ayuso manteniéndose firme con las exigencias de Sánchez y su tropa. De hecho, la maltratada región madrileña por el Ejecutivo nacional ha vivido su mejor recuperación sanitaria del virus gracias a la gestión del gobierno comunitario en contraposición a las ideas trasnochadas de Simón e Illa.
Pero Sánchez va a insistir contra Ayuso, y ahora se saca de la manga un ataque furibundo a todos los madrileños… Y lo peor, con los independentistas de ERC como parte del embiste, a los que además concede un privilegio genuino del que estaban privados:
Rufián anunció un preacuerdo alcanzado con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incluye el fin del control financiero por parte de Hacienda sobre la comunidad catalana, que activó el Gobierno del PP (Montoro) allá por 2015.
Según ha explicado Rufián, ese preacuerdo podrá completarse con otras medidas, entre ellas un acuerdo sobre la ampliación de la moratoria de los desahucios, una tema que según ERC es «muy importante» para ellos, aunque lo primero que han pactado en la vida real es el final de la tutela estrecha a las cuentas del Govern catalán que se activó en 2015, cuando el independentismo desafiaba día sí y día también la estabilidad institucional del país.
«Fin de la tutela del abuso austericida», jaleó Rufián, porque efectivamente es el fin del llamado ‘155 financiero’ para controlar que los impuestos no vayan a donde no deben, y mucho menos aún a los chanchullos secesionistas.
Y ataque a Madrid
Pero lo peor, que ya es deleznable, no es lo de Cataluña, sino el despiadado e injustificado ataque a Madrid.
El acuerdo entre ERC, PSOE y Podemos contempla la creación de una comisión bilateral para estudiar una reforma fiscal integral y la reforma del impuesto de las grandes fortunas para acabar con lo que define como «el paraíso fiscal» de la Comunidad de Madrid.
Fíjense: la herencia media en Madrid asciende a 160.000 euros, por la que los madrileños sólo pagan 22 euros de impuestos. En una comunidad como Asturias, en manos del PSOE, se pagan 2.200 euros por lo que la armonización fiscal que quiere el Gobierno implicaría multiplicar el impuesto sobre Sucesiones y Madrid, de media, por 100. Así lo cuenta OkDiario:
Una armonización fiscal penalizará a los ciudadanos madrileños. De hecho, los socios independentistas del Gobierno pretenden que si una comunidad autónoma sube estos impuestos al mínimo que fije el Gobierno -o más- lo recaudado va a parar a las arcas autonómicas. En el caso de Madrid, si Isabel Díaz Ayuso no equiparara el tipo autonómico al fijado por el Gobierno central, el impuesto subiría igualmente pero lo ingresado iría a las arcas estatales.
