Comienza la ‘muerte súbita’ para dos exconcejales de Manuela Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid.
Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, amén de Ana Varela, quien fue la consejera delegada de Madrid Destino, empresa pública encargada de eventos, se enfrentan a cinco años de prisión y 24 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los delitos de presunta malversación y prevaricación por el caso Open de Tenis.
El juicio, tal y como informa ABC, arranca este 25 de abril de 2022.
El caso Open de Tenis estalló en 2017, cuando los tres implicados, iniciaron una investigación encubierta para desenmascarar contratos fraudulentos, durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón, entre la empresa municipal y la mercantil Madrid Trophy Promotion.
A pesar de que les indicaron que no habían aparecido ninguna irregularidad, éstos decidieron encargar un dictamen jurídico penal sobre dichos contratos a dos despachos de abogados, por un valor de 50.000 euros.
Estos dos encargos vulneran los criterios de contratación municipal, según denunció el Partido Popular. Según la juez del caso, considera que esos dosieres se realizaron sin concurso público y que se eligieron esos dos despachos de abogados «a dedo» por un valor de 24.000 y 26.000 euros. Por esto, el PP y la asociación Transparencia y Justicia, culpan a Mato, Mayer y Varela de malversación y prevaricación.
Los tres implicados tuvieron que abonar una fianza «conjunta y solidaria» de 56.900 euros porque es la cantidad presuntamente malversada que pagó Madrid Destino a los abogados. Ahora gozan de libertad provisional.
En octubre de 2021, Sánchez Mato y Celia Mayer se incorporaron al equipo del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero. El primero, paradójicamente, como asesor económico del Ministerio, y la segunda, como jefa de gabinete de la secretaría de Estado de Igualdad.
En el Ministerio de Igualdad también trabaja la portavoz de Podemos, Isa Serra, quién dejó su escaño como diputada por Unidas Podemos tras ser condenada por el Tribunal Supremo por atentar a la autoridad.
Además, la consejera de Igualdad, Mónica Oltra, también está siendo imputada por «indicios racionales, serios y fundados» por presuntamente abusar de su poder en el caso de abuso sexual de su exmarido a una menor que tutelaba. Por lo tanto, cuántas personas investigadas o condenadas por delitos muy serios van a seguir siendo contratadas en el Ministerio de Igualdad y que no parezca un proyecto de reinserción en la sociedad.
