En contra de la opinión del fundador, Jenaro García, que ha defendido que debía elegirse un gestor imparcial

Un consejero de Gowex pasa de imputado a administrador por obra y gracia de Pedraz

Según el magistrado, esta medida es necesaria para "garantizar el funcionamiento de las entidades"

Un consejero de Gowex pasa de imputado a administrador por obra y gracia de Pedraz
Jenaro García. EP

El juez acuerda que Solsona le presente en 24 horas una relación pormenorizada de todas las empresas del grupo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha retirado la imputación al consejero de Gowex Javier Solsona, al que ha nombrado administrador judicial por seis meses prorrogables, en contra de la opinión del fundador, Jenaro García, que ha defendido que debía elegirse un gestor imparcial.

En un auto, el magistrado establece que la renovación de este cargo se producirá «en función de las circunstancias» o hasta que el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, sobre el que recayó el concurso de Gowex, nombre administrador concursal en el proceso allí planteado.

Medida necesaria

Según el magistrado, esta medida es necesaria para «garantizar el funcionamiento de las entidades valorando no solo los perjuicios para sus inversores, sino principalmente para los trabajadores en activo y terceros no responsables de delitos investigados», teniendo en cuenta que el Juzgado de lo Mercantil aún no ha resuelto.

Considera que Solsona es el adecuado para desempeñar este cargo, en contra de lo mantenido la defensa de García, que ha reclamado que se nombrara a través de un procedimiento de «insaculación» -es decir, por sorteo-, para «otorgar imparcialidad a la salvaguarda de los intereses de los accionistas, trabajadores, proveedores y acreedores por alguien ajeno a la propia empresa».

Sin embargo, el juez concluye que este sistema «supondría un grave perjuicio al grupo Gowex», ya que demoraría el nombramiento al menos otros 15 días.

Además, resalta que la acusación de García de que Solsona podría haber facilitado información privilegiada «en orden al juego» de las operaciones en corto «no deja de ser si no una mera alegación no sustentada en dato o indicio alguno».

En todo caso, subraya el auto, el nuevo administrador judicial «debe dar cuenta» y solicitarle autorización para cualquier actuación, en respuesta a otro de los argumentos de García para oponerse, que ha mantenido que Solsona podría efectuar «posibles actuaciones» respecto a la suspensión de la cotización de Gowex.

Pedraz acuerda que Solsona le presente en 24 horas una relación pormenorizada de todas las empresas del grupo que han de someterse a administración para un efectivo control y le reclama un informe sobre las líneas por los que deberá circular la administración en el plazo de un mes.

En otro auto, Pedraz levanta la imputación respecto de Solsona y del exconsejero Ricardo Moreno Warleta, asegurando que, de lo actuado hasta el momento, «ninguno de los dos formarían parte del entramado investigado en la medida en que dificilmente podian saber de la existencia de la facturacion falsa».

Por otra parte, el director financiero Francisco Manuel Martínez Marugán ha depositado la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez tras tomarle declaración para no ingresar en prisión, si bien García todavía no ha abonado la suya, que ascendía a 600.000 euros, han informado fuentes jurídicas.

García se encuentra aún pendiente de que se haga efectiva la transferencia que su mujer ordenó desde una cuenta de Luxemburgo el pasado 17 de julio, para lo cual dispone sólo hasta el próximo lunes, después de que el juez ya le prolongara el plazo.

En total, el juez mantiene a nueve personas imputadas en esta causa: Jenaro García y su mujer, la exconsejera Florencia Maté; Martínez Marugán; el auditor de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, y que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros y cinco testaferros.

El magistrado atribuye a todos ellos la comisión de delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas y otros relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.

 

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