El cofundador de Podemos aseguró, muy al estilo chavista, este 17 de junio de 2016 en Cartagena (Murcia) que muchos jueces y guardias civiles están esperando la orden de un Gobierno para detener corruptos: «Os digo algo: en nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles porque están esperando un Gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la Guardia Civil que está con nosotros».
Podemos no desautorizó estas palabras, que Asociaciones de jueces y fiscales critican porque entienden que revelan una falta de respeto total a la separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que debe regir en todas democracia digna de ese nombre.
Algunos, con más acritud, subrayan que lo que revelan las declaraciones del colega, socio y amigo de Pablo Iglesias, durante una etapa de su vida asesor de los organismos represores del régimen chavista en Venezuela, es nostalñgía de la Cheka.
La Checa (Chrezvycháinaya Komíssiya) fue la primera de las organizaciones de inteligencia política y militar soviética, creada el 20 de diciembre de 1917 por Feliks Dzerzhinski. La checa soviética sucedió a la antigua Ojrana zarista, cuya organización interna emuló. Su cometido era «suprimir y liquidar», con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno, todo acto «contrarrevolucionario» o «desviacionista».
Por extensión, se denominaron «checas» a diversas policías políticas secretas que surgieron en otros países con posterioridad. En la España republicana, también recibieron el nombre de «checas» los locales que durante la Guerra Civil española de 1936 utilizaban organismos análogos, a menudo parapoliciales, para detener, interrogar, torturar y juzgar de forma sumarísima.
El pasado mes de febrero, Podemos tuvo que modificar el plan de Gobierno que presentó para lograr un pacto con el PSOE, porque incluía referencias al posible control político de jueces y fiscales desde La Moncloa.
En concreto, el partido de Pablo Iglesias incluyó en el documento inicial la exigencia de «compromiso con el Gobierno del cambio para los nombramientos». Esa referencia fue calificada de «aberrante» por todas las asociaciones de jueces y fiscales. Dos días después de hacer público el documento, Podemos retiró esa referencia, tras dos cambios sucesivos con eliminación paulatina de esos puntos.
El citado documento incluía también la creación de una secretaría de Estado contra la corrupción dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, reclamada esos días por Pablo Iglesias.
La primera versión de aquel documento presentado por Iglesias atribuía al vicepresidente, a través de la secretaría de Estado, la «coordinación» de «policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración».
El documento reformado dos días después se limitaba en su última versión a enumerar entre sus funciones: «la especialización y coordinación de aquellos agentes de la Administración implicados en su descubrimiento e investigación».
