Llueve sobre mojado para el PSOE.
En plena maniobras de los socialistas para indultar a José Antonio Griñán, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia completa contra el socialista.
En sus 1.205 folios no solo se confirma la condena adelantada el pasado 26 de julio (seis años de cárcel por prevaricación y malversación), sino que también se carga contra el expresidente de la Junta de Andalucía por tener “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas.
El Alto Tribunal tumba, de esta manera, los argumentos de los socialistas a favor de la implementación de un nuevo indulto, donde calificaron a Griñán de “honesto” y “buena persona”.
“Tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos”, indica el Supremo.
A lo que agrega que “es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios”.
Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes.
El Ministerio Público defendió que había quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control», propiciando un sistema «prevaricador» donde «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto».
En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no constaba «ninguna irregularidad» del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco «ánimo de lucro». «No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos», dijo su abogado.
La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces -que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno- no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que -a su juicio- no sería aplicable el delito de prevaricación.
El ‘plan secreto’ de Sánchez
edro Sánchez está implementando un ‘plan secreto’ para lograr indultar a José Antonio Griñán e intentar tener el menor impacto en su campaña electoral.
El presidente del Gobierno no quiere que el indulto a Griñán se enquiste y se alargue en el tiempo, ya que podría convertirse en un factor más en ‘dinamitar’ todas sus opciones de permanecer en la Moncloa, además de acabar de hundir al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.
Desde OkDiario desvelan que los plazos que maneja el Ejecutivo “son cortos y, aunque la maquinaria ya está en marcha, se hará más evidente una vez se conozca en su integridad el fallo del Tribunal Supremo, en septiembre”.
Aunque el Alto Tribunal ya avaló la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a Griñán a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, el Ejecutivo quiere conocer los argumentos para articular la defensa del indulto. El gabinete de Sánchez tendrá que recabar la opinión del tribunal sentenciador antes de proceder al indulto, lo que puede demorar más el proceso.
El citado medio recuerda que, entre las distintas vías en las que se podrá apoyar el Ejecutivo socialista para conceder esta medida de gracia al expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía destaca su edad, 76 años.
Además, el Ejecutivo también se podrá apoyar en los votos particulares emitidos por las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer a favor de absolver al condenado del delito de malversación, el estado de salud y la antigüedad de los hechos juzgados. «Ninguna de estas alegaciones son razones de justicia, equidad y utilidad pública para otorgar la medida de gracia, pero desde el Gobierno buscarán razones de conveniencia», han asegurado fuentes judiciales consultadas por este periódico. Cabe recordar que la ley no contempla indultar al condenado por tener una edad determinada, aunque sí expone que deberá tener en cuenta «las circunstancias personales del reo».
