La Justicia da un paso más para acorralar al Gobierno de Pedro Sánchez.
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, tomó declaración como investigados a tres altos cargos del Gobierno PSOE-Podemos.
Todos están señalados en la querella que en mayo de 2020 interpuso VOX por los 56 contratos adjudicados para compra de material sanitario e importe de 310 millones de euros en plena primera ola de la pandemia de los que, al menos una docena, presentan a su juicio severas irregularidades.
Los tres altos cargos del Gobierno que desfilaron ante el juzgado son: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), Paloma Rosado y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF), contra quienes se dirige la querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.
El partido de Santiago Abascal, que ejerce la acusación en el procedimiento, sostiene que al abrigo de la situación de emergencia por la pandemia se adjudicaron millones de euros en compras de material sanitario sin ningún control a empresas que no eran «idóneas» para ello. Destaca irregularidades tales como mercantiles chinas de las que no constaba «ni el domicilio fiscal» ni la titularidad de sus administradores y alguna española cuya especialidad era de áreas alejadas de la gestión sanitaria, como la importación de productos alimenticios.
Según informaron en fuentes de la acusación, durante su declaración, a la que no asistió la Fiscalía, el director del Ingesa defendió la legalidad de los contratos, incidió en que se había seguido escrupulosamente la normativa y explicó además que mantenía contacto con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, «dos veces al día y le mantenía puntualmente informado de la contratación».
La querella bebe de los datos del portal de Transparencia, donde VOX encontró 56 contratos de emergencia adjudicados por el Ingesa de los que gran cantidad lo fueron a adjudicatarios de los que «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización».
Destacaba además doce contratos concretos realizados con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados».
En este sentido, cabe recordar que el órgano de fiscalización ya alertó en un informe el pasado mes de febrero de que «un número significativo» de los contratos de emergencia suscritos por 13 entidades públicas no se había comprobado la capacidad de los adjudicatarios para contratar con el sector público. En total, ese informe analizaba el 61% de las compras de esa docena de organismos. La juez ahora analiza si en esta gestión se incurrió en algún ilícito penal.
