MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Dado que el presidente del Gobierno, Marino Rajoy, despachó el viernes el gravísimo problema de la corrupción política remitiéndolo a la labor de los jueces, parece cada vez más claro que no hay suficientes magistrados para tanta causa.
Viene esto a cuento de lo sucedido en la Audiencia Nacional donde un solo juez, Pablo Ruz, quien ni siquiera es titular de la plaza, está instruyendo a la vez dos de los casos que, junto al de los ERES de Andalucía, más escándalo público provocan.
Son el caso Gürtel/ Bárcenas y el que atañe a la familia Pujol Ferrusola. Al igual que causó asombro el que tantos años después de haber comenzado la instrucción y, cuando todavía los archivos de los ordenadores de Bárcenas no se había destruido, el juez Ruz no enviará a la policía a la sede del Partido Popular para recoger pruebas que a día de hoy no existen, su lentitud en las investigaciones sobre el origen de la fortuna del hijo de Jordi Pujol provoca irritación en la policía judicial.
No entienden que haya tardado tanto en llamar a declarar a Jordi Pujol Ferrusola (está citado por primera vez el quince de septiembre) cuando la denuncia de su ex pareja se remonta a enero de 2013. En este año y medio, largo, ha dado tiempo a mover el dinero de los paraísos fiscales a cuentas más seguras o a destruir pruebas de las gravísimas acusaciones de dos empresarios que reconocieron ante la UDEF que asumían los pagos al hijo mayor del ex president por temor a represalias.
Precisamente, la policía se queja de que, en sus propuestas de investigación sobre este caso, el juez Ruz solo haya admitido tres de los doce requerimientos presentados. Todos ellos se referían a la exigencia de presentar documentación de forma urgente a los responsables de las presuntas empresas «tapaderas» que servían a Pujol Ferrusola y su mujer para blanquear dinero.
Se da el caso de que tanto la policía como la unidad adscrita a la Agencia Tributaría han hecho llegar al fiscal anticorrupción un informe en el que defienden que han obtenido «un conjunto de indicios racionales de criminalidad, que sobrepasaría las meras sospechas y conjeturas, y que apuntaría a la comisión de delitos de blanqueo de capitales».
Tal debe ser el grado de pruebas recabadas por la UDEF que han obligado al patriarca de la familia a «suicidarse políticamente» autoinculpándose de ocultar al fisco una supuesta herencia jamás declarada. Fuentes de Convergencia, espantadas por el problemón que les ha echado encima en el peor momento de las exigencias a Madrid, apuntan a que solo el intento de salvar a sus hijos ha llevado a Pujol a sacrificar su carrera política y a su partido.
Mientras la sociedad asiste atónita al goteo de apropiación de fondos públicos por insignes nombres de la vida política, pesa sobre la cabeza de unos cuantos jueces el desentrañar la madeja de corrupciones que han prosperado con impunidad durante décadas.
Demasiadas causas para tan poco juez.
