Como no podía ser de otro modo, la trama civil del golpismo de la Generalidad de Cataluña en la que un poder del Estado se apropia de su función y alienta y dirige hasta la extenuación un golpe de Estado cuenta con una trama civil que puede dibujarse con todo rigor señalando primero a los beneficiarios inmediatos y directos, coautores del golpe, aquellos que usurpando las funciones de un gobierno legítimo se conjuran para promover el golpe. En las tramas golpistas militares ha existido siempre una serie de ciudadanos comunes que se han reunido con los golpistas y establecido los objetivos estratégicos y sus mecanismos de amparo social y las estrategias de neutralización de las instituciones y de los ciudadanos mas conscientes y advertidos. Este es el caso de la trama civil del golpismo catalán, se reunían en el palacio de la Generalidad con el propio gobierno, con los actores de otros partidos, y con representantes del legislativo para establecer las actuaciones como bien puede hacerlo una mafia que asigna a cada uno su papel en el proceso. Parte esencial de esa estrategia es, sin duda, la compra de voluntades, los cómplices externos e internos al proceso que son partícipes inmediatos de la puesta en marcha de un proceso de sedición. A los externos se les compran sus derechos de imagen, a los internos se les amenaza o premia bajo la regla del todo o nada, o se pliegan a la voluntad del proveedor, o se les amenaza con la expulsón social o la muerte. ¿Cabe suponer mayor violencia que la coacción de la voluntad de esta guisa?
Aparentemente mas ajenos a ese círculo oligárquico y restringido de poder se encuentran otros actores ciudadanos. En primer término, son cómplices y reos del proceso los que se nutren de la enorme capacidad de las instituciones públicas de comprar voluntades a base de subvenciones y negocios directos e indirectos. No se trata en este círculo de una trama de corrupción que se cobra sus actuaciones con mordidas y concesiones, sino de una auténtica masa social que vive de los mecanismos instituidos para nutrir y mantener esa trama civil del golpismo, los funcionarios del golpismo. Mas allá de sus dirigentes corporativos, de Omnium y de la ANC, se encuentran los servidores semipúblicos de estas asociaciones con su inevitable extensión en sus actuaciones típicamente empresariales. No hay mas que examinar que sumados a los millones y millores de euros repartidos por la Generalidad, estas asociaciones tienen otros mecanismos de atrapar recursos económicos de los servicios que proveen. En una auténtica máquina de lavar dinero se combinan subvenciones y negocios sin que sea siempre posible determinar que procede de lo uno y de lo otro.
En un lugar mas distante se encuentran los clientes de estas organizaciones corporativas y los creyentes seducidos por sus mensajes. Se consigue neutralizando la disidencia, adquiriendo un número suficiente de verdugos y predicadores, que de forma ubicua repiten sus mensajes, hasta hacerlos parecer, a los ojos de los creyentes, veraces. Es la revolución del whatsapp. Nada de esta estrategia tendría éxito si no se crean barreras artificiales, desde el discurso de la diferencia que pasa por una lengua en detrimento de otra compartida, hasta la creación de un proceso inflacionario que tiene su fundamento en el peso relativo de impuestos autonómicos y locales. Estos impuestos tiran de los precios hacia arriba, y expulsan a conciudadanos de otras regiones, dada la carestía de la vida y la barrera lingüística a la que se le atribuyen privilegios prácticos de residencia. El supremacismo también se expresa en ese nivel de renta frente al xarnego y el foráneo. Los salarios medios y coste de los servicios en Cataluña son superiores al resto de España de tal modo que la espiral inflacionista en viviendas y otros servicios finalmente genera una desigualdad territorial que puede luego en la propaganda servir como mantra de un expolio ajeno: España nos roba. La propaganda de los medios y la manipulación sistemática de los textos escolares redondea y dá forma al discurso victimista y a la humillación de la gran patria catalana de orígenes prehistóricos. El pasado se reconstruye a medida como ha sido habitual en cualquier movimiento nacional-socialista. No hay dictadura posible sin épica. Ahora todas las formas de dictadura se articulan en los medios como en el dibujo extraordinario de David Vela, «la Blackberry guiando al pueblo» en la cabecera de esta columna.
Los tribunales de justicia se ocupan ahora de ese proceso abierto por la conspiración a la rebeldía de los dirigentes de Cataluña. En su investigación irán saliendo a la luz muchos otros que como los dirigentes de ANC y Omnium han venido a ser instrumentales en ese proceso como autores, partícipes y cómplices. Algunos tan notorios como Roures y Soler no se escaparán de ser finalmente imputados. Viendo amenazada su libertad, se aprestan a confundir a la ciudadanía, traicionando en sus declaraciones las acciones que han venido de hecho realizando, Forcadell, Corominas, Guinó, Simó y Barrufet han decidido declarar su sumisión a la Constitución. Llarena los ha identificado como partícipes y cómplices necesarios desde su particular posición en el legislativo. El Tribunal Supremo no puede sino identificar la trama del golpismo desde la atribución de su responsabilidad jerárquica que es siempre del proceso ejecutivo, del actor primario que realiza la acción. La estrategia de Puigdemont fue derivar este acto ejecutivo en una decisión parlamentaria para no ser acusado de autor.
En unos días, comparecerán ante Lamela, Turull, Rull, Borràs, Romeva, Mundó, Bassa y Forn. Todos los que han renunciado al abogado Cuevillas de Puigdemont se declararán sumisos a la Constitución para evitar seguir encarcelados. La sublevación perderá a sus líderes que resultaran inhabilitados y encarcelados. Junqueras y tres de los consejeros enarbolarán la bandera de la resistencia a la legalidad. Esta resistencia provee argumentos adicionales para que persista su procesamiento y su prisión provisional. Aspiran a retar a la Justicia evitando declarar su atenimiento a la ley y promoviendo a través de sus brazos armados su liberación. Quienes no están fuera es porque quieren estar dentro. El magistrado Llarena no ha reclamado la causa de la Audiencia Nacional porque confía en que una nueva declaración de estos exconsejeros actúen como lo han hecho Forcadell y sus esbirros. Pero no lo hará en ningun caso Junqueras que quiere dibujarse como el próximo presidente de la Generalidad desde la cárcel, ignorando su futura y temprana inhabilitación. ¿Qué legitimidad residual asiste a Puigdemont, Serret, Puig, Ponsatí y Comín, si lo que les lleva a la prisión provisional inmediata es su abierto rechazo a la Constitución, su rechazo a la ley de leyes?. Han mentido tanto que mentir para obtener la libertad, como lo ha hecho Forcadell, tampoco invalida ni su actuación ni sus particulares puntos de vista. Su actuación tendrá reproche penal, sus puntos de vista, el castigo electoral de los ciudadanos cuyo pronunciamiento rechazan.
¿Podría entender Europa que reivindicaran su libertad sin someterse a las leyes?. Su sumisión a la ley es meramente simbólica. Si Junqueras y Puigdemont eluden declarar su sumisión a la ley para mantenerse en la cárcel, en aquel real y en este tan pronto sea extraditado a España, sólo será porque piensan que les es mas rentable políticamente no ser considerados por quienes les apoyan como traidores. Prefieren la condición de presos a la de traidores a la gran patria catalana. Pero no les seguirán sus clientes, menos aún sus ciudadanos, y en ningún caso podrán retar a las legítimas autoridades de la Generalidad y del Estado que deriven de los resultados electorales.
