El despropósito del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus no tiene visos de parar.
Aquí no parece vislumbrarse el pico de la curva ni que se llegue a ese momento en el que se empiece a aplanar el nivel de torpeza y sectarismo del que ha hecho gala el gabinete sociocomunista.
La información que este 9 de abril de 2020, Jueves Santo, saca el diario El Mundo deja bien a las claras que el Ejecutivo estatal quiso tapar por todos lados la que se le venía encima para, más que por preservar la salud de los ciudadanos, para que no se le estropease la performance del 8-M y una ciudad, Madrid, convertida en el centro del feminazismo.
De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios fue bastante precisa en esta nota:
Queda totalmente prohibida la exportación de este tipo de material. Sólo se suministrarán mascarillas a un único cliente, que será el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el cual hará una compra centralizada de los productos expuestos. No se suministrará a ningún hospital mascarillas. Evidentemente, a farmacias y a distribuidoras tampoco. Se encargarán desde el Ministerio de comunicar a los hospitales que cesen las llamadas a los fabricantes y distribuidores.
¿Y qué es lo que hizo el Gobierno de Sánchez? Muy sencilllo, de manera aviesa le negó a las empresas fabricantes y distribuidoras de mascarillas por vender sus productos a las comunidades autónomas, así como a los centros hospitalarios y a las farmacias.
¿Saben en qué fecha se produjo este veto? El 2 de marzo de 2020. Hagan memoria. Esa jornada era un lunes, una semana antes de que empezase a desbocarse en España la pandemia, justo unas horas después de haber perpetrado el 8-M.
Y existe otro dato que le pinta la cara al Gobierno de Sánchez. Resulta que en esa misma jornada, después de todas las advertencias que ya había tenido España en relación a que tenía que prepararse y pertrecharse de todo el material necesario para hacer frente a la pandemia, la Unión Europea había avisado con meridiana claridad de que no podían celebrarse actos multitudinarios, de que no eran recomendables las multitudes. ¿Qué se hizo? Caso omiso.
En una reunión organizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios fue donde se tomó tamaña decisión y el argumento para bloquear esa compra se basó en que el departamento de Salvador Illa pretendía minimizar todo impacto del Covid-19 realizando una compra masiva, pero centralizada, de cerca de 40 millones de mascarillas.
BURDA MENTIRA
El Ministerio de Sanidad aseguró que en pocos días se tendrían a disposición de empresas, farmacias y hospitales esas mascarillas, pero ya en el tramo en el que autonomías como la de Madrid comenzaba a tomar medidas de confinamiento por su cuenta, dada la pasividad del Gobierno de España, resulta que el departamento de Illa apenas adquirió poco más de 400.000 mascarillas y otros equipos de protección.
La burda mentira quedó más en evidencia cuando el departamento de Illa se vio obligado a rascarse el bolsillo a base de bien a partir del 25 de marzo de 2020, cuando el coronavirus ya había dejado miles de muertos en España.
