La paisana se las trae.
Leire Díez, militante socialista procedente de Cantabria y hasta hace poco mano derecha de Santos Cerdán, ofreció a imputados del ‘caso Hidrocarburos’ reuniones con Álvaro García Ortiz y «trapos sucios» del juez Santiago Pedraz.
La ‘fontanera’ del PSOE también tenia en el ‘muestrario’ encuentros con Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz.
Y eso no es nada, al lado de lo que revela hoy el periodista Alejandro Entrambasaguas.
Revela ‘El Debate‘, con pelos y señales, que la operiodista fake y socialista de pro alardeba de una operación clandestina destinada a desacreditar a altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Todo esto utilizando vídeos con contenido sexual grabados en un prostíbulo.
Y todo, en un intento por frenar las investigaciones sobre corrupción que salpican al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
El caso ha provocado un verdadero terremoto en Ferraz. En respuesta, el PSOE se ha apresurado a abrir un expediente informativo y, tras más de dos horas de reuniones con el jefe de los servicios jurídicos del partido, Díez decidió solicitar su baja voluntaria como afiliada. La reunión, celebrada en la sede nacional del partido, no fue precisamente un encuentro distendido.
Los audios y las maniobras: una red de contactos y favores
La historia se complica aún más con la aparición de audios donde Díez, ya apodada «la fontanera» del PSOE, supuestamente ofrecía a un empresario bajo investigación la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información que pudiera usarse contra la UCO.
En estos audios, no solo presumía de su acceso a material sensible, sino que incluso ofrecía protección judicial, oportunidades para relanzar carreras y hasta un puesto cercano a la Dirección General de la Guardia Civil si lograba datos comprometedores sobre mandos policiales.
Una reunión particularmente llamativa tuvo lugar el 10 de marzo en un restaurante en Leganés. Allí, Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil involucrado en el caso Koldo, escuchó cómo Díez le planteaba tres opciones: declarar ante la Fiscalía, colaborar con la Policía Nacional o convertirse en asesor de la Dirección General. Todo ello bajo el argumento de que “esto le interesa al PSOE” y que “los altos mandos del Gobierno” estaban al tanto.
¿Periodista, fontanera o ‘verso suelto’? La versión de Leire Díez
En una comparecencia ante los medios tras solicitar su baja como afiliada, Leire Díez negó rotundamente cualquier vínculo laboral con el PSOE y descalificó el apodo «fontanera». Afirmó que los audios filtrados eran parte de un libro que estaba escribiendo como periodista; sin embargo, en encuentros anteriores había negado ejercer esa profesión. Además, se jactó ante su círculo cercano sobre una supuesta oferta por parte de la Fiscalía para ser jefa de prensa, lo que evidenciaría su cercanía con las altas esferas del Ministerio Público.
La contradicción es evidente: mientras públicamente insistía en que no actuaba como informadora y que sus gestiones eran personales, en privado se atribuía contactos y ofertas significativas. El PSOE se esfuerza por tomar distancia asegurando que Díez “no estaba en nómina”, aunque su historial en empresas públicas y su conexión con el núcleo duro del partido contradicen esta versión.
El trasfondo: cloacas, prostíbulos y la sombra de la extorsión
Lo que podría parecer sacado directamente de una serie televisiva tiene raíces muy reales: documentos y testimonios indican un plan para desacreditar a la UCO acusando a varios mandos policiales de frecuentar prostíbulos cercanos al estadio Santiago Bernabéu e incluso haber recibido pagos por parte empresarios del sector. Según fuentes recopiladas en actas y filtraciones, el objetivo era desactivar las investigaciones sobre negocios relacionados con la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Esto buscaba frenar causas judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo.
El entramado también incluye archivos entregados al PSOE por el excomisario Villarejo, con grabaciones sobre saunas y locales vinculados al padre de Begoña Gómez utilizados para grabar e incluso extorsionar a políticos, jueces y periodistas. Esta información extremadamente sensible habría llegado a Ferraz gracias al empresario Javier Pérez Dolset, quien buscaba una salida favorable para su propio proceso penal.
