La Justicia y Podemos siguen chocando frontalmente.
El Tribunal Constitucional anunció que admite a trámite, por unanimidad, los recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos por el PP y Vox contra la disposición final segunda del Decreto Ley 8/2020. Justamente la que acuerda que el vicepresidente Pablo Iglesias forme parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En este sentido, el Tribunal Constitucional anuncia que se dará “traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes”.
El Constitucional buscará determinar si resulta cierto que, como reclaman 50 senadores del PP y 50 diputados de VOX, la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) supone una violación de los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución.
Es decir, los artículos que rezan respectivamente:
- “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
- “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
La decisión del Tribunal Constitucional sería el segundo revés de Podemos en las últimas semanas tras la sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la violenta Isa Serra.
Golpear policías
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a un año y siete meses de prisión a la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.
En el fallo, la Sala le impone una multa de 2.400 euros y 19 meses de inhabilitación para «el derecho al sufragio pasivo» al margen de la condena de prisión, que en principio no implicaría el ingreso en la cárcel, y le absuelve del delito de desórdenes públicos.
«La acusada integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos».
Ataques a los jueces
La sentencia contra Isa Serra destapó una ‘guerra abierta’ de Podemos contra los jueces.
No en vano, el vicepresidente fue uno de los representantes del partido el saltarse la separación de poderes para presionar a la Justicia.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado en el que expresa su «profundo malestar» por las declaraciones del vicepresidente Iglesias, en las que defendía a Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid condenada ayer a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación.
En el escrito, los jueces recuerdan al líder de Podemos que su objetivo es: «perseguir en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles» y advierten: «La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas».
Este es el segundo toque de atención que recibe el podemita Iglesias, por parte de los jueces.
El CGPJ ya le exigió «responsabilidad institucional» por sus críticas a la justicia nada más aterrizar en su cargo.
El Foro Judicial Independiente difundió un comunicado para rechazar los ataques que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, realizó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que encuentra culpable a la diputada de Podemos Isa Serra de los delitos de atentado, leve de lesiones y daños tras agredir a dos oficiales de Policía.
