Es lo que sucede cuando al frente de una institución como la Fiscalía General del Estado se coloca a una persona por afinidad política y no por su valía.
Dolores Delgado, la que fuera ministra de Justicia con Pedro Sánchez nada más ganar este la moción de censura a Mariano Rajoy y durante los poco más de seis meses que discurrieron entre las elecciones del 28 de abril de 2019 y su repetición el 10 de noviembre de 2019, fuepuesta con forceps en el puesto de Fiscal General del Estado para, obviamente, defender los intereses del Gobierno de coaliación socialcomunista.
La institución a la que Delgado representa se acaba de llevar un bofetón al conocer el ejemplo de Italia y lo que su Fiscalía reclama, conocer de primera mano cuál fue la labor de los principales responsables políticos durante la pandemia que ha dejado en el país más de 34.000 fallecidos.
La fiscalía de Bérgamo (Lombardía) interrogará como personas que debían de estar al corriente de los hechos y manejar los datos de la que se le avacinaba al país transalpino al jefe del gobierno, Giuseppe Conte, al ministro de Sanidad, Roberto Speranza, a la titular de Interior, Luciana Lamorgese, y a dos científicos del comité que asesora al Gobierno.
Los jueces italianos quieren saber por qué no se declaró zona roja el área de los municipios de Nembro y Alzano, foco central del coronavirus que causó una hecatombe en Bérgamo y en la entera región de Lombardía, donde se ha registrado casi la mitad de los muertos de todo el país.
La Fiscalía de Bérgano, en palabras de la magistrada María Cristina Rota, pretende básicamente conocer al detalle cómo se gestionó la crisis y poner los cimientos para la reconstrucción de los hechos:
Existe una demanda de justicia por parte de la población de Bérgamo y tenemos el deber de determinar los hechos con la mayor claridad; la evaluación se realizará con especial atención, teniendo en cuenta todas las particularidades de la delicada situación.
Sin embargo, en España, la misión de la Justicia ha sido justo todo lo contrario. Se han puesto todo tipo de piedras y de trabas en el camino de la juez Carmen Rodríguez Medel para disuadirla de que tomase declaración como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La estampa de lo que sucede en nuestra piel de toro la ofrece en una fantástica tribuna en ABC este 11 de junio de 2020 Álvaro Martínez:
Ayer se supo que la Fiscalía de Bérgamo, que investiga posible delitos en la gestión allí de la crisis, va a interrogar al primer ministro de Italia y que por allí desfilarán tres o cuatro ministros a los que se han abierto diligencias por posibles conductas negligentes. También en Francia la Justicia se ha puesto a la tarea y piensa indagar los pasos dados por el Gobierno de Emmanuel Macron. Y todo con la normalidad que requiere el respeto a la separación de poderes.
Aquí no. En España, Sánchez ha puesto a trabajar a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para evitar que siga adelante la investigación contra la gestión de Franco en aquellos días. Naturalmente, el Ejecutivo y los medios afines a la causa progre se han volcado en desacreditar a la magistrada (alabada hasta el empalague cuando investigaba a políticos del PP), a la Guardia Civil (que tras la aludida purga, el vicepresidente segundo quiere desmilitarizar, quizá como castigo) y hasta al forense del caso. Todos, unos «fachas» que van contra Franco.
