Fue en 2019 cuando tuvo lugar el abrazo que resultó en la unión entre PSOE y Podemos y comenzó el gobierno del terror. Día tras día se fueron haciendo públicos distintos acuerdos y aboliciones, a la par que cambios en distintos ámbitos.
Llegaron Sánchez y sus secuaces y pusieron el país patas arriba. Pensaron que fue muy buena idea y que resolverían la crisis que acechaba a España si PSOE y Podemos hacían una alianza. Al principio se produjo una fusión que, a ojos de los de izquierda, iba a funcionar.
Sin embargo, esa unión estaba condenada al fracaso y, después de únicamente 3 años, se puede ver lo putrefacta y quemada que ha resultado la coalición. Algo que no sorprende teniendo las políticas e intereses que tienen ambos partidos.
Después de estos 3 años, las crispaciones entre estos dos gobiernos de izquierdas han salido a flote, derivando en diferentes desacuerdos de diferentes ámbitos por parte de los líderes socialista y podemita.
Abolición de la prostitución
El tema de la prostitución siempre ha sido un tema bastante controversial y, de hecho, aún no se ha llegado a un acuerdo claro. El partido socialista se encuentra en una posición en la que exige la abolición completa de esta práctica (probablemente la idea más brillante por parte del Gobierno). Sin embargo, sus colegas los podemitas discrepan ante esta idea.
Mientras que los socialistas optan por prohibir el proxenetismo en cualquier faceta y aseguran que «con la libertad de las mujeres no se negocia», los morados planean poner el foco en la industria proxeneta y sortear la situación con las mujeres que ejercen la prostitución.
Plan anticrisis
El pasado 1 de junio, el Ejecutivo confirmó la prórroga del plan anticrisis otros tres meses. Todo esto mientras Unidas Podemos tenía en mente un reclamo de otras ideas.
Más concretamente, el plan anticrisis caducará el 30 de junio y, con la finalidad de hacer una consolidación y una mejora en la agenda social, el Presidente ha optado por prorrogarlo. Esta nueva propuesta traerá nuevas medidas como la bonificación a los carburantes, la rebaja de impuestos de la electricidad, el aumento del Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de subir los alquileres más de un 2%.
Después de anunciar dichas medidas, Unidas Podemos anunció y aseguró que sería necesario modificar y aplazarlas, debido a la imposibilidad que resultaría frenar en un periodo de tiempo tan escaso como son dos meses la inflación de manera repentina y, por tanto, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
Topes de las cotizaciones a la Seguridad Social
El pasado 2 de junio se votó en el Congreso de los Diputados el dictamen del proyecto de ley de las pensiones. Unidas Podemos estaba a favor de subir el límite de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social. El PSOE votó a favor. Sin embargo, cuando por fin parecía que se habían puesto de acuerdo en algo después de varios días, el partido socialista confesó que fue un voto erróneo y que, en realidad, estaba en contra de la propuesta podemita.
La ley de vivienda
Otro de los puntos de colisión fue la Ley de Vivienda, y en concreto la regulación del precio del alquiler que Iglesias y Unidas Podemos entienden que era condición esencial del acuerdo de coalición, y que ha propiciado los mayores tirones entre los altos cargos de uno y otro lado.
Los desencuentros en la materia llevaron incluso al grupo morado a proponer en diciembre de 2020 una enmienda a los Presupuestos (ya negociados) para meter presión, junto a los grupos independentistas y sin la participación del PSOE. El disparo surtió efecto y la enmienda se retiró, pero las relaciones entre los dos socios de Gobierno quedaron heridas.
El cambio de postura con el Sáhara
Tampoco ayudó a la buena salud de la coalición el cambio de postura con el Sáhara de la parte socialista del Gobierno Sánchez. Los de Unidas Podemos exigieron que se volviera a la posición inicial, la de apoyar el referéndum de autodeterminación, pero el PSOE votó en contra.
La proposición no de ley que finalmente rechazó el PSOE ratificaba el apoyo del Congreso a las resoluciones de la ONU y a la misión de Naciones Unidas en el Sáhara «en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes» en este conflicto.
